César Caballero, representante legal de la firma encuestadora Cifras y Conceptos, aseguró este jueves que “quieren castigar la innovación” al referirse a las investigaciones del Consejo Nacional Electoral que ha tenido que enfrentar tras la polémica que rodeó el llamado “modelo de pronóstico” que puso en marcha en las elecciones presidenciales del 2018 y que daba como ganador a Germán Vargas Lleras. No solo esto no ocurrió, sino que el candidato de Cambio Radical quedó en el cuarto lugar y logró apenas 1.412.392 votos.

El “modelo de pronóstico” aplicado en la campaña presidencial del 2018, según explicó Caballero en ese momento, “es un instrumento estadístico cuyo propósito esencial es intentar estimaciones sobre las probabilidades futuras de un fenómeno”.

“Nosotros hacemos una distinción entre predecir y pronosticar. Predecir es adivinar el futuro; pronosticar es describir un futuro probable, sujeto a incertidumbre. En ese orden de ideas, suponemos que es posible pronosticar, pero no predecir”, explicó Caballero.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad que regula a las encuestadoras, no quedó satisfecha con las explicaciones de Caballero, porque supuestamente Cifras y Conceptos no envió la ficha técnica, la copia del instrumento o formulario utilizado en la recolección de la información, el procedimiento, metodología, los derechos de uso y aplicación de encuestas y método utilizado.

El modelo de Cifras y Conceptos definitivamente fracasó en sus pronósticos, mientras las investigaciones en el CNE, por los hechos ocurridos entre marzo y mayo del 2018, han continuado.

Caballero dijo este jueves que en los últimos tres años ha enfrentado 10 investigaciones en contra de la firma y aseguró que el CNE desconoció “las dinámicas electorales no solo del país, sino del mundo democrático”, y además aseguró: “Nos acusan de haber manipulado al electorado, actuar de mala fe, de habernos equivocado y de no haber cumplido con las normas vigentes”.

El representante legal de Cifras y Conceptos dice que no han sido escuchados y que no hay pruebas en su contra.

El balón está en la cancha de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que llevan las investigaciones y que, al final, decidirán si sancionan o no a dicha firma encuestadora y si se confirma que incurrió en una mala práctica a la hora de indagar por la intención de voto de los colombianos.