Por medio de un derecho de petición, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia le solicitó al presidente Iván Duque que designe un Procurador General de la Nación Ad Hoc, para que este que se encargue de atender todas las actuaciones judiciales relacionadas con el escándalo de Odebrecht que la Procuraduría viene adelantando. Especialmente, dicen, este funcionario debería estar encargado de indagar sobre todas las irregularidades relacionadas con la concesión de la Ruta del Sol II que se encuentren bajo el conocimiento de este órgano de control, pues uno de los socios de esta concesión fue la empresa Episol, filial de Corficolombiana, que a su vez pertenece a la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y es que el actual procurador, Fernando Carrillo Flórez, tuvo una relación laboral con esta organización. De acuerdo con la carta presentada por la Red de Veedurías a Duque, Carillo tuvo una relación laboral con una de las empresas pertenecientes al Grupo Aval desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016. No obstante, en septiembre de 2016 fue elegido Procurador General de la Nación, y por ende ha tenido conocimiento de investigaciones al rededor de la Ruta del Sol II, concesionara de la cual eran socias Odebrecht y Episol. Esta última empresa hace parte del grupo para el cual Carrillo laboró antes de asumir como jefe del ministerio público.
Hasta ahora, Carrillo ha manifestado que "la existencia de dicho contrato no genera ningún tipo de impedimento o conflicto de intereses a su papel como Procurador General", pues en desarrollo de esa labor anterior nunca tuvo que intervenir en cuestiones relacionadas con la concesión de la Ruta del Sol o con Odebrecht.
No obstante, para la Red de Veedurías, las actuaciones pasadas de Carillo, así como las denuncias hechas por Vicky Dávila en su columan "El vendedor de Sarmiento", demuestran que el nombramiento de un procurador de carácter Ad Hoc es la única vía para garantizar la transparencia y la imparcialidad de las investigaciones.