La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó, este lunes, a los comparecientes Rodrigo Granda y Miltón de Jesús Toncel Redondo (más conocido como Joaquín Gómez) presentar por escrito su aporte a la verdad en el marco de la investigación de competencia de la JEP sobre el asesinato del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Lo mismo se les exige en el caso del asesinato del general Fernando Landazábal Reyes.

Cabe recordar que sobre el caso de Gómez Hurtado ya habló Carlos Lozada, señalando que, efectivamente, fueron las Farc quienes ordenaron el crimen que habría sido ejecutado por una red urbana. Esta versión a la familia Gómez Hurtado poco o nada le cuadra.

Por un lado, además de lo dicho por Carlos Antonio Lozada en octubre de 2020, hay que recordar que el excomandante guerrillero no ha presentado evidencia o una prueba que soporte su versión. En este punto indican que durante varios años se ha recopilado información que vincula a varias personas interesadas en atentar contra la vida e integridad del líder conservador.

Entre estos se menciona al expresidente Ernesto Samper Pizano y varios de sus funcionarios de Gobierno, esto debido a la oposición de Gómez Hurtado en contra de su administración. Para los familiares de Gómez Hurtado, es necesario que el expediente vuelva a la justicia ordinaria en la que ya se habían logrado algunos avances.

Los Gómez no le creen a las Farc

Por su parte, la familia del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en noviembre de 1995 a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz un documento con el que pide que la investigación no la asuma la justicia transicional y que se tome la decisión de expulsar de dicho tribunal a Carlos Lozada, actualmente congresista del partido Comunes.

Para la familia Gómez resulta poco creíble que Lozada haya señalado a Jorge Briceño (el Mono Jojoy) como la persona que “le había informado por primera vez que las Farc habían asesinado a las víctimas” y, posteriormente, “que él mismo había ejecutado el asesinato mediante sicarios, como reiteradamente lo afirmó ante la JEP”.

Enrique Gómez, sobrino de Álvaro Gómez y abogado de la familia, señaló que no hay duda de que todo fue pactado en el Acuerdo de Paz de La Habana.

“Lozada pudo haberse comprometido a soportar o suministrar la tesis de la autoincriminación de las Farc en el magnicidio. Hubo mucha cosa oculta en La Habana, y en este caso se está desviando la atención para encubrir a una persona: Ernesto Samper”, dijo. “Son gravísimas las inconsistencias, las mentiras, y ahora la intimidación de un testigo que él mismo citó”, reiteró.

“Lo que no deja de sorprender es que esta persona, que era un par en mando con Lozada en el estado mayor conjunto, en el bloque central de las Farc, no tenga ninguna referencia concreta sobre la participación de esa estructura en el homicidio”, concluyó.