En tiempo récord, el Gobierno logró aprobar la reforma tributaria –conocida como ley de inversión social– en el Congreso, tras varias semanas de discusiones y presentaciones en distintas partes del país. Recaudará más de 15 billones de pesos, de los que las empresas tributarán más de 10 billones, y soportará programas sociales que quedaron tras la pandemia. La ley, que está para sanción presidencial, tuvo su aprobación días después de que el Gobierno concretara dos importantes movidas en su financiación: una, la venta del 51,4 por ciento de las acciones de ISA a Ecopetrol por 14,2 billones de pesos, y la compleja operación de derechos de giro, con los que el país accede a cerca de 2.800 millones de dólares que le entrega el FMI al Banco de la República para darle liquidez a la economía.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explica los alcances de la tributaria.
SEMANA: Finalmente, ¿cómo salió el proyecto de la reforma tributaria en medio de algunas críticas en torno a la rapidez del trámite y temas que no se discutieron?
J.R.: Esta iniciativa es absolutamente coherente con lo que hemos dicho de principio a fin: que no íbamos a tocar a la clase media, no íbamos a ajustar IVA, no íbamos a tocar pensiones, no íbamos a aumentar la base en personas naturales en el impuesto de renta, no íbamos a tocar ni afectar a las personas naturales. Lo que queríamos era una propuesta simple y sencilla, y lo es. Con respecto a la discusión sobre el no debate, no ha existido en la historia de Colombia una iniciativa tributaria que haya tenido tanta discusión previa.
SEMANA: ¿Cómo será el recaudo?
J.R.: El recaudo sigue siendo el mismo, 15,2 billones de pesos en rentas permanentes. Hay unos recursos adicionales que se generan por rentas temporales. Todos los temas de facilidades de pago de impuestos, de sanciones, de intereses de mora, generan ingresos a la nación del orden de 0,6 billones de pesos en los próximos dos semestres y también hay eventuales recursos adicionales por la facilitación en la movilización de activos previamente incautados a la mafia, que pueden ser del orden de 1,4 billones de pesos en bienes inmuebles y de 2,4 billones en sociedades de comercialización.
SEMANA: ¿Para cuáles programas sociales se garantizan los recursos?
J.R.: Primero, el ingreso solidario, nuestra renta básica de emergencia, que va a llegar a 4,1 millones de hogares, 14 millones de beneficiarios. Segundo, matrícula cero, gratuita para 700.000 jóvenes de aquí en adelante, siempre, una política de Estado en instituciones de educación superior oficiales. Tercero, el incentivo al empleo para jóvenes de 18 a 28 años, donde se cubre hasta el ciento por ciento de los costos de seguridad social, como un incentivo al sector empresarial, y en segundo lugar, uno similar del 50 por ciento en costos de seguridad social para personas en situación de discapacidad. La expectativa es que se generen 700.000 empleos por estas figuras. Y también incluimos el subsidio a la nómina, el denominado Paef, que lo extendemos de mayo a diciembre. Agregamos un plus, un valor adicional, y es una ayuda para las empresas que entre mayo y julio fueron afectadas por los bloqueos de vías derivados de los paros. Con esto aspiramos a proteger 1,4 millones de empleos.
SEMANA: ¿Qué temas nuevos entraron?
J.R.: Agilizar la movilización de activos previamente incautados a la mafia, facilitar el pago en impuestos tanto en procesos de conciliación como en procesos administrativos, que es un beneficio importante para la auditoría. Se fortaleció el régimen simple como la tarifa diferencial para la micro y la pequeña empresa, elevamos el umbral y damos un beneficio a cerca de 400.000 micros y pequeños empresarios para tener una tarifa que termina siendo en promedio la mitad de la normal. Hay varios instrumentos de reactivación nuevos, por ejemplo, créditos directos vía Findeter, Obras por Impuestos lo extendemos a nuevos municipios afectados por pobreza, por necesidades de infraestructura y también incluimos, como ya lo dije, un apoyo a las empresas afectadas por el paro. Igualmente, se hace énfasis en financiar sistemas integrados de transporte masivo y sistemas de transporte estratégico para cubrir ciudades intermedias y ciudades grandes. Se incluyen algunas facilidades de créditos de reactivación para los entes territoriales y créditos de tesorería, y avanzamos en facilitar cofinanciación con vigencias futuras de grandes proyectos estratégicos a más largo plazo.
SEMANA: Para sectores afectados como el comercio, el turismo o los restaurantes, ¿qué medidas hay?
J.R.: Primero, los días sin IVA. Son un instrumento para mover el comercio y lo demostramos: en los días sin IVA se vendían 5 billones de pesos, algo inédito, tendremos hasta tres días sin IVA por año. Segundo, habrá una ayuda adicional para sectores críticos, por ejemplo hotelería y turismo, que se van a beneficiar con la extensión de algunos de los incentivos tributarios que tuvieron en 2021 para que también apliquen en 2022, por ejemplo lo de eliminación de IVA en tiquetes aéreos, la exención de ese mismo impuesto en hoteles, parques temáticos y similares. También se está beneficiando a los sectores naranja, de industrias creativas, porque fueron muy afectados en la pandemia. Además, estamos incluyendo la posibilidad de que el micro y el pequeño negocio puedan ingresar al marco del régimen simple. En dicho régimen, que aplica para empresas con ventas hasta 3.400 millones de pesos, no tendrán pago de IVA, ni de impuesto al consumo. Si hoy están en régimen común pueden transitar al simple con base en las ventas que tuvieron en este año 2021, que, repito, máximo serían de 3.400 millones de pesos.
SEMANA: ¿Por qué no avanzó el impuesto a las bebidas azucaradas?
J.R.: Soy muy franco en mi planteamiento, desde el primer momento señalé que teníamos que hacer una propuesta simple, sencilla, 35 artículos. Eso significó que muchas de las iniciativas que había tenido el anterior ministro, Alberto Carrasquilla, de impuestos verdes, de impuestos saludables, esto que se denomina en economía impuestos pigouvianos, pues no se incluyeron. Me comprometí también a garantizar unos consensos con distintos sectores de la economía que iban a poner recursos para esta propuesta y eso lo garantizamos en la que hicimos. Y, además, me comprometí a no afectar el bolsillo de los consumidores, a no afectar con temas del IVA, o de impuestos parecidos que gravan el bolsillo de las clases medias, de las menos favorecidas y más vulnerables. Muchos de los impuestos que pueden tener bondades o virtudes, y no entro en esa discusión, se incluyeron y otros no, justamente para garantizar la simplicidad; esa construcción de consensos y no afectar el bolsillo de los consumidores. Se pusieron de presente nuevos impuestos y el Congreso dio el debate. El Congreso estudió estos temas y adoptó una decisión. Yo soy respetuoso de esa decisión democrática.
SEMANA: ¿Qué pasó con el IVA a las importaciones que vienen por envíos postales de menos de 200 dólares?
J.R.: Lo que teníamos antes señalaba que importaciones de correo postal o de correo urgente de menos de 200 dólares no pagaban ni IVA ni aranceles. Lo que hace este proyecto es lograr un poco de equidad con la producción nacional y con el comercio interno. ¿Cómo lo hace? Primero, respetaremos los acuerdos que tenemos con algunos países para no cobrar el IVA, pues eso está firmado en tratados de libre comercio. Con el resto de países donde no aplica ese compromiso evidentemente se va a cobrar el IVA correspondiente y, de esa manera, garantizamos la equidad, siempre respetuosos de los acuerdos internacionales. Segundo, la Dian será muy meticulosa en que se cumpla adecuadamente cuáles son los productos que entran con y sin en ese beneficio y, de la misma manera, vamos a garantizar también que este instrumento no se use con fines de comercialización. Es con fines de consumo.
SEMANA: ¿Y en temas de normalización de activos en el exterior?
J.R.: Se establece una tarifa del 17 por ciento, más alta que otros procesos de normalización. Insistimos en que ya tenemos acuerdo con 121 naciones y destinos fiscales, lo que implica que vamos a estar encima de esos activos. Esta es quizás la última oportunidad para que aquellos que no han traído capitales o no los han reportado al país, lo hagan. Ejerceremos toda la fuerza de la ley y de los acuerdos que tenemos con esos destinos fiscales internacionales para perseguir a los contribuyentes que no están pagando, porque eso es corrupción, es una fuente de evasión. Y también incluimos un anticipo para que se empiece a dar, desde este 2021, ese proceso de normalización tributaria y con eso generemos ingresos adicionales para este año.
SEMANA: ¿Cómo va la agenda de reducción de gastos del Gobierno?
J.R.: Ya se tomó la decisión de eliminar tres consejerías presidenciales. Esto es en serio, aquí nos vamos a apretar el cinturón. Vamos a hacer un esfuerzo muy importante porque la meta es lograr en austeridad 1,9 billones de pesos al año en el gasto público.
SEMANA: ¿Y en la eficiencia de la Dian?
J.R.: La meta es revolucionaria en el sentido de que aquí hay un compromiso con que se logren 2,7 billones anuales en recaudo en lucha contra la evasión fiscal, y ese esfuerzo viene asociado a varias cosas: crear un sistema de factura electrónica mucho más robusto; y en facturación compulsiva ya dimos un primer paso. Así como muchos colombianos recibimos el borrador de declaración de renta, ahora tiene un elemento adicional, le vamos a llegar al evasor con la declaración de renta armada para que pague. Si no lo hace, a diferencia de lo que sucedía anteriormente con procesos que se demoraban de cinco a ocho años para recoger el dinero, ahora serán cinco a ocho meses, porque la declaración de renta es un título ejecutivo, puede cobrarse en un proceso ejecutivo. También incluimos un tema de registro de beneficiarios finales para saber quién está detrás de las personas jurídicas, y evitar esas operaciones de ‘yo con yo’, que son fuente de evasión fiscal.
SEMANA: ¿Cómo empata la tributaria con la discusión del Presupuesto General de la Nación?
J.R.: Empatan totalmente en el sentido de que el Presupuesto General tenía una desfinanciación de 2,1 billones de pesos. La ley de inversión social tiene un capítulo de financiamiento para ese proyecto de presupuesto. Además, empata porque quedan incorporados el gasto y la inversión pública, que se contemplan en la adición para este año.