La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, envió un concepto a la Corte Constitucional en el que comunicó que el proceso de trámite de la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), que aprobó el Congreso de la República, “estuvo acorde a nuestra Carta Política”. En su comunicación al alto tribunal, la jefa del Ministerio Público aseguró que el procedimiento seguido durante la aprobación sí fue coherente con la Constitución del país.
En el concepto rendido ante la Corte Constitucional, la procuradora Cabello Blanco destacó que la votación de los artículos de la reforma se llevó a cabo por bloques de disposiciones y no de manera individual, una decisión que fue adoptada por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes y que contó con el aval de la mayoría de los miembros del Congreso. Según la procuradora, esta elección no puede considerarse arbitraria, ya que fue sometida a consideración de todos los congresistas, quienes estuvieron de acuerdo con la organización del trabajo en agrupaciones de normas.
“Se trató de una determinación puesta a consideración de todos los congresistas, quienes estuvieron conformes con la organización del trabajo en agrupaciones de normas”, resaltó.
Cabello Blanco también enfatizó que no se vulneró el principio de publicidad en el proceso legislativo, ya que los parlamentarios tuvieron la oportunidad de conocer el contenido de los informes de ponencia con anticipación a la fecha de la deliberación y aprobación. Estos informes fueron publicados previamente en la Gaceta del Congreso.
“De ahí que, en lo que tiene que ver con una insuficiencia de tiempo para revisar las ponencias alegadas por el demandante de la norma, se presenta como una opinión individual, la cual contrasta con la decisión de las mayorías que, ante las solicitudes de aplazamiento para un estudio más detallado de los textos, optaron por seguir adelante con las deliberaciones”, precisó.
En relación con el trámite de conciliación, la jefa del Ministerio Público aseguró que se cumplieron los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso de la República, incluyendo la conformación técnica de la comisión encargada de la conciliación, que estuvo integrada por el mismo número de parlamentarios de cada corporación. Además, subrayó que el informe de conciliación fue ampliamente debatido y aprobado por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado, respetando así la regla de pluralidad en su discusión.
“Se acató la regla de ‘conformación técnica’, ya que los miembros de la comisión fueron precisamente los coordinadores de las deliberaciones en los debates, así como los encargados de elaborar las ponencias respectivas”, señaló.
El pronunciamiento de la procuradora general se centró en posibles errores de procedimiento en la expedición de la ley y, aseguró, no contradice sus anteriores pronunciamientos sobre aspectos específicos de la reforma tributaria, en los que ha solicitado que se declaren inconstitucionales debido a considerarlos contrarios a la Constitución colombiana.
Entre estos puntos se encuentran la prohibición de deducir el pago de regalías para determinar el impuesto sobre la renta y la imposición de responsabilidades fiscales sobre los plásticos de un solo uso, entre otros.
La procuradora Margarita Cabello emitió su opinión en medio de la demanda presentada por el senador Miguel Uribe Turbay, quien busca anular por completo la reforma (Ley 2277 de 2022). El senador argumentó que en esta propuesta legislativa del presidente Gustavo Petro se cometieron errores procedimentales en el proceso parlamentario; sin embargo, la Procuraduría ya estableció que no se incurrió en los procesos que surtió la reforma en el Legislativo el año pasado.