El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, presentó una solicitud al Congreso de la República para otorgar facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro. Estas facultades tendrían una duración de seis meses y se utilizarían para llevar a cabo una reforma en el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
El objetivo principal de esta reforma, de acuerdo con el ministro Osuna, es “mejorar la eficiencia del gasto y lograr que los 3,2 billones de pesos anuales destinados a estos organismos tengan un mayor impacto”.
El ministro Osuna hizo pública esta solicitud a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó: “Radiqué solicitud de otorgar facultades extraordinarias al presidente que permitan reformar al Inpec y a la Uspec, con la finalidad de hacer más eficiente el gasto y que administrativamente esos 3,2 billones de pesos al año tengan mejores frutos”.
Durante su participación en el conversatorio ‘Hacia la humanización del sistema penal’, organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el ministro expresó su descontento con la política penal y penitenciaria actual. Señaló que no se ha logrado reducir significativamente la criminalidad ni la reincidencia, ni se ha brindado una reparación adecuada a las víctimas. Además, destacó que esta situación ha llevado a una violación flagrante de los derechos humanos de la población privada de la libertad.
El ministro de Justicia acogió con beneplácito el debate público sobre el proyecto de Ley para la Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario y Carcelario. Subrayó que esta iniciativa es solo el comienzo y que invita a la sociedad colombiana a reflexionar sobre preguntas fundamentales: “¿Para qué castigar? ¿Cuál es el sentido del castigo? ¿Qué esperamos cómo sociedad de las cárceles?”.
Asimismo, el ministro explicó que el proyecto contempla incentivos para la resocialización de las personas privadas de la libertad, como beneficios por trabajo, educación y reparación a las víctimas. Sin embargo, aclaró que no busca una rebaja general de las penas ni una excarcelación masiva.
Durante el mismo evento, el ministro respondió a las preguntas sobre la nueva política de drogas del Gobierno, Osuna destacó la intención de avanzar hacia una transformación progresiva del prohibicionismo. Además, expresó el compromiso de cumplir con los acuerdos de paz y “cesar la persecución penal de los campesinos pobres que cultivan hoja de coca para subsistir”.
No obstante, aclaró que “no vamos a dar un paso adicional hasta que la comunidad internacional dé pasos en este mismo sentido, pero tenemos que pensar también en el comercio internacional de Colombia, en las relaciones internacionales y por eso en eso esto también puede ser el reflejo penal de un giro en la política de drogas”.
El ministro también habló sobre la propuesta de despenalizar el delito de inasistencia alimentaria. Recordó que en 2021 se aprobó la Ley 2097, que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
“Esa ley contiene unos mecanismos fuertes para llevar a los padres irresponsables a cumplir con sus obligaciones. El que aparezca como deudor moroso en esta red pierde la potestad para darle permiso a sus hijos para salir del país; no podrá celebrar negocios por escritura pública, ser servidor público, celebrar contratos con el Estado, es decir, es una situación que realmente va a obligar al deudor a pagar porque prácticamente es una muerte civil lo que acarrea estar registrado allí”, puntualizó.
En el conversatorio también estuvieron presentes Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara; Rodrigo Uprimny, presidente de la Comisión Asesora de la Política Criminal del Estado; Johana Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna; el director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, y Diana Britto Ruíz, directora de Conocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.