Carlos Areiza Arango pasó ocho años creyendo que la muerte le respiraba en la nuca. El pasado fin de semana fue acribillado con cuatro disparos en una calle de Bello, Antioquia. Cada vez que estuvo frente a una autoridad judicial denunció que temía por su vida. Y pese a que la Corte Suprema de Justicia había pedido extremar medidas de seguridad, estas lo cobijaron mientras estuvo bajo la protección del Inpec. Una vez en libertad quedó más vulnerable fuera que tras las rejas. Más aún desde el pasado 22 de febrero, cuando quedó sin seguridad.Su asesinato causó revuelo y sacudió los dos casos en los que su nombre aparecía involucrado. Los dos atraviesan su recta final en la justicia. El primero de ellos terminó en archivo para el senador Iván Cepeda por la supuesta manipulación de testigos y en compulsa de copias para el expresidente Álvaro Uribe. El segundo, relacionado con una condena en su contra por haber incurrido en falso testimonio en el caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, esta a pocos días de llegar a su punto final. En contexto: Asesinan a testigo en caso Cepeda-Uribe al que la corte había ordenado redoblar su seguridadDos días después de su asesinato, llegó a la Fiscalía General de la Nación una compulsa de copias de parte de la Corte Suprema, en donde pide que sean investigadas las circunstancias que rodearon la forma en que Papo, como lo conocían sus allegados, se terminó declarando culpable de falso testimonio en el caso de Ramos. Estando en vida, Areiza cambió su versión con frecuencia, en lo que siempre se mantuvo fue en afirmar que haber hablado en contra de Ramos y de otros políticos de Bello se convirtió en su lápida.Al estudiar el caso por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda, la Corte Suprema de Justicia tuvo que remover el historial judicial de Areiza, quien aparecía como supuesto remitente de una carta en donde denunciaba que el senador del Polo le había ofrecido 100 millones de pesos para que declarara en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, el senador José Obdulio Gaviria y el exgobernador Ramos. Al revisar evidencias y expedientes, lo que encontró el alto tribunal fueron vacíos sensibles en la investigación y el juzgamiento de este caso, que es considerado un trofeo por la Unidad de Falsos Testigos del ente investigador.Desde el comienzo de su existencia en el año 2012, esta dependencia de la Fiscalía ha logrado acumular 43 sentencias condenatorias, 13 de las cuales se resolvieron en el despacho de uno de los funcionarios que más ha acumulado casos de éxito, el fiscal José Umbarila Rodríguez. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y llegó a la Fiscalía en 2009 en calidad de fiscal delegado ante jueces especializados.Hasta ahora, su nombre había resaltado por sacar adelante casos de interés nacional. Sin embargo, con la compulsa de esta semana, el alto tribunal deja de presente la urgencia de acelerar las investigaciones por las dudas que existen alrededor del preacuerdo firmado con Areiza y el presunto delito de falsedad en el que se pudo incurrir cuando se allegó una carta de retractación, supuestamente de su parte, durante el juicio contra Ramos.
(En esta declaración, Areiza explicó cómo supuestamente le hicieron firmar en la cárcel de Itagüí dos hojas en blanco, sobre las cuales presume se escribieron documentos que él nunca avaló. Indicó que quien le hizo firmar fue Jaime Restrepo Restrepo, quien en declaraciones ante la corte negó esta versión. Areiza explica cómo se reunió con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y con el abogado Leonardo Pinilla -ambos pedidos en extradición- para anunciarles su retractación en el caso de Ramos).¿Qué encontró la corte? Al revisar los procesos judiciales de Areiza, el alto tribunal se topó con varias irregularidades. La primera es que el 13 de noviembre del 2015, el juzgado 15 Penal de Circuito de Medellín le había negado la posibilidad a este testigo de allanarse a cargos por falso testimonio en el caso de Ramos. Según consta en el registro de la Rama Judicial, el funcionario judicial cuestionó que desde que Areiza comenzó a declarar en contra Ramos dejó constancia de que lo hacía amenazado, condición que no puede recibir la bendición de ningún juez de la república. Además, el funcionario judicial deja constancia de que nunca entendió cuál era su versión en contra de Ramos. Tampoco comprendió de qué se retractaba.Resulta clave en este caso, que la sentencia del juez fue confirmada en segunda instancia por el magistrado del Tribunal Superior de Medellín Óscar Bustamante Hernández.Ante las negativas de la justicia, el caso fue presentado como un preacuerdo exactamente un año después, ante el juez 16 penal de circuito en Medellín, que sin mayores reparos lo sentenció a pagar 20 meses de prisión con beneficio de suspensión provisional de la condena. A esto se sumó el hecho de que la sentencia tuviera como fundamento una carta remitida desde un correo externo al de la cárcel, sobre la cual Areiza no reconoció autoría ante los estrados. El texto de este documento –dice el alto tribunal- tampoco no corresponde con el que reposa en el expediente judicial. Por lo que en suma, se cuestiona que el fiscal y el juez 16 penal de circuito en Medellín hayan estimado pertinente tal documento como prueba de la retractación, cuando no se produjo en el juicio ni bajo la gravedad del juramento.Puede leer: Asesinan a testigo en caso Cepeda-Uribe al que la corte había ordenado redoblar su seguridadLos casos del fiscal cuestionado Según información remitida por la Fiscalía General, por el despacho de Umbarila Rodríguez han pasado 80 casos de supuestos falsos testigos. El funcionario ha logrado llevar 13 a sentencia; 19 están inactivos, 16 en proceso de juicio y el resto no han pasado la etapa de investigación.Entre los casos que llevó a sentencia sobresalen tres sentencias condenatorias en contra del exparamilitar Wilmer Vergara Garzón. SEMANA pudo constatar que se allanó a cargos en por lo menos dos de los procesos; uno de estos, está relacionado con las declaraciones que rindió en contra de dos dragoneantes de la cárcel de Valledupar a quienes señaló de haber planeado un atentado en contra del senador Iván Cepeda. Aseguró que los guardianes le pidieron sacar un puñal y atacar a Cepeda cuando visitara el centro penitenciario. Umbarilla se encargó de llevar a sentencia a este testigo falso que admitió su responsabilidad ante el juzgado 47 de Bogotá y recibió una condena a cinco años de cárcel por mentirle a la justicia.En el despacho del fiscal también están las denuncias por falso testimonio que inició el exgobernador Ramos contra varios de los testigos de su proceso penal. Está, por ejemplo, el caso de Mauricio de Jesús Palacio Tejada, quien está siendo juzgado en contumacia porque al parecer después declarar en contra de Ramos salió del país. En la misma situación también se adelanta proceso contra Juan Carlos El Tuso Sierra, quien negoció con la justicia de Estados Unidos beneficios que incluían su no deportación a Colombia. También lleva los casos contra Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, Jorge Eliecer Valle y Yecisi Valderrama.Umbarila también lideró otras investigaciones, como la que cursó contra Diego Hernández Trejos, un exguerrillero de las Farc que entregó información sobre supuestas reuniones del vicepresidente Angelino Garzón con la guerrilla y fue encontrado responsable de falso testimonio. También llevó a sentencia a Norman Harold Cardona Mira, quien resultó condenado por mentir luego de que la corte le compulsara copias por haberse retractado en el caso contra exsenador Rubén Darío Quintero Villada, condenado por parapolítica.En este despacho, están las investigaciones que se derivan de la denuncia hecha por la excongresista Zulema Jattin contra Agustín de Jesús Sánchez Mejía; Luis Manuel Córdoba del Castillo (en juicio); Carlos Andrés Palencia González y José Luis Hernández Salazar. Jattin, al lado del congresista preso por parapolítica y bacrimpolítica Martín Morales Diz, también denunciaron a Yoiner Sánchez, en un expediente que es investigado por Umbarila.