Leidy Echavarría sabía que cuando viera a su hijo de 18 años nuevamente debía preparar un banquete porque comía demasiado. Se habían alejado porque él estaba prestando el servicio militar en la base de Bajo Anchicayá, en Dagua, Valle del Cauca. Sebastián Quiñones pedía prestado a diario el celular a sus compañeros para comunicarse con su familia en Cali. La conversación del 22 de agosto de 2021 estuvo basada en la comida que el joven les había prometido a sus amigos cuando sus padres y hermana fueran a visitarlo. El reencuentro estaba cerca, sería ese fin de semana.
En la casa tenían todo listo para la excursión. Pero al día siguiente de la llamada le notificaron que su hijo desapareció. Como contó hace unos meses SEMANA, las versiones sobre qué había pasado no eran claras. Todo arrancó, supuestamente, por un problema de convivencia que se registró entre los soldados. Una serie de robos y la pérdida de una bolsa de pan habría desatado una discusión. Algunos culparon a Quiñones, otros lo defendieron.
El soldado recibió el llamado de atención del comandante de turno. Al celular de la familia del soldado llegó el mensaje de voz de uno de sus compañeros en el que decía: “A su hermano acaban de quitarle todo, lo pusieron en civil y mi cabo con mi otro compañero van camino a la guardia a sacarlo de acá de la base. Yo ya fui y guardé el armamento de él y toda la intendencia. Su hermano desde hoy es dado de baja del Ejército”, dice el audio, que es una de las pruebas de la familia para desmentir la versión del Ejército en la que se asegura que Quiñones se fue por voluntad propia.
El mensaje que envió el soldado habría sido borrado de la conversación, solo que la familia alcanzó a guardarlo. Para el Ejército, Quiñones desertó de la base militar, lo denunciaron por ese delito y adjuntaron como prueba unos videos en los que se ve saliendo solo del batallón. Otros uniformados lo vieron partir hacia una de las zonas más peligrosas del Valle del Cauca, en las que se han registrado hostigamientos a estaciones de Policía.
Según la versión que el cabo plasmó en un informe, el soldado se fue del lugar pese a que le recomendó no hacerlo. Sin embargo, en ninguna minuta hay registro de la supuesta decisión del soldado. “No está establecido en el protocolo que eso deba hacerse así. Nadie puede obligar a un soldado regular a quedarse donde no quiere estar”, dijo William Prieto, comandante de la Tercera Brigada. La madre del soldado cuenta que su hijo estaba sin dinero para esa época y que cuando se fue a prestar servicio aún estaba en el colegio cursando décimo grado. Como su sueño era ser militar, el día que lo reclutaron le pidió a su mamá que lo dejara ir. Ella accedió, lejos de imaginarse la tragedia que vendría. Prieto dice que desde el primer momento notó que no era un caso de deserción y se activaron los mecanismos de búsqueda.
Para algunos expertos en seguridad, el Ejército cometió algunos errores que pusieron en riesgo la vida de Quiñones al dejarlo salir solo en una zona roja por el peligro para él y las tropas, pues los grupos enemigos podrían retenerlo para conseguir información táctica y estratégica. El tiempo de incertidumbre para la familia terminó. El viernes 11 de marzo, Leidy fue citada en Medicina Legal, allí le contaron que una mujer dio información sobre una fosa común cerca a la base militar donde fue visto por última vez Quiñones.
Allí encontraron dos cuerpos, uno de ellos era el de Sebastián Quiñones, confirmación que se logró tras el cotejo de ADN y la carta dental. Todo indica que fue asesinado en el mismo mes de su desaparición, pero hasta el martes le entregarán los restos a la familia. Aunque su cuerpo apareció, es necesario saber qué pasó y quiénes son los responsables de lo ocurrido. Las investigaciones se adelantan en la Fiscalía, la Justicia Penal Militar y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.