SEMANA conoció en primicia que el Consejo de Estado negó la demanda presentada contra el senador Gustavo Bolívar Moreno y que buscaba su pérdida de investidura. La decisión se tomó tan solo nueve días después que se adelantara en el alto tribunal la audiencia en la cual los demandantes presentaron sus argumentos para que se le declarara la “muerte política” al congresista por un conflicto de intereses.
Tras revisar la acción judicial y los argumentos presentados por el delegado de la Procuraduría General y la defensa de Bolívar, el Consejo de Estado determinó que no existían motivos de fondo para declarar la pérdida de investidura. Por esto Bolívar seguirá en el Congreso y podrá presentar su nombre para las elecciones que se celebrarán en marzo de 2022.
En la demanda se señalaba que el senador de la ‘Lista de los Decentes’ había incurrido en un conflicto de intereses por haber promovido un proyecto de Ley de crecimiento, la cual buscaba acordar y aliviar pagos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El demandante Hollman Ibáñez sostenía que tras ser avalada dicha legislación, el senador se habría visto beneficiado de manera directa puesto que tenía varias deudas pendientes con la DIAN. En este sentido se citaban varias publicaciones hechas por el congresista en su cuenta personal y verificada de Twitter en las que demostraba los pagos pendientes con la autoridad encargada del recaudo de impuestos.
Con esta ley podía fijar una línea de acuerdo y corregir su declaración de renta con el fin de buscar solventar la multa y evitar las sanciones. Bolívar –señalaba el accionante– celebró los alcances de la ley que resaltaba que “los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta ley un requerimiento especial liquidación oficial, podrán transar con la DIAN hasta el 30 de junio de 2020″.
En uno de los trinos citados en la demanda, el senador indica que sería beneficiado por el artículo 119 de dicha ley avalada en 2019: “6. Ingresos de El capo de años pasados, los están pagando este año y los debo declarar en 2022. Con ese dinero respaldé acuerdo a la DIAN. 7. Pago 4.000 millones en 2 años y me esculcan a fondo. A quienes pagan $0 campantes. 8. Usan información reservada. Bueno abrir esa puerta”.
En su intervención en la audiencia Bolívar reseñó que no promovió dicha ley, se declaró impedido en la Comisión del Senado y en la Plenaria para participar en dicha discusión. Después pidió que la modificación de la ley se archivara, no sin antes promover una protesta en contra de la misma.
Por su parte, la defensa de Bolívar cuestionó el hecho de que la demanda se basara en una publicación de Twitter y no se tuviera en cuenta todo el desarrollo del debate que se adelantó en el Senado de la República.
Primera línea
Ya en octubre pasado, el Consejo de Estado había rechazado la demanda de pérdida de investidura presentada contra Gustavo Bolívar por promover la financiación del grupo conocido como primera línea durante el paro nacional. El alto tribunal indicó que al no ser un partido o movimiento político reconocido, el senador no incurrió en una violación al régimen de inhabilidades.
En el fallo se advierte que Bolívar solamente promovió una campaña en ‘Vaki’ con el fin de obtener financiación para la compra de elementos y medicinas para los integrantes de este grupo que participaron activamente en las manifestaciones. Sin embargo, el dinero recaudado no fue manejado por la fundación Manos Limpias que fundó el congresista, sino por la misma plataforma web.
Debido a esto se concluyó que el papel de promotor por parte de Bolívar no genera una pérdida de investidura, puesto que nunca utilizó el dinero ni se lo entregó a los manifestantes.