El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, emitió una advertencia en relación con el proyecto de construcción y puesta en marcha del Acueducto Regional La Mesa-Anapoima, dirigida al Ministerio de Vivienda, a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) y a las Empresas Públicas de Cundinamarca S. A. E.S.P.
La Contraloría General ha identificado “riesgos graves” que podrían afectar negativamente los intereses públicos en este proyecto, y ha expresado su preocupación en cuanto a la posibilidad de perder la inversión realizada hasta la fecha, que asciende a $71,871 millones (exactamente $71.871.440.369). De acuerdo con la entidad, la culminación y puesta en funcionamiento del proyecto no están aseguradas y dependen de la aprobación de otra reformulación que adicione recursos y prorrogue el término contractual.
Aunque el contrato original tenía como fecha de terminación el 20 de marzo de 2023, se ha suscrito una nueva modificación que extiende el plazo por tres meses más, hasta el 19 de junio de 2023. Sin embargo, la Contraloría considera que en ese plazo posiblemente no sería viable cumplir con el objeto contractual, es decir, la construcción y puesta en marcha del proyecto podría no estar terminada para la fecha estipulada.
El seguimiento permanente realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico ha evidenciado varios riesgos en este proyecto. En primer lugar, la posible afectación a cerca de 100.000 habitantes de los municipios que tienen la expectativa de acceder al servicio de agua potable desde el año 2006 como mejora en la calidad de vida, en caso de que el proyecto no pueda concluirse. Además, las variaciones hechas al proyecto habrían llevado a un aumento en el costo del metro cúbico de agua, impactando la economía de la población.
Otro riesgo identificado es que el caudal de agua suministrado por el proyecto puede ser insuficiente para cubrir la demanda actual de la población prevista para este año, lo cual representa solo el 34 % de la demanda proyectada.
La Contraloría General también evidenció un impacto ambiental en el sector denominado Chivo Negro en el municipio de Bojacá, debido a las obras adelantadas en esa zona. Los retrasos en el proyecto han llevado a que los tratamientos silviculturales y siembras de árboles realizados en esa área estén creciendo sobre el eje de la tubería instalada, lo cual requeriría su remoción para la ejecución de los trabajos, generando un impacto negativo en la línea de base ambiental actual del sector.
Además, el órgano de control ha identificado una connotación económica en este proyecto, debido a la “falta de planeación reflejada en la precariedad de los estudios previos desde el inicio del proyecto, y las distintas situaciones de retraso y adiciones en tiempo y recursos, que amenazan la puesta en funcionamiento de la obra contratada”.
Por otra parte, al ser incierta la fecha de terminación del proyecto, “las condiciones de diseño iniciales para la prestación del servicio de acueducto se ven afectadas por factores demográficos, en razón de la densidad poblacional y la esperanza de vida de los habitantes -entre otros- que han cambiado y seguirán variando, con relación a las que originalmente se previeron. Ello seguiría implicando adición de recursos para las adecuaciones del proyecto”.
En el marco de esta advertencia, según la Contraloría General, se espera que los Gestores Fiscales (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.), en el marco de sus competencias y autonomía, “adopten las medidas que consideren procedentes para evitar que los riesgos identificados y los daños al patrimonio público se materialicen”.
Las partes involucradas podrán remitir a la entidad sus argumentos y posturas sobre el proyecto que tiene la lupa de la Contraloría.