El segundo semestre del año estará marcado por una fuerte puja por el control de la Procuraduría General de la Nación. Con el cierre de las inscripciones de candidatos ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, este martes 30 de junio, se inicia la competencia por reemplazar a Fernando Carrillo Flórez. Su sucesor lo escogerá la plenaria del Senado de una terna conformada por los dos nombres que postularán las cortes, y por la persona que proponga el presidente Iván Duque.
Al próximo procurador no solo lo debe anteceder una hoja de vida respetable, con trayectoria y méritos, sino que además deberá tener diálogo político y capacidad de convencer a los 108 congresistas que lo elegirán. Por eso, esta elección es principalmente política y, como dato de contexto, en los últimos años el candidato de la Casa de Nariño no ha corrido con suerte. Los ternados por los tribunales se han quedado mayoritariamente con el órgano de control disciplinario, que tiene un presupuesto anual de un billón de pesos y una planta de 4.400 personas. La Procuraduría es una entidad poderosa y apetecida, al igual que la Contraloría y la Fiscalía, porque quien la dirija tiene en sus manos el poder de sancionar disciplinariamente a alcaldes, gobernadores, ministros, concejales, diputados, entre otros.
El exmagistrado Wilson Ruiz Orejuela; la ministra de Justicia, Margarita Cabello; y el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao. Para dimensionar este alcance, durante el periodo de Carrillo la entidad ha destituido a 910 funcionarios y suspendido de sus cargos a 1.496. Muchos de ellos pueden quedar por fuera de los cargos en el sector público hasta por 20 años. En esta oportunidad, en forma atípica, los aspirantes deberán hacer campaña con las limitaciones que impone la pandemia. Con el Congreso sesionando de forma virtual y algunos senadores fuera de Bogotá, no la tienen tan fácil como en el pasado, cuando los encuentros en restaurantes o en el propio Capitolio eran lo común.
Sin embargo, la cuarentena no ha evitado que, en las últimas semanas, los que parten como favoritos hayan iniciado el lobby, muchos de ellos con el apoyo de expresidentes o candidatos que jugarán a fondo en las presidenciales de 2022. Por los lados del Gobierno muchos consideran un hecho que Duque ternará a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, cercana al uribismo y quien en el pasado participó en dos ternas para la Fiscalía. Cabello, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, es cercana al exprocurador y hoy embajador ante la OEA Alejandro Ordóñez, y viene haciendo campaña. En el año que lleva al frente del Ministerio no ha podido concretar la anunciada reforma a la Justicia. Y la afectaron la crisis carcelaria y la matanza desencadenada en plena pandemia en la cárcel Modelo, cuando un amotinamiento terminó con 23 presos muertos y 80 heridos. En cuanto al candidato de la Corte Suprema de Justicia, la mayor opción la tiene Wilson Ruiz Orejuela, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura. En 2008, en el gobierno de Álvaro Uribe, estuvo en la terna para defensor del Pueblo. Hace dos años, este vallecaucano de extracción conservadora compitió por la Contraloría General de la República, cuando ganó Carlos Felipe Córdoba. Como punto a su favor, tiene las puertas abiertas en el Congreso, donde muchos lo relacionan directamente con el expresidente y hoy senador Uribe.
De izq. a der: Juan Carlos Cortés, exviceprocurador general; José Andrés O‘meara, director general de Colombia Compra Eficiente; y el exmagistrado Humberto Sierra Porto. El consejero de Estado Alberto Yepes Barreiro también buscará que la Corte Suprema lo candidatice. Es un abogado rosarista conocido por apoyar la nulidad de la elección del entonces procurador Ordóñez en 2016, y por proyectar la ponencia que terminó por quitarle la curul en el Senado al exalcalde Antanas Mockus, el año pasado. Sin partir como favoritos, ante la Corte Suprema también se podrían inscribir la expersonera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda, el exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora y el exministro de Justicia Enrique Gil Botero. Por los lados del Consejo de Estado suenan principalmente el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, que ha sorprendido porque tiene una doble aspiración: la de la Procuraduría y la de ser reelegido en su actual cargo en el Congreso el 20 de julio, cuando se inicia la nueva legislatura. Eljach busca el cargo con el respaldo del registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, según fuentes consultadas por SEMANA.
El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao también buscará que el Consejo de Estado lo incluya en su terna. Abogado de la Universidad del Rosario, catedrático universitario desde hace 13 años, puede contar con el respaldo en pleno de la bancada de Cambio Radical y de otros partidos, incluso de centro, por su defensa del acuerdo de paz con las Farc. El Senado recibiría bien su nombre. Así mismo entró a la contienda José Andrés O’meara, abogado experto en derecho público y contratación estatal. Se dio a conocer porque ocupó el primer puntaje en la etapa de méritos en la elección de contralor general hace dos años. Eso y su experiencia anticorrupción le valieron para calificar al puesto de director de la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. En una elección que puede polarizarse, a O’meara nadie lo matricula con un partido o padrino y su nombre no genera resistencia entre los congresistas. El abogado Juan Carlos Cortés, exviceprocurador general, quiere reemplazar a Carrillo y renunció a su cargo para iniciar su campaña. Tiene la ventaja de conocer al detalle el funcionamiento del organismo de control y su principal desafío estará en acallar las voces que señalan que su eventual elección equivaldría a reelegir a Carrillo en cuerpo ajeno. Fue viceministro de Trabajo de Rafael Pardo en el gobierno Santos, y se dedicó al tema de empleo y pensiones. Quienes lo conocen afirman que él no necesita ser un alfil de nadie y que en su paso por la Procuraduría manejó con autonomía y profesionalismo temas relacionados con salud, elecciones, derechos humanos y la estrategia anticorrupción en medio de la pandemia, entre otros.
También busca la postulación a nombre del Consejo de Estado el abogado externadista Humberto Sierra Porto, uno de los juristas de mayor prestigio en Colombia y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cercano al exprocurador Edgardo Maya, su talón de Aquiles puede estar en que no tiene la fuerza política necesaria en el Congreso. Cuando fue magistrado de la Corte Constitucional, Sierra Porto produjo la ponencia que frenó la segunda reelección de Uribe, en 2010. Luego de evaluar hojas de vida y entrevistar a los aspirantes, la Corte Suprema y el Consejo de Estado postularán a sus candidatos en la segunda semana de agosto. Duque podría destapar su carta en esos días o antes y la votación en la plenaria del Senado, posiblemente, tendrá lugar en septiembre. Esta elección a la Procuraduría estará enmarcada al mismo tiempo por otras dos contiendas políticas en el Congreso durante los próximos tres meses: la de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular eligirá la Cámara, y la de la vacante que quedará en la Corte Constitucional en septiembre, tras el fin del periodo del magistrado Luis Guillermo Guerrero. El Senado escogerá su reemplazo. En todo caso, el pulso por la Procuraduría va a concentrar la atención pública en lo que resta de año. Y, sin duda, será una fuerte batalla política debido a la importancia que ha adquirido esta institución en la vida pública del país.