El Gobierno de Gustavo Petro, después de meses de expectativa, finalmente radicó esta semana la reforma a la salud. Lejos de calmar los ánimos, el texto abrió una caja de Pandora y, prácticamente, cada día surge una polémica diferente por sus 152 artículos. El proyecto es sensible porque transforma casi el 80 por ciento del sistema, incluido el posible marchitamiento de las EPS.
La reforma se enfrenta a obstáculos jurídicos, políticos y económicos. El primero tiene que ver con lo jurídico. La Casa de Nariño se la jugó por radicar la iniciativa como una ley ordinaria, es decir, ingresará por las Comisiones Séptimas de la Cámara y Senado, en las que Petro tiene mayor control y el trámite sería más rápido.
No obstante, algunos sectores consideran que es una ley estatutaria debido a que trata un derecho fundamental, lo que implica que la reforma no podría ser discutida en sesiones extra y demandaría unos requisitos más exigentes para ser aprobada. Las leyes estatutarias tienen una categoría superior a las demás y se establece un trámite especial para su expedición por su importancia jurídica.
Por ejemplo, para su aprobación, se necesita una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros de una corporación. Conformar estas mayorías no es tan fácil para el Gobierno. Como lo reconocen desde la Casa de Nariño, las cuentas no son favorables. Adicionalmente, las leyes estatutarias, a diferencia de las ordinarias, requieren revisión previa de la Corte Constitucional.
Para evitar este camino, el Gobierno insistió en que la vía correcta es la ordinaria e incluyó el proyecto en el decreto de sesiones extra. Fuentes de la Secretaría de la Cámara le indicaron a SEMANA que el proyecto ya fue enviado a la Comisión Séptima de esta corporación y se espera la designación de ponentes.
La decisión del Gobierno podría resultar contraproducente. No solo se expone a que la Corte Constitucional tumbe la reforma si se demuestra que se tramitó por la vía equivocada, sino que, al no haber un concepto del Consejo de Estado que dirima la discusión, que es lo que piden algunos congresistas, puede llevar a que los senadores y representantes, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, retrasen la discusión hasta que no exista un pronunciamiento del alto tribunal.
SEMANA conoció que entre los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara circula la Sentencia C-153/22 de la Corte Constitucional, que tumbó un artículo de la ley de presupuesto del expresidente Iván Duque justamente porque era una norma estatutaria y se tramitó por la vía ordinaria. Este fallo dio pie a que los congresistas que aprobaron esa disposición, a finales de 2021, fueran denunciados ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato.
Detrás de esta discusión jurídica está el pulso político. La mayoría de quienes han planteado el debate sobre si la ley es ordinaria o estatutaria pertenecen a la oposición o a partidos que, a pesar de integrar la coalición de Petro, tienen reparos con la reforma. Esto demuestra las tensiones que ha desatado el proyecto.
La preocupación en el Gobierno no es si la reforma va a pasar o no, sino qué tantas modificaciones le hará el Congreso a los temas centrales. Y aquí es donde Petro tendrá que sacar la calculadora. Por ejemplo, en la Comisión Séptima de la Cámara, en la que se dará el primer debate, las cargas están así en el papel: el Gobierno tendría seguros los votos del Pacto Histórico, las curules de paz y la Alianza Verde, con lo que suma nueve de los 21 congresistas. Del lado de la oposición hay cuatro representantes y en el medio están los ocho integrantes del bloque de los conservadores, los liberales y La U. Para que la iniciativa pase en esta corporación, se debe contar con mínimo 11 votos.
En la Comisión Séptima del Senado, el panorama es similar: hay 14 senadores, de los cuales seis son del Pacto Histórico y los verdes, cuatro de oposición y cuatro del bloque de La U, los conservadores y los liberales. Se necesitan ocho votos como mínimo.
En las plenarias, las proporciones son similares y la realidad es la misma: a Petro, con sus partidos, no le alcanza y depende de lo que le puedan aportar los conservadores, los liberales y La U. El asunto que causa preocupación en la Casa de Nariño es que estos tres partidos han expresado reparos a temas centrales, como la eliminación de las EPS. El proyecto radicado indica que estas instituciones perderían su función de intermediación y administración, lo que implica acabarlas. Si esta disposición se llega a hundir, se estaría echando abajo la columna vertebral del proyecto.
“Creo que hay una estructura de un sistema de salud en las EPS que debemos conservar y, repito, construir sobre lo construido”, indicó el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.
Una muestra de las tensiones que genera la reforma se dio hace apenas 15 días cuando la ministra de Salud, Carolina Corcho, invitó a todos los miembros de las Comisiones Séptimas a su despacho para hablar de las principales líneas del proyecto, pero la asistencia legislativa fue pobre. De 21 representantes a la Cámara asistieron 12, y de 14 senadores llegaron dos.
Esta posición de los partidos tiene de fondo dos elementos centrales: primero, una preocupación legítima por no acabar con lo que funciona del sistema de salud y, segundo, saben que en este momento están cotizados y el Gobierno los necesita.
Prueba de ello es que el Partido Conservador, que cambió de presidente esta semana y puso en esta posición al senador Efraín Cepeda, justamente con el fin de obtener “un mejor trato del Gobierno”, ya envió hojas de vida a la Casa de Nariño para quedarse con la presidencia de Coljuegos.
Movidas del Gobierno
Para tener las mayorías de su lado, la administración Petro también se ha venido moviendo políticamente con la estrategia que ya le funcionó con la reforma tributaria y la ley de paz total: por un lado, se reúne oficialmente con las bancadas y, por otro lado, negocia bajo cuerda con algunos de los congresistas.
Por ejemplo, SEMANA conoció que en los últimos días, la ministra Corcho se reunió con el representante liberal Héctor Chaparro, miembro de la Comisión Séptima de la Cámara, quien le llevó una comitiva de alcaldes y gerentes de hospitales que le pidieron más recursos para sus instituciones. La funcionaria se comprometió a ayudarlos.
Asimismo, ha habido llamadas desde el Ministerio del Interior para la representante de la Comisión Séptima María Eugenia Lopera, de la línea del exsenador Julián Bedoya, líder de los liberales petristas.
En medio de los obstáculos jurídicos y políticos, en la Casa de Nariño también están echando números para resolver otro chicharrón: evaluar los impactos económicos de la reforma. La senadora del Partido de La U Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, le pidió al Gobierno que, antes de iniciar la discusión, haga llegar al Congreso el documento del impacto fiscal y económico del proyecto.
El asunto es que el encargado de elaborar este concepto es el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien tiene preocupaciones frente a los impactos fiscales de la iniciativa, es decir, qué tanto afecta el cambio del modelo de salud en variables como la confianza inversionista o el costo de los títulos de deuda TES. Por ley, si una norma tiene impactos económicos y el Ministerio de Hacienda no da el concepto positivo, el proyecto no puede aprobarse.
Hay quienes aseguran que Ocampo se está tomando su tiempo debido a que ha sido uno de los miembros del gabinete que ha hecho reparos a la iniciativa. Está claro que la reforma sufrirá una dura cirugía en su paso por el Congreso. Por ahora, requerirá ‘cuidado político intensivo’ de parte del Gobierno y alguna inyección de representación. ¿Saldrá con vida?