El Congreso, la ciudadanía y la opinión pública tienen los ojos puestos en la reforma tributaria. Sin embargo, hay otra iniciativa que viene haciendo tránsito en silencio, sin mucho ruido, pero que reviste una gran importancia: la reforma a la salud.
El Gobierno le puso mensaje de urgencia, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha estado al tanto de su avance en el Congreso. No obstante, la discusión ha sido tenue, y esta semana, que estaba programado un nuevo debate, el proyecto fue aplazado en dos oportunidades. En últimas busca mejorar el esquema de salud actual, brindar mejores condiciones a los trabajadores del sector y prevenir futuras crisis como la de la pandemia. “Las personas serán el centro del sistema, basado en unos principios de accesibilidad, equidad, calidad, disponibilidad y oportunidad”, aseguró el senador de Cambio Radical Fabián Castillo, coordinador ponente.
La reforma ha sufrido una serie de modificaciones, tanto así que la iniciativa que se radicó el 20 de julio del año pasado no es la misma que se discute hoy. “Cerca del 50 por ciento del proyecto original se eliminó”, señala el senador Carlos Fernando Motoa, del mismo partido, quien ha sido ponente de la propuesta.
Aunque el hecho de que haya sido ajustado y la discusión se haya dado de manera silenciosa ha provocado suspicacias en algunos sectores que no están de acuerdo con varios de los puntos que contempla la iniciativa. “No puede hacerse una reforma en la que ningún actor esté contento”, afirma el representante del Partido Liberal José Luis Correa, quien tiene ciertos reparos.
¿Dónde están las diferencias? Mientras quienes defienden la propuesta dicen que ha sido concertada con la ciudadanía en diversas audiencias, otros alegan que estas se desarrollaron cuando el proyecto era completamente distinto. Por eso, algunos están de acuerdo en que de ser necesario, se vuelvan a realizar. La oposición, por su parte, reclama que no se asignaron ponentes de su bancada y que solo se designó a uno en la última subcomisión.
SEMANA conoció el texto que ha sufrido todo tipo de modificaciones y que se iba a discutir esta semana, luego de que una subcomisión estudiara las 364 proposiciones de las comisiones séptimas del Senado y Cámara, las cuales fueron concertadas por 12 parlamentarios.
Sin duda, es un gran avance la prevención de lo que pueda pasar en una eventual crisis sanitaria. Un capítulo completo de 13 artículos establece lineamientos para actuar en casos de emergencia, como el que sucedió con la covid-19. Además, se prevé todo el marco regulatorio y las acciones que se deberán tomar.
Hay puntos que, por su falta de claridad, han causado interrogantes. Uno de ellos es el que habla de prohibir la tercerización de los trabajadores de la salud, para mejorar así las condiciones de quienes laboran en el sector. Sin embargo, diferentes agremiaciones y congresistas hacen reparos, señalando que actualmente ya está prohibido y que lo que se necesitan son sanciones y controles. Algunos congresistas alertan que se deja por fuera a los especialistas y se establece un plazo de 15 días de pago que puede ser riesgoso.
Otros consideran que como está redactada la reforma se dejan puertas abiertas y no se solucionan los problemas actuales de fondo. “Presentan un proyecto de ley rimbombante, adornado con un discurso, que cuando uno va a ver lo que dicen, no está reflejado en ningún lado”, aseguró Mauricio Toro, de la Alianza Verde.
Uno de los grandes debates de la iniciativa es la posibilidad de implementar la especialidad de medicina familiar como columna vertebral del sistema de salud. La idea es que un médico de esta rama se encargue de grupos familiares específicos para hacer un acompañamiento en salud y llevar un mayor control y prevención. Pero algunos afirman que este noble propósito podría impedir el acceso a las rutas en salud con otros especialistas, o que el país no cuenta con el número de profesionales necesarios de esta especialidad para atender a los más de 50 millones de colombianos. El proyecto cuenta con estímulos e incentivos para lograrlo.
La Sociedad Científica de Especialistas en Medicina Familiar en Colombia (Socmef) hace otra alerta en este punto. Aseguran que durante décadas han trabajado en consolidar su especialidad y consideran que la propuesta permitiría que fueran catalogados “de segundo orden”, o que los equipararía “a cualquier otra formación”. Así mismo, por la necesidad de contar con más médicos familiares en el país, podrían graduarse un mayor número de especialistas, y esto podría priorizar la demanda sobre la calidad.
Otro de los puntos que suscita dudas en ciertos ramos es la regionalización del sistema y la necesidad de llegar a las zonas más apartadas. Para ello, el proyecto contempla que se descentralice la salud creando divisiones regionales. Pero hay quienes alertan que para lograrlo habría que entregarles poder a las EPS y a los entes territoriales, que podrían centralizar su capacidad en las principales ciudades del departamento –en las que hay mayor inversión y tecnología–, lo que deja de nuevo a las poblaciones menos favorecidas de lado.
De igual manera, la reforma propone incentivos y una depuración de las EPS. Para ello se subirían los estándares de calidad, con el fin de que haya un número menor de compañías, pero que brinden un mejor servicio. Esto en el papel suena lógico, especialmente después de los escándalos conocidos recientemente en el país. No obstante, para varios parlamentarios el riesgo es que se consolide un oligopolio, especialmente cuando la llegada de capital extranjero para el sector ha sido evidente en los últimos años. “El propósito es pasar a una segunda fase de la Ley 100, de volverlo negocio a volverlo monopolio. Van a repartirse el mercado”, asegura el representante de Dignidad Jorge Gómez.
El doctor Hernán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, se opone en varios puntos, y cree que con los últimos ajustes no se solucionan de fondo los problemas del sistema. Afirma que esta es una opinión que comparten otros colegas y colegios médicos, a pesar de que todos consideran primordial una reforma integral a la salud. “No para profundizar el modelo actual; tampoco para volver al modelo anterior. De entrada, planteamos la necesidad de eliminar la intermediación financiera; las EPS podrían seguir existiendo, pero solamente para administrar”, propone Bayona.
En general, los sectores concuerdan en que es necesaria una reforma que se base principalmente en un sistema de prevención, que hoy está contemplado en el papel, pero no es una realidad. Así mismo, son pocos los que creen que se debe regresar a un modelo público solamente. Si algo rescatan de la Ley 100 de 1993 es que los privados fortalecieron la capacidad del sistema para brindar una oportunidad en salud a todos los colombianos por igual, y que los ajustes de los aprendizajes de estos casi 30 años deben ser los que queden consignados en el proyecto.
La reforma cuenta con 86 artículos divididos en diez capítulos, y ha sufrido toda serie de modificaciones, que no han sido socializadas o son poco conocidas por la opinión pública. En medio de la fuerte tensión política que vive el país, será fundamental que el Gobierno deje una ley que sea funcional, que mejore el esquema de salud en los puntos que se requieren, que realmente beneficie a los trabajadores de la salud, y los deje satisfechos y con las garantías necesarias para que puedan prestar el mejor servicio a los ciudadanos. El debate deberá darse de frente al país y sin ningún tipo de suspicacias que puedan provocar más dudas en un Congreso que actualmente no cuenta con una buena legitimidad.