A Colombia suele no irle bien en la medición internacional sobre corrupción que todos los años publica Transparencia Internacional. Este año, el país se registró como el 91 entre 181 países. La cifra no es positiva pero sí es mucho mejor que la de los vecinos como Perú, El Salvador, Bolivia, Honduras, Haití, Ecuador e incluso Brasil y Argentina. En el continente, solo están mejor Uruguay, Chile, Costa Rica y Cuba. En 2021 Colombia quedó en el puesto 92, mientras que en 2020 estuvo de 87.
Según la organización, la realidad de la región demuestra que “los líderes no han adoptado medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer a las instituciones públicas. Esto ha favorecido que las redes criminales se consoliden y ejerzan un poder considerable sobre actores políticos en muchos países, lo cual agudiza la violencia en la región que presenta la mayor tasa de homicidios per cápita”. Incluso aseguran que en esta lucha muchos presidentes han concentrado el poder ejecutivo generando un grave desmedro para la democracia.
“La omnipresencia de corrupción en las Américas alienta muchas otras de las crisis que atraviesa la región. Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia, y algunos exacerban las amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad. El único camino viable es que los líderes prioricen a las medidas contra la corrupción con el fin de extirparla y permitir que los gobiernos cumplan su principal función, que es proteger a las personas”, dijo Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional.
La organización explica que el ranking clasifica 180 países y territorios según las percepciones de corrupción en el sector público, en una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy baja corrupción. El promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.
Los datos que arroja Transparencia internacional dan algunas conclusiones:
- Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69) se ubican a la cabeza de la región.
- Nicaragua (19), Haití (17) y Venezuela (14) están en las posiciones más bajas y sus instituciones públicas han sido infiltradas por redes criminales
- Este año, Cuba (45), Guatemala (24) y Nicaragua (19) presentan puntuaciones mínimas históricas.
- Desde 2017, Honduras (23), Nicaragua (19) y Haití (17) han descendido de manera significativa en las puntuaciones que obtienen en el IPC.
La organización hace especial mención en algunos países de la región que han pasado particularmente periodos de crisis. Estos son algunos:
Brasil
“La combinación de corrupción, autoritarismo y desaceleración económica ha resultado ser especialmente volátil en Brasil (38), donde el gobierno del presidente Jair Bolsonaro estuvo marcada por el desmantelamiento de las estructuras contra la corrupción, el uso de maniobras corruptas para favorecer a aliados políticos y acumular apoyo político en la legislatura, la desinformación y ataques al espacio cívico. En enero, tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones presidenciales, sus partidarios lanzaron un ataque violento contra el Parlamento, el Supremo Tribunal y el palacio presidencial, poniendo en riesgo la vida de policías y periodistas y vandalizando edificios, con el objeto de perturbar la transición pacífica del poder al presidente recientemente elegido, Luiz Inácio Lula da Silva”.
Perú
“El país ha atravesado años de inestabilidad, con seis gobiernos distintos en un número casi idéntico de años. En diciembre, ante la inminencia del juicio político relacionado en parte con investigaciones sobre corrupción el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver al Congreso y tomar control del poder judicial y de la fiscalía. Su separación del cargo y la transferencia del poder a la vicepresidenta propició los enfrentamientos más letales ocurridos en décadas entre agentes de las fuerzas de seguridad y manifestantes, que hasta el momento han causado la muerte de más de 50 personas”.
Guatemala
“Las instituciones del Estado han sido cooptadas por élites políticas y económicas y el crimen organizado, quienes protegen sus propios intereses en detrimento de la mayoría de la población, promoviendo la violencia y amenazado a la democracia en el país. Bajo esta indebida influencia el gobierno ha restringido el espacio cívico, iniciando investigaciones criminales contra periodistas, activistas y fiscales. En enero, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad tomó medidas que revierten el progreso de la lucha contra la corrupción de años anteriores al excarcelar a un funcionario público acusado de lavado de dinero y tomar medidas legales contra aquellos que le exigieron la rendición de cuentas”.