La Procuraduría General de la Nación advirtió que en Providencia y Santa Catalina aún no se han terminado de evacuar todos los escombros generados del proceso de reconstrucción de las islas, a pesar de los reiterados requerimientos realizados por el ente de control a las diversas entidades que lideraban este proceso. En estos, se solicitaba la disposición final de los residuos ordinarios y especiales, ante los eventuales factores de riesgo ambientales y financieros producidos por su inadecuado manejo.
Si bien el Ministerio Público reconoce que durante el año 2021 y 2022 se adelantaron jornadas de evacuación de toneladas de escombros, en una reciente visita efectuada por el órgano de control a Providencia, se evidenció que esta problemática persiste, a pesar de la designación de espacios para el almacenamiento temporal de estos residuos.
Ante este panorama, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, como representante de las entidades responsables, referenciar las actuaciones para darle una solución definitiva a esta problemática. Lo anterior, porque no hacerlo afecta el proceso de restauración de los ecosistemas estratégicos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que genera problemas de salubridad a la población que los habita.
Los hallazgos de la Procuraduría
“Viviendas construidas en acero en las cuales las barandas y ventanas tuvieron problemas de calidad, lo cual según el reporte se ha solucionado con el cambio de los elementos defectuosos. Durante el mes de agosto y septiembre de 2022, se adelantarán visitas para atender estas quejas”. Esto se lee en uno de los apartes de un documento conocido por SEMANA, en el que la Procuraduría acaba de advertir fallas en la reconstrucción de Providencia, tras los daños generados por el paso del Huracán en 2020. ¿Qué pasó entonces con la reconstrucción?
El documento es revelador porque, entre otras cosas, el Ministerio Público advierte de manera concluyente: “No se evidencia celeridad en el proceso de reparación de viviendas en la isla y la Gobernación no cuenta con el cierre financiero necesario para realizar la intervención de la totalidad de las viviendas”.
Señala el Ministerio Público, entre los hallazgos, que existen “fallas evidenciadas en los sistemas de saneamiento básico de las viviendas por la falta de estos o fallas en los mismos, lo que ha ocasionado rebosamiento de los pozos sépticos de las viviendas, lo cual afecta no solo a las familias beneficiarias, sino el medioambiente de la isla”.
El informe coincide con la visita que el presidente Petro hizo en agosto del 2022. Este viajó a Providencia como parte de la agenda que tenía programada y, tras evaluar las obras, afirmó que es necesario abrir una investigación por los costos de las viviendas que se construyeron en Providencia, luego del paso del huracán Iota, que dejó gran parte de la isla destruida.
El Jefe de Estado se mostró sorprendido por el costo de cada vivienda y dijo que cada una valió en promedio 600 millones de pesos.
“Son edificaciones, para los que no pueden ver la foto, de aproximadamente 70 metros cuadrados. En promedio, esto da casi diez millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, por qué un valor tan sorprendente; cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos”, dijo puntualmente el presidente Petro en rueda de prensa, culminada la visita a la isla.
De acuerdo con Petro, las casas no debieron haber costado 600 millones si no se hubieran importado los materiales: “Eso amerita investigaciones y espero que los órganos de control lo hagan a partir de los costos unitarios”, afirmó el mandatario.
Agregó que, además de la infraestructura, la reconstrucción de la isla debe hacerse también desde lo humano y la integración de la cultura como parte fundamental de lo que está sucediendo, lo cual, al parecer, no se habría tenido en cuenta por la anterior administración.
Los hallazgos de la Contraloría
Mayores valores pagados
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría reveló que en uno de los contratos de obra (1621 de 2020) se identificaron situaciones relacionadas con el pago de mayores valores al contratista por la ejecución.
En particular, por el reconocimiento como ítem no previsto de costos por 1.549 millones de pesos, correspondientes a pagos por logística y transporte de equipos y maquinaria, los cuales ya estaban incluidos dentro de los precios unitarios ofertados por el contratista en su propuesta económica para la ejecución de los ítems de obra, conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones.
También se aprobó un mayor valor al contratista, por 620 millones de pesos, por el transporte del material requerido para la instalación de elementos de madera plástica para el tablero de una pasarela. Estas dos situaciones generaron dos hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor total de 2.170 millones de pesos.
Deficiencias de algunos materiales utilizados
La Contraloría también evidenció que existen falencias en la calidad del material de las ventanas de las viviendas T2 y T4, en los pisos y en los muros. Estas viviendas corresponden a inmuebles nuevos construidos con estructura metálica, construcciones que han sido ejecutadas en el marco del contrato suscrito entre Findeter y el Consorcio Providencia, mediante la modalidad de administración delegada.
Se señalan deficiencias en ventanearía de madera, fisuras en pisos cerámicos, morteros de fachada y barandas, generadas por la instalación inadecuada de los elementos, condiciones inadecuadas de almacenamiento de los materiales, deficiencias en sus diseños y/o usos no adecuados para las condiciones climáticas de la isla de Providencia.