Los magistrados Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Julio Andrés Ossa (conjuez), fueron denunciados ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue si se excedieron en sus funciones y cometieron presuntos delitos al despenalizar el aborto en Colombia.

La denuncia fue interpuesta por la representante a la Cámara del Centro Democrático Margarita Restrepo quien se ha opuesto férreamente a la interrupción del embarazo en nuestro país. Según esta, los magistrados que votaron por el sí estarían incursos en unos presuntos delitos ya que el tema había sido estudiado por el Congreso de la República.

“En una democracia representativa es la mayoría quien toma y debe tomar las decisiones en nuestra nación, no un grupo de jueces súper poderosos que creen tener la última palabra”, dijo la congresista.

Restrepo pidió a la Comisión de Acusación investigar a los magistrados por los presuntos delitos de prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y abuso de función pública, cometidos, presuntamente, al aprobar la despenalización del aborto hasta la semana 24.

“En el caso de prevaricato por acción, debido a que los magistrados en mención votaron a favor de la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación, desconociendo y yendo en contravía al derecho a la vida regulado en nuestra Carta Magna en su artículo 11, el cual establece que este derecho es inviolable”.

Según la congresista, esa conducta de los magistrados estaría violando tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia como son los casos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

“Por el delito de ´abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto´, debido a que el fallo de la Corte hizo tránsito a una cosa ya juzgada y los denunciados están pasando por encima de sus propias providencias, debido a que en el año 2006 esta misma corporación decidió despenalizar el aborto únicamente bajo las tres causales conocidas: 1. Cuando el embarazo constituya un peligro para la salud o vida de la madre; 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; 3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento”.

Finalmente, Restrepo argumentó que el presunto delito de abuso de función pública se podría configurar porque “los magistrados de la Corte Constitucional siguen usurpando la función del Congreso de la República, la cual está establecida en el artículo 114 de la Constitución y que dice: “Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.”

En la argumentación de la denuncia se explica que el Congreso ya se había pronunciado sobre el tema del aborto en Colombia y por eso, la Corte Constitucional se pronunció sobre la cosa juzgada, tal y como lo manifestó el presidente Iván Duque quien también opinó sobre el tema.

Ahora la denuncia la conocerá el presidente de la Comisión de Acusación Óscar Villamizar y hará el reparto para que alguno de los representantes investigadores defina si hay mérito para abrir una investigación formal. Hace una semana David Cote, integrante de Colombia Justa Libres, presentó una solicitud en el mismo sentido a los representantes investigadores para definir si había mérito de indagar a los magistrados. Desde esta colectividad aseguran que además de haber presentado esta denuncia, promoverán el referendo para que los colombianos decidan en las urnas si están de acuerdo con el tema del aborto.