Nadie esperaba esta propuesta en la reunión de alcaldes en Cartagena. En medio de los reclamos de los mandatarios municipales, que pedían una ampliación de dos años de sus períodos, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió al auditorio con una iniciativa aún más ambiciosa. “Si yo me llego a presentar a la reelección, que el período del próximo presidente sea solamente de dos años y a partir de ese momento, de 6 años sin reelección”, dijo el jefe del Estado. Santos anunció que impulsaría además que todos los gobernantes elegidos popularmente y en las corporaciones públicas tuvieran mandatos fijos de 6 años. Esta idea del presidente Santos, lanzada improvisadamente, plantea inicialmente serias complicaciones tanto de tipo constitucional y jurídico como político. Para hacerla realidad se requeriría la radicación inmediata de un acto legislativo en el Congreso de la República. Dado que para aprobar un proyecto de esta naturaleza se necesitan dos vueltas, llegarían los comicios parlamentarios de marzo de 2014 y los presidenciales de mayo sin la aprobación de la reforma. Esto implicaría que, como la nueva normatividad estaría apenas en trámite, el nuevo mandatario sería elegido bajo las reglas actuales, es decir, por un período de 4 años. De aprobarse a máxima velocidad esta modificación de la Constitución entraría en vigencia en junio del próximo año. Esto significaría que si Santos se lanza y gana las elecciones en mayo del año entrante, sería elegido bajo las normas actuales, es decir por un período de 4 años. Sin embargo, como un mes después, en junio, quedaría aprobada la reforma constitucional su posesión el 7 de agosto sería bajo las nuevas reglas, es decir, por un período de dos años. Esto crearía el absurdo de un presidente elegido para un cuatrienio y quien toma juramento para un período de dos. Según Santos su propósito sería “poder alinear de ahí en adelante a todos por seis años”. Esto incluiría gobernadores, alcaldes y no se sabe aún si congresistas. Un segundo escenario sería que Santos ganara la reelección con la promesa de gobernar sólo dos años e introdujera el acto legislativo en el arranque de su segundo período. Sus críticos dirán entonces que es bastante incongruente buscar abolir la reelección y simultáneamente beneficiarse de ella. La eliminación de la reelección tiene en Colombia muchos partidarios que sienten que esa medida trastoca el equilibrio de poderes y que es una herencia nociva de la era de Álvaro Uribe. Con un adecuado impulso parlamentario hasta podría eventualmente ser aprobada en el Congreso. No obstante, las reformas paralelas que quiere Santos tienen tantas implicaciones políticas que enredan el asunto. Por ejemplo, el apoyo del mandatario a los sexenios para alcaldes y gobernadores va a dar para mucho debate. No es descabellado que el jefe del Estado considere que cuatro años no son suficientes para gobernar un país, aún más uno como Colombia. Un mandato de seis años sin posibilidad de reelección le daría a un gobernante el plazo necesario para ejecutar obras, evitaría la tentación de perpetuarse en el poder y al haber elecciones cada 6 años y no cada 4 se paralizaría menos el Estado. De hecho, así funciona en México. Pero una cosa es el presidente y otra muy distinta los gobernadores y los alcaldes de municipios medianos y pequeños. Como algunos de estos están en manos de roscas clientelistas, familias políticas y hasta infiltración mafiosa, seis años podrían convertirse en una tragedia. Al galimatías jurídico que seguramente desatará la propuesta se deben sumar suspicacias de origen político. La más protuberante tiene que ver con la ex senadora Piedad Córdoba, quien llamó hace unas semanas a que “en lugar de que hubiera reelección, aquí se ampliara el período presidencial a dos años más”. Para la líder de la Marcha Patriótica este mandato adicional es necesario porque “se está trabajando contra el tiempo” en el proceso de paz con las Farc. Si bien hay diferencias entre la iniciativa de Córdoba y la del presidente Santos, éstas son tan sutiles que envían el mensaje erróneo de vincular la reelección de Santos al proceso de paz. Al lanzar ideas que alteran el período presidencial, la oposición uribista y de izquierda podría alegar que Santos está cambiando las reglas del juego de la campaña de 2014. A poco más de un año de los comicios presidenciales no es el mejor momento para hacer ese tipo de propuestas y menos de radicar en el Congreso reformas constitucionales que afectan el mandato del Ejecutivo. Lo que se espera de un gobierno en camino a la reelección es que no cambie las reglas del juego en la mitad del partido, por más constructiva que sea la intención. Si el país quiere abolir la reelección inmediata, este debate podría darse en un segundo mandato del actual presidente y hasta liderado por él. Santos podría implementar esta medida que hoy propone pero sin acortar su período. Esto es, que la norma sólo entre vigencia a partir de su sucesor. En síntesis, la propuesta presidencial despierta interrogantes jurídicos y políticos. Son más las dudas e incertidumbres abiertas por un mandato recortado que la ganancia de 'alinear' todos los períodos de presidentes, alcaldes y gobernadores. Todo esto en medio de una campaña adelantada donde los opositores acusan al gobierno de intentar manipular los anhelos de paz de los colombianos para asegurar un segundo mandato. Seguramente Santos considera acortar su mandato tras su reelección como un gesto elegante y generoso para que no lo acusen de buscar un período más largo que el de sus sucesores. Pero no todo el mundo lo interpretará así porque una modificación constitucional con nombre propio no es un procedimiento diáfano.