Álvaro Uribe y Germán Vargas han vuelto a ser aliados. No lo eran desde el gobierno de la seguridad democrática y lo fueron hasta que Uribe apostó por su segunda reelección, por allá en el año 2008. Esta semana sellaron un pacto para reformar la Justicia Especial para la Paz (JEP), y como hace poco más de 10 años, su alianza puede ser definitiva para que el próximo año la JEP tenga nuevas reglas de juego. El proyecto de reforma que el Centro Democrático y Cambio Radical radicaron esta semana tiene amplias probabilidades de ser aprobado, pues Vargas y Uribe cuentan con votos suficientes para 7 de los 8 debates. Sin embargo en la Comisión Primera del Senado, donde tiene asiento Gustavo Petro, la reforma a la JEP se les puede venir a pique. Uribe y Vargas son los jefes de los dos partidos con más curules en el Congreso y entre los dos concentran la tercera parte del parlamento. Y si a ellos se sumaran los partidos que se declararon bancada de gobierno (en campaña Iván Duque anunció cambios a la JEP), el proyecto de reforma a la justicia transicional podría tener el respaldo del 60% del Capitolio. Tal circunstancia ha puesto en alerta a los sectores políticos que se han declarado en defensa del contenido de los acuerdos de paz que el gobierno Santos firmó con las Farc hace dos años, al considerar que la alianza Uribe - Vargas podrían cambiar el corazón de lo acordado en La Habana.

Las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical el pasado miércoles, al presentar la reforma a la JEP. Foto: Prensa SENADO. Entre otras porque el proyecto de reforma a la JEP establece un nuevo sistema de investigación y juzgamiento exclusivo para los miembros de la Fuerza Pública que quieran acceder a esa jurisdicción. Crea cuatro nuevas salas, cada una conformada por tres magistrados, y una unidad de investigación paralela a la ya existente. En criterio del senador Iván Cepeda (Polo), el principio que operó en los acuerdos de paz de La Habana era que todas las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra,  independientemente de su pertenencia a instituciones del Estado o a organizaciones al margen de la ley, deben comparecer ante la justicia especial “en igualdad de condiciones”. Recordó que que la Corte Constitucional en repetidas sentencias ha dicho que los acuerdos de paz pueden tener modificaciones pero no pueden cambiar su esencia, como cree que pasa con esta reforma. Por eso advierte que la iniciativa es inconstitucional. Más allá de ese debate jurídico, el proyecto de reforma a la JEP tiene que ser aprobado en ocho debates: cuatro en el Senado (dos en comisión primera y dos en plenaria) y cuatro en la Cámara (dos en comisión primera y dos en plenaria), distribuidos en dos vueltas. Puede leer: 5 razones que dejaron sin alas la reforma de Paloma Valencia Como en la primera vuelta el proyecto necesita mayoría simple (la mitad de los asistentes a la votación), se da por descontado el trámite de los cuatro primeros debates. Pero en la segunda vuelta se exige mayoría calificada (la mitad más uno del total de miembros de la comisión o la plenaria), y en esas circunstancias el proyecto podría sufrir un traspié en la Comisión Primera del Senado, donde las cargas están equilibradas. Si Uribe y Vargas logran el apoyo de los conservadores, en la Comisión Primera de Cámara la reforma a la JEP tendría  la mitad de los votos, 19 de 38, y podría añadir los 5 del partido de la U que recientemente se declararon en coalición de gobierno. La oposición a la JEP tendría 13 votos en esta comisión, si se suman los del Partido Liberal a los de Alianza Verde, Polo, Farc y la ex fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Angela María Robledo. Con esta misma ecuación, en la plenaria de  Cámara la reforma a la JEP tendría el respaldo del Centro Democrático, Cambio Radical, la mayoría de la U, el Partido Conservador, Opción Ciudadana, Colombia Justa Libres y el Mira, lo que se traduce en por lo menos 133 de los 180 votos. En la plenaria del Senado las matemáticas son similares. El uribismo, Cambio Radical, más el resto de la bancada de gobierno (conservadores, la U, Colombia Justa Libres, Mira y ASI) tendrían 65 de 108 votos, la mayoría.  Le puede interesar: La corte única es una "magnífica idea", pero no saldrá: Uribe Pero es en la Comisión Primera del Senado donde podría darse un empate sin precedentes. De los 22 miembros que la conforman, 4 son del Centro Democrático (Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria y Santiago Valencia), 3 de Cambio Radical (Rodrigo Lara, Germán Varón, Temístocles Ortega), 3 del Partido Conservador (Eduardo Enríquez, Esperanza Andrade, Juan Carlos García)y uno del Mira (Carlos Guevara), que en el papel votarían a favor del proyecto. Es decir, 11 votos. Pero se advierte que los 3 senadores de la U (Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez y Armando Benedetti), los 3 liberales (Luis Fernando Velasco, Fabio Amín y Miguel Ángel Pinto), los de Alianza Verde (Angélica Lozano e Iván Name), Alexander López (Polo), Julián Gallo (Farc) y Gustavo Petro votarán en contra. Empate a 11. El reglamento del Congreso (artículo 135) es claro en señalar que en caso de empate en la votación de un proyecto se procederá a una segunda votación. Y si la igualdad persiste “se entenderá negado el proyecto”.Puede leer: Reforma a la justicia del Centro Democrático “es perversa; fomenta la impunidad”: MOE Eso significa que además de asegurar el respaldo del Mira y el partido Conservador, Uribe y Vargas necesitan convencer a los liberales para desequilibrar la balanza y reformar la JEP. De lo contrario, por más de que tengan mayorías en la plenaria, el proyecto se hundirá en el segundo debate que le corresponda a la Comisión Primera del Senado. Un empate en la Comisión Primera del Senado sería inédito desde todo punto de vista, pues desde la Constitución del 91 esta siempre estuvo conformada por un número impar de miembros. Sin embargo, como la reforma al equilibrio de poderes (acto legislativo 01 de 2015) le concedió una curul al segundo en las elecciones presidenciales, la cual se sumó esta comisión que quedó integrada por un número par de congresistas. Gustavo Petro, en consecuencia, es el senador 22.   Nadie duda que la alianza Uribe - Vargas puede ser una aplanadora en el Congreso, pero no será suficiente para reformar la JEP.