Fue una vergüenza, dijo el presidente de la República Iván Duque, al referirse al escándalo que protagonizó el empresario Carlos Mattos luego de utilizar un permiso médico para irse de “paseo” por las calles de Bogotá en un vehículo del Inpec hasta llegar a un edificio de su propiedad en el norte de la ciudad. El caso se convirtió en un rosario de investigaciones de cara a establecer irregularidades de todo orden.
El primer comunicado que se conoció fue el emitido por la Fiscalía, donde advertían que el fiscal a cargo del proceso contra Carlos Mattos compulsó copias para investigar los hechos que podrían tener las personas involucradas en este escándalo, en el escenario penal.
“La Fiscalía no es autoridad competente para supervisar, vigilar o acompañar los traslados de las personas privadas de la libertad. Tampoco le asiste conceder permisos o autorizar salidas de los centros carcelarios”, señaló el ente acusador tras conocer los hechos.
La entidad también advirtió que los acuerdos firmados entre la Fiscalía y Carlos Mattos se mantienen, los dos se encuentran en manos de los jueces de la República y será esa instancia la que defina la legalidad de los mismos. “Importante resaltar que, en los dos preacuerdos, no se contempla por parte de la Fiscalía la autorización de permisos o salidas de los centros carcelarios en los que permanezca el procesado”, advirtió la Fiscalía.
Luego fue la Procuraduría la que anticipó una investigación en contra de los funcionarios del Inpec que aparecen junto a Carlos Mattos en su recorrido por las calles de Bogotá, no como guardianes de un detenido, sino como escoltas o asistentes de un potentado empresario.
“La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por posibles irregularidades presentadas durante la custodia del ciudadano Carlos Mattos”, explicó el Ministerio Público.
En los dos casos, las entidades tendrán la responsabilidad de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que enredan a los funcionarios del Inpec con el escándalo que hasta ahora cobró la cabeza del general Mariano Botero, director del Inpec, y del director de la cárcel La Picota, el coronel en retiro Wílmer José Valencia. Este último aseguró que se siente tranquilo y dispuesto a comparecer ante las autoridades.
“Quiero, además, explicar que la Dirección General del Inpec es la entidad encargada de autorizar este tipo de traslados. Para este caso se expidió la Resolución número N.° 001263 del 23 de febrero de 2022 en la que se autorizó el traslado del interno a un centro médico”, advierte el coronel Valencia.
En este mismo escenario y coyuntura, la comisión de disciplina judicial abrió una investigación para determinar la responsabilidad que tendría el abogado Iván Cancino en las presuntas irregularidades detectadas en los recorridos que hizo Carlos Mattos y donde finalmente se reunió con el penalista en un edificio del empresario en el norte de Bogotá.
Finalmente, el ministro de justicia Wilson Ruiz advirtió que se ordenó una investigación interna en el Inpec para establecer responsabilidades de sus propios funcionarios, además de ordenar el retiro del director de la entidad y del director de La Picota.
“Frente a los graves hechos sucedidos con el señor Carlos Mattos, pedí a la Procuraduría y a la Fiscalía que investigue a los funcionarios del Inpec que dieron la orden para su salida del centro de reclusión y quienes estaban encargados de su vigilancia y custodia”, dijo el ministro Ruiz.