¿Qué puede hacer Petro? ¿Quién será el alcalde de la capital? ¿Se quedará Bogotá sin mandatario? ¿En estos momentos quién manda en la principal ciudad del país? Estas son algunas de las preguntas que se empezaron a hacer los colombianos tras la destitución en segunda instancia, por parte del procurador general de la Nación, al alcalde Gustavo Petro. El jefe del ministerio Público se ratificó en su trascendental decisión y sin hacer mayor ruido sencillamente informó que el burgomaestre cometió fallas “gravísimas” en la implementación del esquema de recolección de basuras en diciembre de 2012. Por ahora, el balón está en manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien deberá destituir al alcalde y producir un decreto con el nombre de la persona que ocupará provisionalmente el cargo del alcalde mientras se realizan los nuevos comicios. El nombre de esta persona saldrá de una lista enviada por Progresistas, el movimiento político del alcalde Petro. Hasta ahora ha trascendido que en las últimas horas el procurador, Alejandro Ordóñez, se reunió con Santos y le informó de la decisión que iba a tomar. Sin embargo, hay dos versiones: una, que dice que el jefe del Ministerio Público aprovechó el encuentro para notificar al primer mandatario de su decisión. Sin embargo, otras fuentes aseguran que Ordóñez le informó oralmente, pero que prefirió volver a su despacho para enviarle desde allí a Santos el documento oficial. Según esta versión, aunque Santos ya sabe que a la Casa de Nariño no ha llegado aún la misiva de Ordoñez por lo que éste no puede dar todavía el siguiente paso. Después de que lo haga, el papel protagónico lo adquiere Progresistas. Mientras esta colectividad no se pronuncie o se tome el tiempo suficiente para integrar la terna, el presidente puede encargar a una persona de entera confianza como ocurrió, por ejemplo en Cartagena, donde fue nombrado por un breve tiempo Bruce Mac Master. El registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, en diálogo con Semana.com explicó que, según la reforma política en el mismo decreto donde el presidente realice el encargo allí mismo debe convocar las elecciones atípicas. De inmediato, la Registraduría comienza el trabajo para invitar a los ciudadanos para que vayan a las urnas. La entidad tiene 55 días para organizar la logística necesaria para desarrollar esta jornada electoral. Según los datos suministrados por el funcionario los candidatos que aspiren al cargo de alcalde tendrán 15 días para inscribir sus nombres desde el mismo momento en que el Presidente decrete la realización de las elecciones. Muchos se preguntan si esta jornada se podría adelantar el 9 de marzo, el mismo día en que se realicen las elecciones para Congreso. No obstante, el Registrador asegura que la fecha no será la misma por temas de tiempo entre los dos eventos. Según los datos, el Estado tenía programado la utilización de 37.000 millones de pesos para la convocatoria de la jornada electoral del próximo 2 de marzo en la que los bogotanos votarían por la revocatoria o no del alcalde Petro. Sin embargo, la misma Registraduría confirmó este lunes la cancelación de esta jornada ante la decisión de la Procuraduría de destituir al alcalde. De esta manera, la organización electoral ha estimado que ese mismo monto será utilizado para las elecciones atípicas en las que los bogotanos decidirán quién será el próximo alcalde. El ganador de las justas tomará el mando de la ciudad y estará allí menos de dos años. En las siguientes elecciones para alcaldes y gobernadores se volverá a votar para elegir alcalde de Bogotá por un periodo normal.