A pesar de que desde abril de este año entró en vigencia el llamado Acuerdo de Escazú, la hoja de ruta de la región para la protección de los líderes ambientales, Colombia aún no se ha podido unir a este mecanismo debido a que el Congreso no ha aprobado la ley que ratifica este instrumento.
El Acuerdo de Escazú reúne a 33 países de América Latina y el Caribe para fortalecer cinco aspectos medioambientales en los que deben trabajar en conjunto: proteger a los defensores del medioambiente, garantizar los mecanismos para evitar vulneraciones de derechos en materia ambiental o para exigir justicia si suceden, participación de las comunidades en asuntos que generan afectaciones en los territorios (acceso gratuito y público a la información medioambiental) para que las personas conozcan sobre la calidad del aire, el agua, etc.
En otras palabras, pretende que la sociedad civil sea más fuerte en la política ambiental, haciéndola más participativa.
La iniciativa, que ya había sido radicada el semestre pasado, pero que se hundió por falta de debate, fue radicada nuevamente el pasado 29 de octubre por el ministro de Ambiente, Carlos Correa. Sin embargo, contrario a lo ocurrido en el pasado, esta vez fue radicado sin mensaje de urgencia, lo que indica que no requiere prioridad por parte del Legislativo.
El jefe de la cartera de Ambiente señaló que en ningún momento se le ha hecho “conejo” al proyecto de ley, a pesar de las críticas que ha recibido el Gobierno por parte de ambientalistas, que resaltan una supuesta falta de voluntad política. Según explicó, en la legislatura pasada el proyecto no pasó porque no se pudo consolidar en la agenda legislativa.
En todo caso, a pesar de que fue radicado hace 26 días, la iniciativa ni siquiera ha llegado a la Comisión Segunda del Senado, donde debe iniciar su trámite y como consecuencia de ello no se ha podido nombrar ponentes.
“Escazú aguarda en los anaqueles de la Secretaría esperando para ser remitido a la Comisión Segunda del Senado. Estas nuevas omisiones, atribuibles tanto al Ejecutivo como al Legislativo, aunque sutiles, han sido muy eficientes para condenar al Acuerdo de Escazú a quedarse sin tiempo suficiente”, denunció el senador de Alianza Verde, Antonio Sanguino.
La preocupación que ha surgido por parte de sectores de oposición se debe a que si antes del 16 de diciembre no se le da al menos primer debate a este proyecto, se hundirá nuevamente.
“El tiempo de esta legislatura se agota y de nuevo se hundirá esa ratificación”, advirtió el senador del Polo, Iván Cepeda.
En todo caso, el pronóstico es reservado, sobre todo si se tiene en cuenta que hay varios sectores, especialmente de la coalición de gobierno, en los que este acuerdo no gusta, pues consideran que les otorgaría legitimidad a organizaciones internacionales para intervenir en temas ambientales, desde el punto de vista jurídico, de orden nacional.
“El Acuerdo de Escazú sí representa una cesión de soberanía para los países parte. Cualquier acción que se considere que pueda dañar el medioambiente activa toda la jurisdicción internacional”, indicó la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.
Además, señalan que no generaría mejores condiciones para defensores de derechos humanos y destacaron que los pilares de acceso a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia están ampliamente desarrollados por la ley y la jurisprudencia actual.
Todo esto sucede mientras Colombia sigue siendo clasificado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la protección de la naturaleza. Solo en 2020 se reportaron 65 asesinatos de líderes defensores del ambiente, mientras el acuerdo no ratificado pretende brindarles mayor seguridad.