Uno de los aspectos estructurales del acuerdo de paz con las Farc implica realizar una reforma para democratizar el régimen político. Se trata de una ‘apertura’ para garantizar menor corrupción en los procesos electorales, mejorar la representación y permitir la presencia de nuevas fuerzas en el escenario electoral. El proyecto de reforma, que el gobierno presentará esta semana vía fast track, recoge los insumos que durante las últimas semanas entregaron la Misión de Reforma Electoral y todos los partidos políticos, excepto el Centro Democrático. Llegar a consensos sobre esta reforma no será fácil, pues en su trámite los congresistas tendrán que discutir temas que afectan su propia forma de ser elegidos. Estos diez puntos definen la iniciativa.No se conformará la Corte Electoral que había propuesto la Misión para separar del cargo a quienes hayan cometido delitos electorales para llegar al poder. En cambio se constituirá el Consejo Electoral Colombiano –que reemplazará al Consejo Nacional Electoral actual– con nueve magistrados designados por el presidente, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entre otras funciones, el Consejo Electoral ejercerá la vigilancia sobre los procesos electorales, reglamentará su presencia en los medios de comunicación del Estado y decidirá la revocatoria de inscripción de candidatos inhabilitados para competir.Le puede interesar: La contrarreforma electoral del Consejo de EstadoLa Registraduría deberá implementar gradualmente el voto electrónico y generalizar el sistema de identificación biométrica en aras de garantizar mayor transparencia en las elecciones. Seguirá encargada de administrar los procesos electorales.La lista cerrada se pondrá en marcha para Senado y Cámara en 2018. En este tema, el Partido Conservador y algunos sectores de La U, el Polo Democrático y la Alianza Verde piden un tiempo de transición. Según ellos, el cambio de reglas para crear la lista debe empezar a regir en 2022.No se conformarán los distritos uninominales que propuso la Misión para garantizar que algunas regiones de cada departamento queden representadas.Se mantiene la circunscripción nacional para el Senado.Le recomendamos leer:  “Hay que mejorar la representación territorial”La financiación de las campañas será predominantemente estatal mediante anticipos, reposición de gastos y financiación indirecta de algunos rubros como parte de la propaganda electoral y el servicio público de transporte el día de la elección. Esto último implica un cambio profundo en las costumbres políticas, pues los candidatos tendrán prohibido contratar buses ese día para movilizar votantes. Tampoco podrán entregar regalos a los ciudadanos ni manejar dinero en efectivo. Violar los topes máximos de financiación, así como las normas de propaganda electoral, transporte de electores y movimientos monetarios causará la pérdida de investidura. Las campañas para cargos y corporaciones entre 2018 y 2022 serán financiadas totalmente con recursos estatales.El Consejo Electoral pondrá en marcha el Registro Nacional de Proveedores para suministrar, con precios de referencia, bienes y servicios a las campañas. Estas solo podrán contratar a quienes aparezcan en el registro.La edad requerida para ser senador bajará de 30 a 25 años y para ser representante pasará de 25 a 21 años.El Consejo Electoral contará con un cuerpo técnico de investigación y tendrá funciones de Policía Judicial para investigar y sancionar a quienes violen las normas sobre organización, funcionamiento y financiación de las campañas, así como las regulaciones sobre encuestas de opinión y electorales.Puede llamarle la atención: El enredo de la reforma políticaEl presidente de la república queda facultado durante un mes después de aprobada la reforma política para reglamentar por medio de decretos el proceso electoral de 2018, en lo concerniente a la financiación de las campañas políticas.También podrá expedir normas en aspectos relacionados con la presentación de candidatos en coalición a cualquier cargo elegido mediante el voto.