A través de un extenso informe, 20 congresistas le hicieron corte de cuentas a la gestión del mandatario en materia de paz. "Durante sus 4 años de gobierno apenas se invertirá el 26 por ciento del total necesario para la implementación", aseguraron en el documento divulgado este miércoles. El acuerdo de paz tiene escuderos en el Congreso y no son la Farc. Amparados en el principio de que el 50 por ciento de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años que transcurren después de la firma, la oposición, los independientes y algunos miembros de La U le recordaron al mandatario las obligaciones que tiene para no dejar morir los esfuerzos para consolidar la paz. Estas son las principales observaciones que hicieron Juanita Goebertus, José Daniel López, Carlos Ardila, David Racero, John Jairo Cárdenas, Wilmer Leal, Catalina Ortiz, David Pulido, Angélica Lozano, John Jairo Hoyos, Harry González, Temístocles Ortega, Roy Barreras, Iván Cepeda, Luis Fernando Velasco, María José Pizarro, Katherine Miranda, Neyla Ruiz, León Freddy Muñoz y Mauricio Toro. 1. Normas pendientes Crear una mesa multipartidista para la concertación de los proyectos de ley y reforma constitucional necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, incluyendo la ley de tierras y adjudicación de baldíos, la reforma política, las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, la garantía del derecho al voto en la ruralidad, la jurisdicción agraria, el tratamiento penal especial de cultivadores, la prórroga de la Ley de víctimas, el sometimiento de bandas criminales, y la reforma a la Ley orgánica de planeación. 2. ¿Y la plata? Corregir el trazador presupuestal de paz en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2020, garantizando que los 9.8 billones necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz se destinen de manera efectiva a la transformación de los territorios más afectados por la guerra. Esto implicará desagregar el presupuesto en las 16 subregiones PDET, destinando al menos 4,67 billones para avanzar en su implementación durante 2020. Implica, también, incluir el Acuerdo de Paz como una prioridad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para garantizar que los 37,1 billones que presentó el Gobierno en el PND, tengan sustento en las cuentas fiscales para los próximos 10 años. 3. Punto por punto Desagregar dentro del trazador presupuestal de paz en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, los recursos destinados para la implementación del capítulo étnico y el enfoque de género en la implementación del Acuerdo. 4. Sin desarmar Fortalecer y dotar de capacidades técnicas y presupuestales a la Agencia Nacional de Tierras para garantizar que ésta pueda, a través del Fondo de Tierras, dotar al año 250.000 hectáreas de baldíos y formalizar 700.000 hectáreas de predios privados para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. 5. Territorios Acelerar el proceso de formulación de los Planes Nacionales y de la Hoja de Ruta Única para la intervención territorial, garantizando la participación de las comunidades en la priorización de los proyectos para asegurar su legitimidad y pertinencia, y continuando con la ejecución de obras PIC para afianzar la confianza en el proceso. 6. Frontera agrícola Elaborar, cuanto antes, el Plan de Zonificación Ambiental pactado en el Acuerdo de Paz, con el fin de contribuir al cierre de la frontera agrícola y la reducción de la deforestación. 7. Después de las armas Diseñar y publicar lo antes posible la ruta de reincorporación de excombatientes de las Farc con el fin de generar la autonomía social y económica de los excombatientes y promover escenarios de convivencia y reconciliación. Esta ruta debe permitir vincular al 100 por ciento de los excombatientes a un proyecto productivo, dentro del plazo máximo de 1 año. 8. Seguridad Iniciar un proceso de reforma al sector seguridad para trazar una política de seguridad territorial adecuada al nuevo contexto operacional y enfocada en la protección de la población, garantizando la distribución de roles y misiones y la regulación del uso de la fuerza para cuidar el campo. 9. Justicia Concertar con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación un plan para el fortalecimiento de la capacidad de administración de justicia en las zonas PDET, con el fin de elevar la presencia de jueces, fiscales, e investigadores técnicos de policía judicial, a las tasas nacionales. 10. 2x1 Diseñar de la mano de las comunidades una estrategia para la articulación de los PDET con el PNIS, de tal forma que los recursos disponibles se concentren en el desarrollo rural y en la generación de alternativas sostenibles de productividad. 11. Coca Garantizar que la erradicación forzada sea la última opción, y plantear los procesos de erradicación y de sustitución concertada como dos componentes de una misma estrategia. 12. Víctimas Poner en marcha cuanto antes el proceso de adecuación de la Política de Reparación de Víctimas teniendo en cuenta los insumos del Amplio Proceso Participativo llevado a cabo en 2017 e incluyendo como ejes: i) prorrogar la ley; ii) agilizar la reparación; iii) garantizar los 5 componentes de la reparación integral; y iv) priorizar la reparación colectiva y su articulación con los PDET, la restitución de tierras y los planes de retorno de desplazados. Retomar la puesta en marcha de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, tanto en cabeza de los excombatientes de las FARC, como del Estado. 13. Control público Avanzar en la puesta en marcha del mecanismo de monitoreo y verificación de las sanciones propias de restricción efectiva de la libertad en los términos establecidos en el Acuerdo de Paz. 14. Sistema Integral Prestar todo el apoyo político y económico a la JEP, la CEV y la UBPD para que estas puedan avanzar de manera más ágil y eficiente en el cumplimiento de sus funciones, y renunciar a la puesta en marcha de cualquier reforma normativa que mine su independencia o autonomía. 15. Bitacora de cuentas Poner en marcha lo antes posible el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) en cabeza del DNP, con obligatoriedad en el reporte por parte de las entidades, y garantizando el acceso público a la ciudadanía.