El ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió al fuerte llamado de atención que le hizo la Procuraduría General de la Nación al Gobierno nacional por el aumento de las extorsiones que se cometen desde las diferentes cárceles del país, donde supuestamente no está permitido el uso de celulares y existen inhibidores de señal.
“Por supuesto que esa llamada de atención de la Procuraduría nos la tomamos muy en serio. Redoblaremos los esfuerzos”, dijo el ministro.
El ministro también aseguró que se creará la Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional que solicitó la Procuraduría, con el objetivo de abordar esta situación y tomar medidas.
“Por supuesto que la crearemos a la mayor brevedad, somos conscientes de que desde las cárceles hay extorsiones. Ahora, también hay una cosa que es importante que se sepa y es que en un buen número de extorsiones la llamada telefónica dice, estamos llamando desde la cárcel tal, pague tanta plata y realmente están llamando desde la calle. Entonces con eso no quiero eludir ningún deber, sino simplemente decir que estamos muy atentos a redoblar esfuerzos”, agregó Osuna.
De acuerdo con la Procuraduría, el caso más alarmante de llamadas extorsivas desde las cárceles se da en Tuluá, Valle del Cauca, en donde la banda delincuencial ‘La Inmaculada’ viene azotando a comerciantes y empresarios de la región con la exigencia de gruesas sumas de dinero o de lo contrario sus establecimientos serán blanco de atentados.
“Personalmente, hablé la semana pasada con el alcalde de Tuluá, con la gobernadora del Valle, tenemos un plan específico junto con la Policía y el Ministerio de Defensa para intentar remediar pronto esa situación que se ha presentado en Tuluá y en general en el Valle del Cauca”, dijo al respecto Osuna.
“Cualquier alerta es bienvenida, por supuesto, así venga con tono de crítica, es bienvenida porque es nuestra obligación proteger a toda la ciudadanía, proteger la libertad y los derechos, disminuir la criminalidad y atacarla donde esté, dentro de la cárcel o fuera de la cárcel”, agregó el ministro.
Para la Procuraduría, la falta de operatividad del Gobierno y del Inpec se evidencia hasta en el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal, pues de 22 instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan dos.
En igual sentido, cuestiona el ente de control que se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones bajo complicidad de guardias y sin recato de autoridad, dando oportunidad a los delincuentes para que amenacen la institucionalidad estando tras las rejas.