La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Miembros especialistas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) hicieron la entrega al Instituto Nacional de Medicina Legal de 73 cuerpos, que al parecer, pertenecían a víctimas de desaparición forzada.

Según lo dicho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso para la recuperación de los cuerpos se tuvo lugar entre el pasado 13 y el 25 de septiembre.

Con el fin de proteger zonas en las que se podrían hallar lo cuerpos de víctimas del conflicto armado, la intervención se realizó respondiendo a las medidas cautelares decretadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.

“Se trata de 356 puntos amparados por la medida: dos celdas de custodia, cinco osarios comunes, 16 sitios de disposición tipo osario y 333 bóvedas. Además, se enmarcan en el Plan Regional de Búsqueda de los Puertos del Magdalena Medio que la UBPD impulsa en la región”, señaló la institución en un comunicado.

El proceso de entrega se realizó en el cementerio La Dolorosa, el cual está ubicado en el municipio de Puerto Berrio, sector del Magdalena Medio Antioqueño.

Según el fiscal, Carlos Arturo Mutis Flórez, líder del equipo de la Unidad de Investigación y Acusación quien estuvo acompañado al equipo que llegó hasta Puerto Berrío, de las 157 bóvedas protegidas, fueron intervenidas 124 solo en el pabellón de caridad.

El número de bóvedas restantes, hacen parte de las 197 que aún faltan por ser intervenidas y que fueron identificadas durante la evaluación que se llevó a cabo en el cementerio La Dolorosa, luego de realizarse la inspección judicial que desarrolló la UIA, a través de su Grupo de Apoyo Técnico Forense, en marzo de 2020.

En su comunicado, la JEP aseguró que durante este proceso de recuperación que se llevó a cabo en Puerto Berrío, “el Sistema Integral para la Paz desenterró el horror de la guerra en esta región: cuerpos inhumados dentro de bolsas, desnudos, con signos de amarres, con heridas de arma de fuego, totalmente fragmentados, hallados en estado de total indefensión. Muchos de ellos, habían sido adoptados, para darles una sepultura digna’'. Por eso, en medio de la diligencia, la comunidad celebró un ritual en el que simbólicamente le entregaron a la JEP y la UBPD los cuerpos que llevan años protegiendo.

Cabe señalar que la primera inspección judicial que se llevó a cabo en Puerto Berrío ocurrió entre enero y febrero pasados, cuando la UIA intervino las dos celdas de custodia. Allí, encontró un número considerable de cuerpos sin identificar, diferentes a los que hay en las bóvedas del cementerio. Los 416 contenedores hallados, o las bolsas donde se encontraban los cuerpos, estaban en condiciones deplorables en una estantería antigua de madera a punto de colapsar.

De estos, 373 fueron entregados al párroco del municipio y 43, que estaban sin identificar y tenían signos de muerte violenta están ahora en poder de Medicina Legal que avanza en su identificación.