La puesta en marcha del carril exclusivo de Transmilenio en la carrera Séptima tiene opiniones encontradas. Por un lado, las autoridades distritales dicen que la medida organiza la movilidad del corredor. Para otros, los más favorecidos son los operadores, quienes tienen a su potestad todo un carril y a todos los usuarios del sistema de transporte público del sector.Además, Semana.com conoció una serie de documentos que llaman poderosamente la atención porque en la mayoría de los casos de entrega de concesiones para Transmilenio, los operadores son los mismos. Pero además, esos mismos operadores han logrado impedir los procesos licitatorios para dar espacio a que nuevos operadores entren al sistema de transporte público de la ciudad.Así ocurrió con la polémica prórroga de contratos de Transmilenio en las fases 1 y 2, proceso que, según documentos que conoció este portal, fue casi que manejado por los operadores. Los operadores del sistema en el corredor de la séptima son G Móvil S.A.S y Consorcio Express S.A.S. Curiosamente, esta última empresa es de los mismos socios de Express del futuro, que opera en la fase 1 de Transmilenio y es una de las grandes beneficiadas con la prórroga de contratos ya mencionada.Según el concejal Juan Carlos Flórez, quien ha denunciado hasta la saciedad este tema, la prórroga no tuvo como objetivo ganar tiempo para preparar la licitación a nuevos operadores, sino abrirle camino a una alianza público-privada que sólo beneficia a los operadores y hace que el transporte de Bogotá sea un monopolio.Uno de los documentos que conoció este portal muestra que Herman Arias, representante de seis de los operadores de Transmilenio, le envió a Fernando Sanclemente, entonces gerente de Transmilenio, en marzo del 2013, una carta en la que propone la “extensión de los contratos actuales de fase 1 y 2, mientras los operadores por mí representados presentan la propuesta de Alianza Público-Privada (APP), con participación de Empresas del Distrito, enfocada en la implementación de tecnologías limpias”.El objetivo de los operadores, quienes han logrado sus objetivos trazados, fue que el Distrito les prorrogara los contratos de las fases 1 y 2, tener el tiempo de adelantar la propuesta de APP y que, en dos años, no se abra licitación para cambiar de operadores, sino que sigan los mismos manejando el sistema. Las empresas operadoras son las encargadas de comprar y operar los buses troncales que actualmente funcionan en los corredores de fase 1 (calle 80, av. Caracas, autopista norte y calle 13), fase 2 (Américas, NQS y Suba) y fase 3 (calle 26 y carrera 10ª, buses zonales y la carrera séptima). Además, se encargan de contratar y capacitar a los conductores del Sistema. Para maximizar la eficiencia y la cobertura del TransMilenio, el sistema de operación incluye servicios troncales y servicios alimentadores.¿Quién maneja las negociaciones?Semana.com conoció unas cartas y actas de reuniones que mostrarían que quienes tuvieron la ‘batuta’ a la hora de prorrogar esos contratos fueron los operadores.Cuando salió a la luz el escándalo por esa prórroga, el alcalde dijo que había sido la mejor opción para la ciudad porque generó un ahorro anual de 76.526 millones de pesos, es decir, 229.578 millones en los siguientes tres años. Sin embargo, en el tema de las prórrogas quedó en el aire una serie de preguntas que muy pocos se han aventurado a contestar. ¿Quién fue el promotor de una prolongada prórroga? ¿Qué tan complaciente fue la administración con los operadores? ¿Quiénes dictaron las condiciones para la prórroga? ¿Petro estuvo enterado de todo el proceso?Las respuestas parecen entregarlas otras ocho comprometedoras cartas que se cruzaron Herman Arias y Fernando Sanclemente, entre febrero y marzo del 2013. En ellas, los operadores privados prácticamente daban los lineamientos sobre las condiciones de la prórroga y desafiaban al entonces gerente a tomar decisiones. Todo contrariando la voz de dos consultorías (Palacios y Valfinanzas) que sugirieron abrir licitaciones o prorrogar el contrato de fase 1 sólo por un año.Las respuestas de Sanclemente a Arias fueron tímidas: “Usted sabrá entender que me corresponde actuar dentro de lo permitido como funcionario y el concepto legal de Palacios es muy claro en ese sentido. Por tal razón, la administración de Transmilenio ha empezado a trabajar en los detalles del nuevo proceso de licitación. Teniendo en cuenta que los tiempos para completar un proceso de licitación e implementación seguramente no coinciden con la finalización de los contratos de la fase 1, esta Gerencia le extiende invitación a discutir los términos de una extensión de los contratos”, dice una de las cartas.La respuesta de Arias, sin embargo, comenzó a perfilar lo que ahora se sospecha: que eran los operadores los que querían manejar a su antojo el proceso. “En una entidad en donde usted es el cuarto gerente con propuestas totalmente contrarias a la de sus antecesores y, más aún, a las del señor alcalde, resulta especialmente difícil llegar a consensos que produzcan algún carácter de certeza a mis representados”, dice Arias.El jefe de los operadores le dijo a Sanclemente que su gerencia sería la responsable de un “improvisado proceso de licitación”. Además le recuerda que él le había prometido una fórmula de prórroga que nada tenía que ver con una licitación. El entonces gerente respondió amablemente invitando a continuar con “un fluido diálogo con sus representados”.El 11 de marzo del 2013 los operadores hábilmente presentaron una propuesta para prorrogar los contratos. En ella aceptan ingresar al Sistema Integrado de Transporte Público (tercera fase) con la condición de que no se abriera licitación pública y que, cuando finalizara la prórroga, se hiciera una alianza público-privada (APP) con ellos. A cambio, dijeron, “(…) TransMilenio se comprometería a posponer la viabilidad la apertura de una licitación”.Después de recibir la propuesta de los operadores, se dio inicio a una serie de reuniones de la Junta Directiva de TransMilenio donde Sanclemente presentó la propuesta de prórroga de los operadores. En por lo menos tres de esas citas estuvo presente el alcalde Petro. Finalmente, en una reunión efectuada en el despacho del alcalde, se aprobó la prórroga. Casi todas las condiciones de los operadores quedaron incluidas en el documento final.Pero van por más. La prórroga sería una especie de estrategia para que los operadores tuvieran tiempo de preparar una Alianza Público-Privada denominada ‘Bogotá Elektrika S.A.S’, presentada al Distrito y que busca seguir operando todo el sistema de transporte público de Bogotá cuando finalice la prórroga, en unos dos años.Los socios de las actuales empresas operadoras del sistema ahora componen la junta directiva de Bogotá Elektrika. Por ejemplo, como socio de Consorcio Express (fase 3 o SITP) y Express del Futuro (fase 1) aparece Andrés Jaramillo Botero, quien, casualmente, es uno de los miembros de la junta directiva de Bogotá Elektrica.Por ahora, esa APP le tiene frenado a la Administración el proceso de licitación, hasta que se descarte o se apruebe la propuesta. Incluso, la iniciativa se basa en el uso de tecnologías limpias (buses a gas, eléctricos o híbridos) ajustadas al plan de desarrollo de la Bogotá Humana. Esto, porque los operadores quieren seguir manejando el negocio del transporte en la ciudad, a toda costa.Según los registros de Cámara de Comercio de Bogotá, quienes conforman a Bogotá Elektrika son Enrique Wolff, gerente de Somos K S. A.; Gustavo Gómez, segundo suplente del presidente de Ciudad Móvil S. A.; Blanca López, suplente en la junta directiva de Transmasivo S. A.; Víctor Raúl Martínez, de SI 99, y Andrés Jaramillo, de Consorcio Express.Respuesta de TransmilenioSemana.com habló con Luis Fernando García, subgerente (e) jurídico de TransMilenio que estuvo presente en las reuniones con los operadores.“Sanclemente echaba chispas cada vez que llegaban las cartas porque ellos se sentían muy poderosos y usaban ese tono. Sin embargo, él no se dejaba amedrentar”, dijo.Según el funcionario, “cuando se hizo la prórroga ya los estudios estaban listos. Nosotros estábamos preparados para hacer un plan de contingencia y evitar un caos en caso de que la prórroga no se diera. No obstante, sabíamos que los operadores del transporte público siempre son los mismos”, explicó.Sobre la APP, García dijo: “Ellos saben que una vez se venza la prórroga va a haber una nueva licitación y entonces se adelantaron a presentar una APP. Esto, teniendo en cuenta los requisitos del plan de desarrollo del alcalde. Obviamente, ellos quieren seguir en lo que están”.Por ahora, la APP está siendo estudiada por TransMilenio y será en abril del próximo año cuando se sabrá si hay una APP para manejar el SITP con buses de tecnología limpia, liderada por los operadores de siempre, o si la Administración les dará la oportunidad a nuevos empresarios y abrirá licitación.“En el caso de que no se apruebe esa alianza, al día siguiente estarían colgados los pliegos para iniciar el proceso de licitación”, aseguró Luis Fernando García.A pesar de que el alcalde ha dicho públicamente que quiere acabar con el monopolio del transporte, en este proceso siguen teniendo ventaja los mismos operadores, ya que en la junta directiva de lo que denominaron ‘Bogotá Elektrika’ aparecen los mismos socios. Para abrirle paso a nuevas empresas, tecnologías, entre otras, el camino debido será a través de una licitación pública.