Esta semana, el país se indignó con las escenas dejadas por la protesta de los indígenas de la comunidad embera en el centro de Bogotá. Lo que comenzó como un plantón el miércoles frente al edificio Avianca terminó en secuestro, actos vandálicos y ataques directos a los uniformados de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Con puños, patadas, piedras, cristales, varillas metálicas y palos con clavos en las puntas, varios de los indígenas, albergados en la Unidad de Protección Integral La Rioja, agredieron físicamente a los uniformados. Los ataques dejaron 14 miembros de la fuerza pública heridos, remitidos a centros asistenciales para atender las lesiones.
Las imágenes fueron dramáticas. En el edificio Avianca, donde los indígenas retuvieron en contra de su voluntad a cerca de 1.000 trabajadores, hombres y mujeres de la comunidad arrojaron piedras y palos a un grupo de efectivos del Esmad que buscaban disuadir a los manifestantes. Los uniformados, arrinconados, se limitaron a recibir los golpes.
En la estación de TransMilenio del Museo del Oro, varios indígenas, con palos, acorralaron y arrastraron a una joven policía. La ciudadanía intervino para que dejara de ser golpeada, pero eso no evitó que dos sujetos la bajaran a la vía y la arrojaran al suelo. Algunos de los agentes heridos fueron derribados de sus motos, y otros, atacados hasta dejarlos tendidos en la acera.
Después de años de ser acusados de hostigar a los manifestantes, una fuerza pública tímida fue fuertemente violentada por los vándalos, mostrando una clara disminución e indefensión frente a las agresiones.
Desde su llegada al poder, y tal como lo prometió en campaña, el presidente Gustavo Petro planteó un lineamiento para la Policía Nacional que implicó un cambio extremo para la institución. Ahora, enfocados en la convivencia y el carácter civil de la fuerza, se les otorgaron menos herramientas para combatir desmanes durante manifestaciones e incluso agresiones contra ellos mismos.
Después de mucha especulación, el pasado 25 de septiembre el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, firmó un instructivo para establecer una nueva directriz en materia de control de las manifestaciones. Según se señala, el acompañamiento de los uniformados a la manifestación pública debe ser “discreto”, de manera que la presencia de miembros de la Policía Nacional “no sea aprovechada por los manifestantes para incitar al odio”.“Los policías no deben marchar junto a los manifestantes, tampoco colocarlos para abrir o cerrar la manifestación; no deben ser apostados de manera inerme en lugares donde puedan ser objeto de ataques”, dice el documento.
Además, frente a las injurias, calumnias e insultos lanzados por los integrantes de la protesta a los uniformados, “no debe haber reacción” porque “prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre”.
En caso de que la protesta se torne violenta, ahí intervendría la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), una nueva dependencia que entraría a reemplazar al Esmad. En caso de que sea una marcha de jóvenes entre los 15 y 24 años, se tendrá más tolerancia a la violencia. Cuando alcance un nivel muy alto, se recurrirá a la UNDMO.
En todos los casos de violencia, se debe seguir el reglamento de la UNDMO, el cual aún está en construcción y se espera que se presente el próximo 26 de octubre, eliminando con su existencia el Esmad.
Para el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, este instructivo es una de las formas en las que el Gobierno ha debilitado a la fuerza pública. “Claro que el Gobierno Petro está debilitando a la Policía Nacional. El instructivo pone a los policías en estado de indefensión y, por eso, el Esmad no está interviniendo a tiempo. Porque los requisitos y los protocolos que se exigen hacen incumplible su labor. Por eso llegan tarde, como sucedió en el centro de Bogotá, a proteger a los otros policías, a los civiles y a la infraestructura pública”, dijo el congresista.
Esto se une a que el Gobierno, para conformar su propia cúpula, provocó un revolcón en la Policía Nacional que retiró a 21 experimentados generales de la institución. Después del instructivo, desesperados por las trabas para controlar problemas de orden público, renunciaron 23 oficiales desde los rangos de coronel hacia abajo.
Esta inestabilidad en la institución viene acompañada de un recorte financiero. En el presupuesto general de la nación aprobado por el Congreso, se redujo el monto destinado para Defensa y la Policía Nacional en 800.000 millones de pesos. Esto es calificado por la oposición como una “desfinanciación” e impacta directamente la moral de la fuerza.
“Se le restó a la Agencia Logística y al Fondo Rotatorio de la Policía, entidades que velan por la alimentación, transporte, dotación y bienestar de la fuerza pública”, detalló el representante Uscátegui.
Se suma también que en el proyecto de paz total del Gobierno se propone el servicio social como una alternativa al servicio militar obligatorio. Según los opositores, esto desincentiva la entrada a la fuerza pública y reduce su pie de fuerza, una necesidad clave para la institución.
La reforma a la Policía
Al mismo tiempo, la bancada oficialista radicó dos proyectos con los cuales se busca reformar a la institución, haciendo especial énfasis en la forma en la que actúan frente a problemas de orden público.
Los senadores María José Pizarro e Inti Asprilla impulsan un proyecto que busca delimitar el uso de la fuerza y prevenir abusos de los uniformados. Si se aprueba la iniciativa, se ordena que se empleen “medios preventivos y disuasivos” como primera medida.
El último recurso sería la fuerza, restringiendo también la forma en la que se usan las armas, municiones y demás elementos de trabajo. Se debe procurar hacer el menor daño posible y actuar “en proporción a la gravedad de la amenaza”.
Las fases de la actuación en manifestaciones de la propuesta son prevención, disuasión y excepcionalmente la intervención. Después de restablecer el orden, la última etapa debe “cesar de inmediato”.
Buscan que algunas maniobras estén prohibidas. No se puede abordar a un sujeto, a pesar de que infrinja la ley, por medio de técnicas similares al estrangulamiento. Tampoco se podría golpear con bastón en la cabeza y se propone eliminar el uso de armas cinéticas en manifestaciones, que disparan municiones no letales, como gases, para dispersar desmanes.
A pesar de que algunas manifestaciones se tornan altamente violentas, los uniformados no podrían contar con armas, municiones de fuego o de poder letal. Tampoco se podrán usar dispositivos de control eléctrico o trasladar a personas en vehículos no oficiales. Si es una mujer, para evitar abuso sexual no se podrá mover del sitio sin el acompañamiento de una uniformada.
La senadora Pizarro le dijo a SEMANA que este proyecto no debilitaría a la Policía Nacional, dado que se trata de un reglamento para prevenir los abusos de la fuerza. “Los ataques violentos no forman parte del derecho a la protesta, por lo que los uniformados conservan sus facultades y obligaciones constitucionales de preservar el orden público. Si la Policía debe hacer uso de la fuerza, esta debe hacerse con arreglo a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad, cuando sea estrictamente necesario y en la medida que se requiera”, explicó.
A pesar de esto, crece la preocupación por la transformación de la Policía Nacional, ahora víctima de abusos en las calles y temerosa de las repercusiones que traería actuar con fuerza frente a perturbaciones del orden público. Con la moral abajo, con menor presupuesto y con más restricciones en camino, los uniformados cuentan con menos licencia para proteger a la ciudadanía y a sí mismos.