Cuando el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria, varios líderes políticos que respaldan el paro buscaron de inmediato otras razones para seguir movilizando a la ciudadanía, y en el proyecto de reforma a la salud encontraron un caballo de batalla.
Si bien es cierto que hay muchos reparos frente a la iniciativa, en los últimos días ha habido una campaña de desinformación en su contra. Algunos congresistas compartieron artículos que han sido retirados de la propuesta o realizaron interpretaciones erróneas a la ligera.
Por ejemplo, se habló de que se pondría en marcha un modelo similar al de Estados Unidos, en el que, además de pagar por la EPS, se tendrían que adquirir pólizas adicionales por patologías no cubiertas. O que se acabaría supuestamente con el Instituto Nacional de Cancerología para entregarlo a privados.
Se ha dicho equivocadamente que se acabaría con los regímenes especiales, entre ellos, el de los maestros, y esto provocó la indignación de Fecode, que le envió una carta al Congreso haciendo el reclamo.
“La gente no entiende qué beneficios tiene el proyecto. Hubo desinformación y falta de comunicación. Nosotros queremos que la gente tenga garantías con el acceso a la salud”, aseguró Mery Barragán, asesora del Ministerio de Salud.
Toda la polémica suscitada por la iniciativa, que tiene mensaje de urgencia para su trámite en el Congreso, llevó a que los ponentes se reunieran esta semana para decidir qué hacer. Al final, concluyeron que seguirán adelante, porque hay un consenso en el país sobre la necesidad de reformar la salud.
“En aras de poder desmentir todas las falacias, decidimos abrir nuevamente la puerta a la socialización y hacer unos foros”, aseguró el senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, autor y coordinador del proyecto.
Aun así, algunos sectores mantienen sus reparos. La firma Gestión Legislativa envió un detallado informe al Congreso en el que dice que el proyecto debe considerar varios problemas del sistema de salud actual: la ausencia de una política pública con enfoque social, el compromiso de sectores económicos diferentes al de la salud, y el suministro de un verdadero servicio integral a los ciudadanos basado en la prevención.
Las principales críticas se centran en el mayor poder que se les pueda dar a las EPS; que la regionalización termine por relegar aún más a los municipios más apartados; que el enfoque de medicina familiar termine por afectar a esta especialidad; o que empresas extranjeras se vean beneficiadas.
Además, que asuntos ya regulados, como prohibir la tercerización o el modelo de prevención, finalmente no se vean reflejados. “Debe hacerse una reforma estructural que desarrolle y reglamente la ley estatutaria de salud en la que la rentabilidad social esté por encima del ánimo de lucro, y que haya atención primaria en salud que prevenga la enfermedad”, asegura el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, quien no respalda el proyecto.
La reforma, por ahora, continúa su tránsito en el Congreso, y el propósito será la pedagogía sobre lo que allí se plantea, teniendo en cuenta que ha sufrido una serie de modificaciones desde que se radicó, y el tiempo corre y debe debatirse para que no se hunda.
Varios congresistas que inicialmente la apoyaban han retirado su firma, y algunos partidos evalúan si la siguen respaldando. “No lo hemos discutido en la bancada”, le dijo a SEMANA la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, quien tiene reparos. Al igual que el Partido Liberal, La U será fundamental para que el proyecto prospere.