‘Ernesto Báez de la Serna‘ era un hombre de extremos. Antes de la desmovilización no andaba armado, pero lo rodeaba una guardia pretoriana de muchachos con munición hasta en los dientes. Era un anticomunista declarado, pero su seudónimo estaba copiado del nombre de Ernesto Guevara de la Serna, ‘el Che‘. Su vida política nació en el Partido Liberal pero representaba el más conservador de los pensamientos. Se hizo paramilitar de la mano de algunos sectores del Estado y durante muchos años fue el jefe de las AUC que más duro y la voz más desafiante que se escuchó contra el establecimiento en la mesa de diálogo. Iván Roberto Duque, su nombre de pila, nació en Aguadas, Caldas, el 9 de mayo de 1955. Cuando tenía 22 años se graduó con honores de abogado en la Universidad de Caldas. Quienes lo conocieron lo describían como locuaz y retórico. Podía hablar durante horas sin parar y era un lector compulsivo. Su paso por la Universidad de Caldas en los años 70 fue memorable por sus enfrentamientos con Bernardo Jaramillo, uno de los más carismáticos líderes que tuvo la izquierda, que también estudiaba derecho en esa época. Lejanos en política y cercanos en la bohemia, pues ambos compartieron la pasión por el tango y el aguardiente. Duque fue un hombre frentero y desde su juventud repudió todo lo que sonara a izquierda. Por eso, aun en el ambiente rebelde y contestatario de la época, fundó un grupo universitario de derecha para enfrentarse a los comunistas. Eso le valió que Orlando Sierra, subdirector de La Patria -que murió asesinado en 2002-, dijera en una ocasión que "Iván Roberto es para desde chiquito".
‘Ernesto Báez’ participó en la desmovilización de varios bloques de las Auc. En la imagen aparece dando un discurso durante la entrega de armas del Bloque Bananero, ocurrida en noviembre de 2004. Foto: archivo Semana. A Duque lo recuerdan en Manizales como profesor de historia del Liceo Femenino Isabel la Católica. En extensas y rimbombantes intervenciones hacía gala de su prodigiosa memoria, con fechas y detalles de las grandes gestas como la revolución francesa. Así se ganó el mote de Robespierre. También le decían ‘el Zorro‘, porque siempre vestía de negro y andaba en moto. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre radical e inflexible. Desde muy joven se metió a la política, en el Partido Liberal. Su primer cargo público fue la alcaldía de La Merced, un municipio del norte de Caldas, y tuvo un modesto cargo en las Empresas Públicas de Manizales. Pero su verdadero bautizo político le llegó en 1982, cuando se fundó en Puerto Boyacá la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, Acdegam, una autodefensa legal que sentó las bases para el nacimiento de los grupos paramilitares en esa región y que a la postre terminó involucrada en múltiples crímenes. Iván Roberto Duque se convirtió en asesor de esta asociación y en poco tiempo ya era conocido en la región como ‘el Senador‘, no porque tuviera curul sino por su relación fluida con políticos poderosos. Uno de ellos era Pablo Emilio Guarín, representante a la Cámara por el Partido Liberal que fue asesinado en 1987,mentor político de Duque y uno de los padres del paramilitarismo en el Magdalena medio. Dos años después, en 1989, varios ex integrantes de Acdegam fundaron el Movimiento de Reconstrucción Nacional, Morena, un grupo de derecha que anunciaba sin pudor su odio a las organizaciones sociales y los sindicalistas. Duque fue elegido concejal de Puerto Boyacá y desde allí construyó una tribuna contra el comunismo. Pero los enfrentamientos entre los narcotraficantes que lideraban los grupos paramilitares de la región no daban tregua y el experimento de Morena tuvo una vida fugaz. Desde entonces, Duque tenía relación con los Castaño y las autodefensas que se crearon en diversas partes del país. Pocos años después se desempeñó como secretario de gobierno de Boyacá y luego como asesor del gobernador de ese departamento. En 1994 una comisión de la Fiscalía entró al Palacio de la Torre en Tunja y sacó a Duque esposado, lo montaron en un helicóptero y lo encerraron en el patio quinto de la cárcel La Modelo. Tenía sobre sus hombros una sindicación por crear grupos paramilitares y se le vinculaba con varios homicidios, entre otros el del concejal de Puerto Boyacá Jairo Hernández, ocurrido en 1991. También fue procesado por los asesinatos de Francisco de Paula López y Fabiola Ospina, concejales de Aguadas, Caldas, ocurridos en 2001. Una de las primeras acciones de Duque al recobrar la libertad fue reunirse con Carlos Castaño y empezar a trabajar con éste en el proyecto de la Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Ambos tenían empatía. Compartían tanto objetivos como estilo: vanidosos hasta el tuétano. Amistad de dejó un río de sangre de inocentes en Colombia. Duque entró a la clandestinidad y se convirtió en ‘Ernesto Báez de la Serna‘. La que fue su región, el Magdalena medio, se encontraba en ese momento en manos de Camilo Morantes, jefe paramilitar a quien el mismo Castaño mandó a matar con el argumento de que estaba desbordado haciendo extorsiones y secuestros. Entonces decidieron crear el Bloque Central Bolívar, BCB, con Báez a la cabeza. En poco tiempo este bloque creció como ninguno. Alcanzó a tener más de 5.500 hombres y 29 frentes en 10 departamentos, muchos de los cuales son sitios clave para el negocio del narcotráfico. El BCB es un bloque con mucho dinero. Durante la luna de miel que tuvieron las AUC, Castaño y Báez firmaban juntos todas las declaraciones y compartían la vocería política. A la par de planear y perpetar masacres, asesinatos y amenzas que cuasaron el desplzamiento de miles de colombianos. A ellos se les responsabiliza de ser uno de los actores de la época mas violenta del pais. Tanta era su empatía que en varias de las sesiones que el periodista Mauricio Aranguren tuvo con Carlos Castaño para escribir el libro Mi Confesión, Báez estuvo presente y se hizo todo un capítulo a dos voces. Pero los amores duraron poco. Las pugnas internas en las autodefensas se hicieron cada vez más intensas y los otrora cómplices se enfrentaron públicamente. A Báez le molestaba profundamente que Castaño, con quien compartía el mismo estatus en las AUC, se abrogara la vocería para pronunciarse sobre todos los temas. También tenían serias diferencias en torno a Rodrigo Franco, conocido como ‘Doble Cero‘, que comandaba el Bloque Metro de las AUC. Los hombres de Franco mataron en el año 2002 a dos importantes miembros del Bloque Central Bolívar. Báez y los demás miembros del BCB jamás le perdonaron eso a Franco, que todo el tiempo fue protegido por Castaño. Este episodio acercó cada vez más a Báez con Adolfo Paz y Vicente Castaño, según consta en los archivos del BCB. Pero el tema que más separó a Castaño y Báez fue el narcotráfico. Mientras Castaño pensaba que había que "desnarcotizar" la negociación con el gobierno, Báez considera que el narcotráfico ha impregnado todo el país y que las autodefensas sólo lo han usado para financiar una guerra contra la insurgencia. En el fondo, para Báez el narcotráfico era un as con el que podían jugar las AUC en la mesa. Su apuesta es que el tema del narcotráfico se vuelva un asunto político, no criminal. Adicionalmente, según contaron en su momento fuentes cercanas a la negociación, Báez no estaba contento con lo pactado en Santa Fe de Ralito. En dicho acuerdo las AUC se comprometían con un cese de hostilidades, y a concentrarse y desmovilizarse de manera gradual a cambio de garantías jurídicas. "Nuestra fortaleza es inversamente proporcional a los hombres desmovilizados", le dijo Salvatore Mancuso a Carlos Moreno de Caro, vicepresidente de la Comisión de Paz del Senado en aquel entonces.
‘Báez’ durante una versión libre ante fiscales de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana. Finalmente, esa vieja tensión entre Castaño y Báez fue superada por los hechos. Rodrigo Franco fue asesinado y Carlos Castaño murió a manos de los propios paramilitares. Tiempo después, Mancuso publicó una agenda de negociación que borraba de un tajo lo pactado en Santa Fe de Ralito y daba un giro al lenguaje de las autodefensas en la mesa de diálogo. Ya no solo se trataba de garantías jurídicas para una desmovilización gradual sino de una agenda política que además contrarreste la imagen de narcotraficantes que tenía el estado mayor negociador de las AUC que, en su mayoría, antes de ser extraditados a Estados Unidos, habían empezado a someterse a la Ley de Justicia y Paz que se encargaría de sancionar los delitos que cometieron en el conflicto.