Tras la respectiva pregunta del juez de control de garantías, Andrés Felipe Aristizábal Parra, alcalde de Villamaría (Caldas); Jhonatan Manuel Vásquez Duque, de La Merced (Caldas); Gloria Stella Raigoza Londoño, de Alcalá (Valle); y Diana Yaneth Agudelo Rincón, funcionaria del Ministerio de Interior, se declararon inocentes de los cargos que le imputó la Fiscalía General por su presunta relación con la red de corrupción que lideró el senador Mario Castaño.
Un fiscal de la Unidad Anticorrupción advirtió, en la audiencia reservada, que los mandatarios tuvieron participación constante en el direccionamiento de varios contratos que le fueron entregados de manera directa a los empresarios y contratistas cercanos. Por su gestión, Castaño recibía una comisión del 10% del valor total del contrato.
En el caso del alcalde de Villamaría, la Fiscalía General lo vincula con las irregularidades que se habrían presentado para el programa Sacúdete al Parque, proyecto liderado por los Ministerios del Interior, Cultura y Deportes; así como la obra denominada Placas Huellas, para las vías terciarias en zonas rurales.
Pese a que el mandatario aseguró que las obras se culminaron y el proyecto se llevó a cabalidad para beneficio de la gente, el organismo investigador reveló que no se presentaron irregularidades durante la celebración y ejecución de los mismos.
Por su parte, el Alcalde de La Merced fue vinculado por los contratos de la construcción de las canchas sintéticas, vías, alcantarillado y el programa Sacúdete al Parque. Para este caso, se habría buscado a personas que trabajaban directamente en los Ministerios encargados de la contratación.
Estos mismos contratos son los que tienen en problemas legales a la alcaldesa de Alcalá en el Valle del Cauca. Desde su cargo, habría tenido reuniones con varios empresarios y contratistas para la entrega de estos convenios.
Castaño, durante años, fue uno de los dirigentes políticos más reconocidos o políticos del departamento de Caldas. De esta forma, los mandatarios locales le rendían pleitesías y atendían directamente a los integrantes de la organización que montó.
La Fiscalía General les imputó a los mandatarios y a la funcionaria del MinInterior los delitos de concierto para delinquir en concurso con interés indebido en la celebración de contratos. Por la gravedad de los hechos el delegado del ente investigador solicitará una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
SEMANA conoció que la Fiscalía General adelanta todos los trámites para solicitar las órdenes de captura en contra de otros alcaldes que habrían apoyado el plan criminal del entonces senador liberal. Para su identificación y roles el ente investigador cuenta con interceptaciones telefónicas y, ahora, con dos testigos principales: Nova Lorena Cañón y Santiago Castaño, quienes realizaban actividades de relaciones públicas y lobby.
Por estos hechos de corrupción, hace algunos días, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en su domicilio en contra del alcalde de Balboa en el departamento de Risaralda. El mandatario habría participado con el senador Mario Castaño, en la entrega de contratos que se destinaban para favorecer a ciertos contratistas, incluso por el pago de servicios que hicieron los funcionarios de la alcaldía.
En la actualidad, Mario Castaño se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota es investigado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, concusión y estafa. En los próximos días la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberá definir la situación jurídica del congresista, esto es, si lo llama o no a juicio.