Esta semana, durante la reunión entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro, el líder del Centro Democrático le contó al presidente electo del amor que siente por las Fuerzas Armadas y de la necesidad de proteger jurídicamente a sus integrantes.

Aunque no entró en detalles, Uribe conoce como pocos el temor que hay entre las tropas por la llegada de un gobierno de izquierda.

La incertidumbre se acrecentó desde la campaña, cuando Petro hizo énfasis en la corrupción en el Ejército. De tiempo atrás, el líder del Pacto Histórico ha cuestionado de manera vehemente a la Policía y al Esmad por su reacción ante las protestas.

A finales de marzo, cuando las tropas reportaron la muerte de 11 hombres, presuntamente disidentes de las Farc, en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo), Petro los llamó asesinos.

“No es neutralización, señor presidente Iván Duque, es asesinato. No eran 11 integrantes de las Farc, eran campesinos (...) Es un crimen de guerra de su Gobierno”, dijo.

En otra oportunidad, Petro explotó contra la Fuerza Pública al defenderse del presidente Duque, quien lo vinculó con las fuertes protestas en algunas ciudades. “Pirómano es el que bombardea niños con la fuerza del Estado, pirómanos son los que han matado 314 niños y niñas, entre esos 14 bebés menores de cuatro años, en acciones directas armadas del Estado”, manifestó.

A eso se suma el escepticismo de algunos militares que, en voz baja, no terminan de imaginar que un hombre que hizo parte de una guerrilla, como el M-19, los dirija en los próximos cuatro años. La lista de preocupaciones se agudizó con la renuncia del comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, quien dejará el cargo a partir del 20 de julio.

Él libró una pelea con Petro en medio de la campaña y hasta recordó el escandaloso episodio cuando el presidente electo fue sorprendido en su momento recibiendo dinero en una bolsa. Su decisión va más allá. Como algunos generales, tiene dudas sobre el manejo que el nuevo mandatario le dará a las Fuerzas Militares.

Petro advirtió recientemente “que hay corrientes de extrema derecha que hay que eliminar en el Ejército”.

En medio de esta incertidumbre, la Comisión de la Verdad, creada tras la firma de los acuerdos de paz entre el expresidente Juan Manuel Santos y las Farc, le agregó otro ingrediente: el informe sobre el conflicto deja mal paradas a las Fuerzas Armadas.

En varios de sus apartes se responsabiliza al gobierno de varias de las consecuencias del conflicto armado. “El modelo de seguridad que ha prevalecido en Colombia se ha configurado en un factor de inseguridad y violación de derechos humanos de buena parte de la población colombiana que resultó estigmatizada, perseguida y violentada por las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad”, señala el informe. 

“El Estado no ha aceptado su responsabilidad en los crímenes cometidos al amparo del Estatuto de Seguridad, ni por el juzgamiento de civiles en cortes marciales, ni por la militarización de los territorios y la inteligencia en contra de miembros de movimientos o instituciones que desarrollaban labores legales y legítimas”, agrega el documento.

Así mismo, el informe tiene varios capítulos dedicados al paramilitarismo, a la responsabilidad de la Fuerza Pública y a los falsos positivos.

Plantea, entre otras, examinar la necesidad y conveniencia de mantener el fuero penal militar. Es decir, que la Fiscalía investigue a los uniformados. El debate encendió las alarmas entre los organismos de seguridad y el propio Uribe.

También se sugiere revisar el tamaño y el presupuesto destinado a cada institución, es decir, una reducción gradual de las Fuerzas Militares.

Petro anunció que acogerá las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y ha hablado de darle un giro a la institución: democratizar el ingreso a las Fuerzas Militares e imponer más meritocracia en el escalonamiento de ascensos de los altos oficiales; cambiar la forma de llevar las estadísticas, en las que no primen las bajas sino la cantidad de vidas salvadas, y eliminar el servicio militar obligatorio.

“Hemos pedido a la comunidad internacional no ofrecer más ayuda militar para Colombia, solo ayuda para la paz”, agregaron los comisionados Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia ante el Parlamento Europeo, tras socializar el informe.

Lo que parecen desconocer es que el ELN mantiene más de 5.000 hombres armados dedicados al narcotráfico; las disidencias de las Farc ya superan los 6.000 hombres en armas; el Clan del Golfo aún se sostiene con más de 1.000 narcotraficantes; y hay otras bandas criminales que se resisten a desaparecer. Así mismo, en varias regiones se libra una guerra por el control del narcotráfico y otras rentas ilícitas

.¿Y el Esmad?

Por los lados de la Policía, también hay incertidumbre. El general Jorge Luis Vargas, director de la institución, ha sido prudente frente al nuevo gobierno, pero no hay duda en que no comparte una de las grandes propuestas del Pacto Histórico: el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la fuerza con la que se enfrentan los desmanes y el vandalismo.

El senador Gustavo Bolívar ha sido uno de los más insistentes en la necesidad de acabar el Esmad. Y mucho más tras el estallido social donde él fue señalado de financiar a los jóvenes de la primera línea que protagonizaron todo tipo de atropellos en Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, entre otras ciudades.

Lo paradójico es que ahora Petro promueve el desmonte del Esmad, cuando acudió a esta fuerza de la policía en 1.003 oportunidades entre 2012 y 2015 cuando fue alcalde de Bogotá.  La cifra la entregó en junio de 2021 el concejal de la Alianza Verde Julián Rodríguez Sastoque.

.¿Qué hará Petro con el Esmad? El líder de izquierda no se ha referido al tema después de su triunfo en las urnas. “No creo que sea el Esmad hasta tanto no aprendan de derecho internacional humanitario y a respetar la vida de las personas”, ha dicho Petro.

En la Policía esperan que el presidente electo asuma el mandato el 7 de agosto, pero internamente se preguntan si también desligará a la institución del Ministerio de Defensa y la llevará al Ministerio del Interior, una movida con la que pretende garantizar una institución más cívica y dedicada a la seguridad ciudadana.

Para algunos, se puede terminar politizando a esa fuerza, como en el pasado. ¿Quién gana si se reduce la Fuerza Pública? Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy.

El coronel John Marulanda, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), concluyó que los militares en servicio activo tienen dos salidas: “Retirarse de la institución y evitar rendirle honores y caminar al lado de su comandante en jefe, o continuar con este señor que fue elegido democráticamente y será el comandante de las Fuerzas Militares”.