En la noche de este miércoles llegó a Colombia el empresario Carlos Mattos, investigado por presuntas irregularidades y entrega de sobornos a funcionarios judiciales para fallar millonarias demandas en su favor y como parte del proceso que se conoció como el caso Hyundai.

El empresario venía acompañado por integrantes de Migración Colombia y la Policía Nacional, y en el descenso de la aeronave, en la que llegó desde España, dijo: “Quieren matarme, Colombia entera sabe quiénes son, quién está detrás de mí”.

El hecho por el que es investigado ocurrió hace más de dos años y, aprovechando su doble nacionalidad, permaneció en España.

A través de la Oficina de Asuntos Internacionales, la Fiscalía libró una larga batalla para conseguir que la Audiencia Nacional de España aprobara la extradición de Carlos Mattos, sobre quien pesa una orden de captura y una medida de aseguramiento por más de cinco delitos, entre otros el de cohecho, por ofrecer dinero funcionarios judiciales para que tomaran decisiones a su favor.

La Fiscalía explicó porqué Mattos sería responsable de los delitos que fueron imputados en calidad de persona ausente, pues desde el inicio de su proceso solo fue representado por sus abogados, mientras él, se encontraba fuera del país. Las investigaciones avanzaron y uno de esos procesos se encuentra en etapa de juicio. Será esa la próxima cita que tendrá que cumplir el empresario ad portas de conocer una decisión de la justicia.

En diferentes oportunidades los fiscales del caso solicitaron la presencia del empresario durante el transcurso de las diligencias; sin embargo, nunca asistió. De ahí que un juez al entender la situación que argumentó el ente acusador, decidió declararlo reo ausente para avanzar con el proceso sin la necesidad de su presencia.

Por este caso ya hay una docena de personas entre funcionarios judiciales, abogados y hasta ingenieros judicializados, algunos condenados como presuntos responsables de participar en el plan criminal para manipular el sistema de reparto en los juzgados civiles de Bogotá, y conseguir que la demanda radicada por Mattos quedará en un juez, que finalmente falló a su favor.

De acuerdo con el escrito de acusación que presentó la Fiscalía en contra de Mattos, el soborno al juez Reinaldo Huertas incluyó el pagó de 700 millones de pesos, con una cuota de éxito de 1.000 millones más al momento de tomar la decisión. El ente acusador presentó más 228 pruebas que incluyeron 58 declaraciones que involucran al empresario con este escándalo.

Otro caso incluye a otra juez, Ligia del Carmen Hernández. Ella, antes de pensionarse, le reconoció a la Fiscalía que recibió 200 millones de pesos para que en su despacho se dictaran unas medidas cautelares en el mismo proceso.

A la juez la Fiscalía le imputó cargos y fue condenada a dos años de prisión a través de un preacuerdo, a cambio se convirtió en testigo de cargo contra el empresario. Así lo hizo, reveló que recibió el millonario pago y que a partir de ese soborno tomó la decisión de favorecer los intereses de Mattos.

Después de varios intentos, finalmente se cumplió la extradición del empresario. En Colombia tendrá que ser presentado ante el juez de conocimiento que lo requiere y quién dictó la medida de aseguramiento en su contra. Su defensa ha insistido en reiteradas oportunidades que es inocente de los cargos que se le imputan y así lo tratarán de demostrar, ahora en el juicio ya con su presencia.

La justicia en Colombia se inscribió como víctima en este proceso y a través del abogado Francisco Bernate, advirtieron que insistirán a la Fiscalía por la extradición de Mattos para que responda en juicio por los señalamientos en su contra.