Este viernes, la Fiscalía General presentará ante un juez de garantías de Bogotá el principio de acuerdo que firmó con Nova Lorena Cañón, considerada una de las principales protagonistas de la red de corrupción que lideraba el senador Mario Castaño. Tras meses de negociación, como lo había anticipado SEMANA, el ente investigador consideró que la lobbista cuenta con información nueva y relevante para la investigación.
Debido a esto, se le solicitará al juez que avale el principio de oportunidad parcial mediante el cual se cesa por un año la persecución penal en contra de Cañón por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. A cambio de esto, será testigo de cargo de la Fiscalía General en el proceso que se adelanta contra el senador liberal en la Corte Suprema de Justicia, así como en las investigaciones a varios funcionarios públicos, empresarios y particulares.
La Fiscalía General sostiene que Cañón era la principal relacionista pública de la organización criminal, moviéndose como pez en el agua por diferentes Ministerios, alcaldías, gobernaciones y entidades del Estado (entre ellas el ICBF y el SENA) para la obtención de millonarios contratos en diferentes regiones del país. En las interceptaciones hechas por agentes del CTI aparece la comunicadora social de profesión, organizando reuniones, cuadrando comisiones y moviendo influencias.
Igualmente, era la encargada de manejarle la agenda al senador Mario Castaño y a llevarle razones de los funcionarios y mandatarios con los que ya se había acordado la entrega de un porcentaje del contrato. Fue así como aparece mencionada en temas relacionados con el programa Sacúdete al Parque del Ministerio del Interior, las canchas sintéticas del Ministerio de Deporte y el Hospital de Armero Guayabal.
Nova Lorena Cañón, quien se encuentra actualmente en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, ha revelado que tiene información en su celular personal de varias personas relacionadas con la red de corrupción que habría desfalcado al Estado por cerca de 43.433 millones de pesos con la obtención ilegal de contratos y la firma de convenios en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales. Los elementos de prueba indican que los beneficiados debían pagar un mes de los salarios percibidos en el nuevo trabajo.
En la primera parte de la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía se conocieron varios contratos que fueron gestionados, entre estos la adjudicación de la comercialización del Aguardiente de Chocó por un valor de 14.492 millones de pesos; obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por 10.000 millones de pesos; la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por 1.250 millones de pesos; la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por 16.424 millones de pesos; y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por 1.000 millones de pesos.
Igualmente, recientemente, se concretó un principio de oportunidad con el empresario Santiago Castaño Morales, quien habría sido el encargado de buscar los contratos en los departamentos de Tolima y Caldas, esta última región donde Mario Castaño es considerado un barón político.
Su declaración podría ser clave para entender la participación de empresarios y contratistas en esta red de corrupción, así como funcionarios públicos que se habrían prestado para la celebración de millonarios contratos.
De todos estos, el senador -quien se aprovechaba de los cupos indicativos- se quedaba con un 10% del valor total. Todas estas acciones -resalta la Fiscalía- afectaron al patrimonio de la Nación.