Desde que Uber anunció su salida de Colombia, la idea de solucionar la operación de esta plataforma ha estado en medio del debate nacional. Son cerca de 2,5 millones de usuarios en el país que habían encontrado en esta aplicación una alternativa de transporte y 88.000 los conductores que se habían asociado con esta compañía para trabajar. Pero, de otro lado, están los taxistas que señalan estar en desventaja para competir con Uber y otras aplicaciones como Beat, Cabify y Picap, por el número de requisitos que se les pide para poder prestar el servicio.

Los representantes Mauricio Toro, de la Alianza Verde, y Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, presentaron en conjunto hace tres meses el proyecto de Ley 292 de 2019. Ambos le explicaron a SEMANA que con este se buscan equilibrar las cargas entre los taxistas y los conductores que trabajan a través de las aplicaciones.

Algunos requisitos del proyecto de Ley son: 1) Que Uber y las plataformas similares paguen el mismo tipo de pólizas que debe pagar un taxi, entre ellas la de responsabilidad civil que cubre al pasajero y al conductor. Hasta ahora ninguna aplicación está obligada. Aunque Uber afirma que tiene un seguro con Allianz Seguros y cuenta con cobertura de responsabilidad civil y accidentes personales para los ocupantes del vehículo, hay quienes consideran que no hay certeza de que dicha póliza se pueda hacer efectiva puesto que varían según el tipo de riesgo, y un carro particular (como Uber) circula menos horas en comparación con uno de servicio público. 2) Otro de los requisitos que presenta este proyecto de Ley es que los conductores de Uber tengan una licencia de conducción que se renueve cada tres años, como les pasa a quienes conducen un taxi. En este momento los conductores de Uber tienen licencia para vehículos particulares, y, como se mencionó, hay mayores riesgos si se trabaja toda una jornada en las calles. Además, las licencias de particulares muy pocas veces se renuevan. Mientras que los de prestadores de servicio público sí. Esto con el fin de no poner en riesgo a los usuarios. 3) Entre varias peticiones, el proyecto de Ley busca que las aplicaciones como Uber estén obligadas a pagar el 1 por ciento del total de sus ventas en el país para alimentar un fondo de compensación para los taxistas que pagaron cupos de circulación. Aunque el valor de estos cupos ha caído con el tiempo, hubo conductores que llegaron a pagar hasta 150 millones de pesos para poder prestar ese servicio en el país. Por eso, la idea es que con el tiempo los cupos desaparezcan y sea el mercado el que los regule. Pero, mientras eso sucede, habría una indemnización a los taxistas que se vieron afectados. 4) Otra medida que contempla el articulado es que a los taxistas les permitan acceder a la tarifa dinámica. En otras palabras, que al igual que Uber puedan jugar con los precios de la carrera dependiendo de factores como el tráfico y el clima, través de programas digitales especializados. 5) Otro de los puntos clave es que las plataformas tengan la obligación de pagar renta en Colombia. Hoy solo son sujetas a pagar IVA, que lo cancela el usuario. La idea es que tengan oficinas y líneas de atención al cliente para atender a sus usuarios en Colombia. Aunque Uber ya tiene un servicio para dar solución a estas peticiones, lo que esperan es que tengan oficinas desde donde puedan responder en el país.

Una de las mayores críticas de personas como el senador Jorge Enrique Robledo a Uber es que los conductores no tienen ningún tipo de seguridad social. “Les dicen que son dizque socios para no pagarles salud, pensión o vacaciones”, dijo el congresista del Polo en una entrevista con SEMANA. Sobre el tema de seguridad social, el representante Mauricio Toro explicó que no está contemplado en el proyecto de Ley, pero que sí está contemplado en otro que también está en trámite en el Congreso, el 296 de 2019. La razón es que no quieren proteger únicamente a los conductores de Uber, sino también a todos los prestadores de trabajo digital, como los rappitenderos, por ejemplo. Por ahora el proyecto de los representantes Toro y Ballesteros va para primer debate en la Comisión Sexta en la Cámara. El ponente es el representante Rodrigo Rojas, del Partido Liberal, quien recibió el documento en diciembre. Hasta marzo se sabrá qué podría pasar. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha dicho que para enriquecer este proyecto de Ley habrá una mesa de conversación en la que participarán empresas, usuarios, taxistas y otros protagonistas de la denominada economía colaborativa.  Orozco ha dejado claro que no están en contra de las plataformas, sino contra lo que viola la ley colombiana. La ministra explica que Uber viola la ley 336 de 1996 y el Código de Transito al prestar un servicio público en un vehículo particular y agrega que por eso están trabajando para regular esta plataforma.

¿Por qué es tan difícil? Uber ha tenido pleitos con varios países. En Canadá, por ejemplo, una de las exigencias que tenían era que los conductores fueran denominados empleados en vez de socios para que Uber se viera en la obligación de cubrirles las prestaciones sociales. Uber respondió con una demanda. Hay quienes consideran también que Uber es rentable precisamente porque no debe cumplir con requisitos que harían mucho más costoso su funcionamiento y por eso es tan difícil negociar varios puntos de los que se mencionan en el proyecto de Ley. Por otro lado, la voluntad del Gobierno de negociar no evita la inminente salida de Uber del país. El proyecto, si se le da celeridad, podría entrar a debate hasta marzo. Y el fallo de la SIC le exige a Uber suspender sus operaciones a más tardar el próximo 31 de enero. Lo único que evitaría su salida sería un fallo a favor de Uber en el Tribunal Superior de Bogotá. Uber de hecho ya ha anunciado la salida del país. En Bogotá será el 1 de febrero y en Barranquilla el 16 de enero. Este lunes, la compañía en respuesta de las declaraciones de la ministra Orozco, dijo que abrir la puerta a una reforma legislativa en materia de transporte no es una opción que pueda evitar su salida e hicieron una propuesta un tanto insólita: que el presidente firme un decreto para responder a la situación. "Un decreto del Presidente respondería a los 200.000 colombianos que se han unido a una sola voz para pedirle al gobierno nacional una #SoluciónParaUberYa", se lee en un comunicado de prensa. Esta posibilidad, sin embargo, aún no es una opción para el Gobierno.