El anuncio de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela ha generado expectativas. Más allá de un posible encuentro entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, todavía no hay claridad de cómo operarán en la práctica el comercio y los temas migratorios.
Retomar la tracción en la movilidad de personas, superar las tensiones del pasado, pero, sobre todo, garantizar negocios entre los dos países no será una tarea fácil. De hecho, hay más dudas que certezas. Hace unos días el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se pronunció en el sentido de un acuerdo con Venezuela para la reanudación del paso de carga hacia los dos países. Sin embargo, para el sector no hay claridad absoluta de cómo funcionará en la práctica.
El Ministerio confirmó que, aunque los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander que unen a Cúcuta con el estado Táchira operarán entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, “temporalmente, los camiones llegarán a un punto del otro país y harán el traslado de la carga a camiones nacionales, mientras se hacen los protocolos y se normaliza la situación gradualmente”.
Eso implica retos operativos que generarían sobrecostos, mientras que los dos países acuerdan los temas aduaneros y de sanidad, tal como lo solicitó Venezuela. Pero esa es la carga más liviana; para un amplio sector de transportadores no existen condiciones idóneas ni de rentabilidad ni de seguridad para llevar mercancías al vecino país.
De hecho, no existe garantía plena de que un camión que viaja cargado desde Colombia tenga qué traer desde Venezuela, ni mucho menos que lo haga de forma totalmente segura para el conductor y la mercancía.
“Todo lo que tiene que ver con la provisión de carga, de combustible, el tema de seguridad sobre las vías, cómo va a ser el aforo, las aduanas, todo eso es fundamental, porque no hay absolutamente nada; esperamos que en el transcurso del año se vayan normalizando las operaciones”, asegura Anderson Quiceno, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), que agrupa a cerca de ocho mil tractomulas y camiones.
Por su parte, Colfecar aplaude la reanudación de transporte de carga, pero recuerda cuellos de botella. Uno, el transporte internacional se rige por las normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la cual Venezuela ya no hace parte; dos, la presencia de grupos armados ilegales que se aprovechan del paso de los camiones en las cercanías de las denominadas trochas, por donde circulan el contrabando y los migrantes irregulares. Y tres: está en juego un gigantesco mercado, combustibles, aceites minerales, materias plásticas, manufacturas, papel, cartón y productos farmacéuticos.
Según cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, la balanza comercial entre los dos países podría oscilar entre 800 y 1.200 millones de dólares al cierre de 2022, gran parte de los cuales están relacionados con el sector de carga.
Para algunos, es necesario aclarar el marco jurídico en el que se reactivará el comercio, porque, como lo mencionó Colfecar, Venezuela se retiró de la CAN. Se tendrá que definir si se hace un acuerdo de alcance parcial, en el marco de la Aladi o se habilitan otros mecanismos. Recién llegó a la cartera de Comercio, Industria y Turismo, el ministro Germán Umaña señaló que los dos países pertenecen a la Organización Mundial de Comercio (OMC), “y nos tenemos que dar tratamiento de nación más favorecida en ese marco”, dijo en una entrevista a SEMANA en esa oportunidad.
También destacó el acuerdo de alcance parcial número 28 de Aladi, que ha estado vigente. Una de las propuestas es profundizarlo. Y por último, recordó que Colombia tiene un acuerdo de transporte con Venezuela desde hace seis años. Este ya fue aprobado por la Asamblea Nacional venezolana, pero el gobierno Duque no lo presentó al Congreso. El objetivo es ratificarlo en el legislativo colombiano.
Umaña ha calculado que, al término de este gobierno, el comercio binacional será de unos 4.500 millones de dólares, mientras que el embajador Armando Benedetti, es más optimista y calcula que puede llegar a los 10.000 millones de dólares. El otro tema por definirse es el mecanismo de pago en esta nueva etapa de comercio.
El lento despegue
Aunque este lunes habrá un vuelo chárter de Conviasa –la aerolínea estatal de Venezuela, equivalente a Satena– en la ruta Caracas-Valencia-Bogotá, será simbólico porque el sector aéreo está lejos de normalizarse. Por ahora solo Wingo tiene permiso de las autoridades aeronáuticas del vecino país para volar hacia allá, a partir del 4 de octubre. El costo del tiquete arranca desde los 200 dólares más otros 60 adicionales que debe recaudar la aerolínea por la prueba covid. Es decir, cerca de 1.200.000 pesos, un valor considerable para un colombiano y una pequeña fortuna para un venezolano, por cuenta de la hiperinflación.
Avianca está a la espera de garantizar su operatividad en el aeropuerto de Caracas, para volar, en principio, en diciembre. “Recientemente recibimos el aval de las autoridades venezolanas para que nuestro equipo técnico pueda visitar el aeropuerto de Maiquetía e iniciaremos ese proceso lo más pronto posible. Entre tanto, seguimos a la espera del permiso para la comercialización del vuelo de manera que podamos comenzar a operarlo en los próximos dos o tres meses”, declaró Felipe Gómez, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la aerolínea.
La dimensión desconocida
El panorama también es preocupante en torno a cómo será la rutina del paso de ciudadanos venezolanos hacia Colombia. Luego del anuncio de la reapertura ya hay una nueva oleada de migrantes a los que el Gobierno no puede caracterizar plenamente como sí sucedió con los 2,47 millones que se regularizaron y disfrutan de la oferta estatal en salud, empleo, educación y emprendimiento
.“En las últimas tres semanas hemos visto un crecimiento significativo migratorio, con gente muy vulnerable, con madres cabeza de familia, con niños que están caminando en las carreteras nuevamente”, revela Víctor Bautista, asesor de fronteras de Norte de Santander.
Muchos de ellos están llegando al ya colapsado Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, a solicitar servicios médicos de urgencia, que no se les pueden negar por norma legal, pero que ejercen una fuerte presión financiera sobre las maltrechas cuentas de la entidad.
Es posible que, ante la apertura de los pasos formales, nuevamente miles de personas venezolanas ingresen al país con vocación de permanencia, pero sin posibilidad de ubicarlos para atenderlos, regularizarlos y vincularlos al aparato productivo.
A los que cruzan por las trochas irregularmente se van a sumar ahora los que a diario ingresarán por los puentes y los pasos fronterizos normales, todos huyendo del deterioro social y económico de su país.
Para muchos observadores, esta nueva ola se convertiría en otra papa caliente para Migración Colombia y la nueva Gerencia de Fronteras, dos entidades en las que, al cierre de esta edición, el gobierno del presidente Petro no ha designado responsables en propiedad. Se inicia una nueva etapa en la relación entre los dos países que significará mayor cercanía. Sin embargo, todavía hay muchas tareas pendientes.