Este domingo en Gamarra, Cesar, se llevarán a cabo las elecciones regionales del pasado 29 de octubre, cuya votación fue mayoritaria por el voto en blanco, y luego de que un grupo de personas incendiara la sede de la Registraduría de ese municipio, por la inconformidad ante la suspensión de uno de los candidatos a la Alcaldía municipal.
Los hechos vandálicos causaron la muerte de la funcionaria de la entidad Duperly Arévalo y dejaron gravemente heridas a otras dos mujeres.
El pasado 11 de noviembre fueron capturadas cuatro personas señaladas de haber provocado el incendio. Los capturados fueron identificados como Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio.
El otro investigado es Julio Rojas Marín, candidato al Concejo de Gamarra y que sacó apenas 44 votos en las pasadas elecciones; fue quien, según la Fiscalía, golpeó a la registradora municipal con puño y patadas, y destrozó papeles, computadores y otros elementos. A Rojas le fue imputado el delito de violencia contra servidor público.
“La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco de los presuntos responsables de los hechos de violencia ocurridos el pasado 28 de octubre en Gamarra (Cesar), en los que murió una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras seis personas quedaron heridas, dos de ellas permanecen con diagnóstico reservado”, señaló el ente acusador.
El material de prueba que presentó la Fiscalía en las audiencias preliminares fue contundente, al punto de que el pasado 15 de noviembre un juez envió a la cárcel a los señalados de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio, de manera directa a la cárcel, mientras que al imputado por violencia contra servidor público lo cobijó con la detención domiciliaria mientras se desarrolla el proceso en su contra.
“Los procesados no aceptaron los cargos y, en atención al contundente material de prueba aportado por la Fiscalía, una juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad, para Rojas Marín, en su lugar de residencia y para los demás, en establecimiento carcelario”, advirtió el ente acusador.
En videos de seguridad que hacen parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía, quedó registrado el momento en que el grupo de personas llega a una estación de servicio del municipio de Gamarra en la mañana del pasado 28 de octubre, un día antes de las elecciones regionales.
“Registros fílmicos y otras evidencias obtenidas por el CTI de la Fiscalía indican que una multitud aprovechó la movilización para ingresar violentamente a la sede de la autoridad electoral, en medio de la resistencia de policías y otros funcionarios. El entonces candidato al Concejo de Gamarra, Julio Rojas Marín, al parecer, participó en la arremetida, golpeó a la registradora municipal con puño y patadas, y destrozó papeles, computadores y otros elementos”, dijo el fiscal a cargo del proceso.
De acuerdo con la Fiscalía, todo fue premeditado; los demás procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio a la Registraduría de Gamarra, todo con el objetivo de quemar el material electoral y afectar las elecciones regionales. Incluso, se anticipó que Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, habrían ocultado y trasladado un galón de gasolina en un coche de bebé.
“Por su parte, William Castro Torrado y Wilfrido Campos son señalados de recibir el combustible y ayudar a la persona que lo roció e inició el fuego, que terminó por ocasionar la muerte a una servidora, generar graves heridas a otros funcionarios e incinerar la sede de la entidad”, señalaron los investigadores del caso.