La Comisión de la Verdad acaba de entregarle al país un extenso informe en el que, dando cumplimiento al acuerdo de La Habana, relata de manera general lo sucedido en Colombia durante los más de 60 años de conflicto armado.

El documento, de casi 900 páginas, contiene recomendaciones en materia de desarrollo rural, construcción de memoria, reparación a víctimas e implementación del acuerdo de paz, pero los puntos más polémicos son los que hacen referencia a la lucha contra el narcotráfico y la reforma a las Fuerzas Militares y de Policía, en la que se habla incluso de eliminar el servicio militar, reducir el número de soldados y que las investigaciones contra los miembros de la Fuerza Pública vayan directamente a la Fiscalía.

Este último aspecto es uno de los más polémicos del informe. Actualmente, las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública, a excepción de aquellos en los que haya una flagrante violación de los derechos humanos, van a la justicia penal militar, donde se revisa cada caso según el contexto de la actividad castrense.

Sin embargo, con el fin de evitar las violaciones a los derechos humanos en las Fuerzas Militares y la Policía, la Comisión de la Verdad propone que la Fiscalía General asuma la investigación de todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y que estos sean juzgados en la jurisdicción ordinaria, con excepción de los típicamente militares, es decir, aquellos que afectan la disciplina y el servicio”.

Incluso se plantea la posible eliminación del fuero penal militar del que actualmente goza la Fuerza Pública.

“Realizar un debate público sobre la necesidad y conveniencia de mantener el fuero penal militar y, en todo caso, adoptar los ajustes normativos y político institucionales necesarios para que la Fiscalía General de la Nación asuma la competencia de investigación de las conductas punibles cometidas por los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, indica el documento.

El informe sugiere también que es necesaria una profunda reforma a las Fuerzas Militares, con el fin no solo de adaptar la formación al contexto de los derechos humanos, sino reducir el número de soldados.

“Revisar el tamaño y el presupuesto destinado a cada fuerza integrante de las Fuerzas Militares y a la Policía, para que sean adecuadas a las necesidades institucionales y operacionales que se establezcan al adaptarse a la nueva visión de seguridad. Esto implica una reducción gradual de las Fuerzas Militares y un aumento del personal de la Policía Nacional”, apunta el informe.

Esta propuesta va de la mano con la de separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio y “eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar y transitar hacia un servicio social en instituciones civiles”

Uno de los apartados más polémicos en materia de verdad, justicia y no repetición es el que sugiere la revisión del mecanismo de la extradición.

“Se recomienda, ante solicitudes de extradición, que se ajuste el actual procedimiento de extradición ciñéndose a los criterios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia, en especial, haciendo prevalecer aquellos que garanticen el derecho de las víctimas de manera tal que el Gobierno priorice las investigaciones en Colombia”, indica el documento.

En este apartado también se proponen ajustes institucionales, políticos, sociales y culturales necesarios para garantizar el derecho a la protesta y a la movilización, como parte esencial de una sociedad democrática que avanza en la protección de derechos.

Narcotráfico

El texto presentado por la Comisión de la Verdad también hace una extensa disertación sobre la lucha contra las drogas.

En este sentido, los comisionados recomiendan racionalizar el uso de la acción penal frente a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico y poner en marcha una propuesta hacia la regulación rigurosa del mercado y el consumo bajo control estatal e internacional en un proceso en que Colombia puede y debe jugar un papel de inspiración y liderazgo.

Lo anterior debido a que la actual “es una política fracasada en sus propios términos”, por ello Colombia debe “transitar a la regulación de los mercados de droga”.

“Este cambio debe dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitarizar la relación entre el Estado y la ciudadanía; es imperativo que Colombia lidere ese cambio de paradigma a nivel mundial con la legitimidad y fuerza que le da a nuestro país ser uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la violencia y la guerra contra las drogas”, indica el documento.

Con este nuevo enfoque se propone, además, garantizar apoyo y financiación para la investigación interdisciplinaria de los usos medicinales, agroindustriales, nutricionales y otros usos alternativos de la hoja de coca y la marihuana.

Así mismo, se llamada al Estado a “respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, promover su aplicación y prever condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso, evitando que existan apropiaciones sobre el recurso genético a través de patentes o figuras similares”.