En las últimas horas, llegó al Consejo de Estado la impugnación que el abogado Germán Calderón España, radicó en contra de la decisión que declaró improcedente la tutela que se radicó al Presidente Gustavo Petro para que se retractara después de llamar “muñecas de la mafia” a las mujeres periodistas en Colombia.
En un documento de 7 años, el jurista le explicó al Consejo de Estado porque está en desacuerdo sobre la decisión que se tomó en la tutela, teniendo en cuenta su participación en la tutela como coadyuvante y qué lo motivo a terminar llevando las polémicas declaraciones del mandatario a la justicia.
Sobre su contribución a la tutela, España destacó: “solicito respetuosamente, se me acredite la legitimación en la causa por activa en pro, por lo menos, de la mujer periodista coadyuvante María Andrea Nieto Romero, a fin de garantizarse otro derecho fundamental subyacente a esta causa, como es el del acceso a la administración de justicia”.
Así mismo, indicó que intervino en el proceso por el interés “legitimo” de ayudar a quienes también participaron en la tutela contra el Jefe de Estado y aclaró que no acreditó actuar como agente oficioso, teniendo en cuenta que no demostró que la persona afectada en la situación estuviera en estado de indefensión o no podía defender sus derechos por sí misma. El jurista refutó que el Consejo de Estado argumentara que las explicaciones dadas por la Presidencia sobre la libre expresión, signifique que sobrevino un hecho sobre el derecho vulnerado.
“Muy respetuosamente, contradigo ese argumento, en tanto se viola con él, otro derecho fundamental, el de la rectificación, el cual debe garantizarse por vía judicial, pues, en el caso en concreto, como se dijo arriba, no era un requisito de procedibilidad de esta acción.”, fue otro de los motivos que resaltó Calderón España.
Los argumentos jurídicos del abogado le plantearon a los magistrados del Consejo de Estado que resolverán la impugnación, que no encuentra razón para que, “ante un acto de discriminación contra las mujeres periodistas, y conforme a la Constitución, a la ley, al derecho internacional de los derechos humanos, no se pueda, por parte de la justicia colombiana, abordar el fondo planteado en esta tutela que nos ocupa, bajo el enfoque de género aplicable análogamente en los procesos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar”.
Así mismo, recordó que la Ley 1257 de 2008, le impone unas obligaciones a la sociedad, en cumplimiento del principio de corresponsabilidad, indicando que las personas naturales tienen la responsabilidad social de tomar parte activa para la eliminación de la violencia y discriminación en contra de la mujer.
El abogado, quien cuestionó recientemente la decisión del Consejo de Estado, expresó que “las mujeres periodistas no son abogadas, por lo que vi la necesidad imperiosa de aplicar los principios de corresponsabilidad y de solidaridad en mi ejercicio como abogado constitucionalista y magíster en derechos humanos, y como persona”.
La tutela de Calderón le pedía al presidente Petro que se retractara públicamente por las declaraciones que hizo contra las periodistas colombianas durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, en Nuquí, Chocó.
Para la Presidencia de la República, la tutela no pudo acreditar quiénes eran las mujeres periodistas afectadas y no demostró cómo las declaraciones afectaron sus derechos fundamentales. Esa sería una de las razones principales para que finalmente saliera improcedente.