La ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien en pocos días abandonará ese cargo tras su designación como nueva ministra del Interior, alborotó el debate de las reformas laboral y pensional con las declaraciones que dio en una entrevista en Noticias Caracol. Una frase que soltó allí, al hablar de la contratación por horas, ha sido tendencia desde hace dos días en las redes sociales y tema central en los micrófonos de los medios: “Un ingeniero de sistemas no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas”
Aunque detrás de la afirmación hay un trasfondo técnico que explica el sentido de lo dicho por la ministra, muchos vieron en ella la intención del gobierno de precarizar aún más las condiciones laborales de los colombianos en medio de la profunda crisis de desempleo que sacude al país. A esto todo se le suma otro componente. Más allá de si los distintos sectores están o no de acuerdo con lo dicho por Alicia Arango, el hecho de que la ministra haya salido a medios a hablar del tema implica que, ahora sí, el gobierno prepara una reforma pensional que será presentada y discutida en el Congreso en la primera parte de este año. No se trata de un asunto menor. Cabe recordar que el rumor de que en Palacio se estaba cocinando esta reforma fue uno de los hechos que dieron pie a las protestas de finales del 2019 en el marco del paro nacional. En ese entonces, el diario Portafolio publicó un borrador del texto de la que sería la reforma pensional que se estaba trabajando en la Casa de Nariño. No obstante, el gobierno, en voz de la ministra Arango, salió a negar categóricamente esa versión. Para bajar la temperatura en las calles de unas manifestaciones que parecían cada vez más contundentes, tuvo que repetir hasta el cansancio que no era cierto que el gobierno tuviera listo un borrador de reforma. En su momento, aclaró que si bien en el ejecutivo estaban pensando en mecanismos para darle solución a la bomba pensional, estos hasta ahora estaban en la fase de discusión y socialización en la mesa de concertación laboral.
Paradójicamente, con su designación como jefe de la cartera política, será justamente Alicia Arango, que antes negaba la intención de tramitar dichas reformas, quien deberá encargarse de que estas obtengan las mayorías y vean la luz en el Congreso. Todo esto, mientras se diseña una maniobra desde el gobierno para que el anuncio de las nuevas apuestas legislativas no terminé reactivando el descontento social que se ha venido evidenciando en las calles. Es bien sabido que en el último tiempo en Palacio andan dedicados a adelantar reuniones programáticas con los líderes de los distintos partidos para superar la carencia de gobernabilidad que ha definido la administración del presidente Duque. No obstante, hasta ahora el único relevo que se ha anunciado es el paso de Arango al Ministerio del Interior que, para esos efectos, no cambia la precaria situación del ejecutivo en el parlamento pues se trata de una persona de la entraña del uribismo. Pero con la salida de Arango de la cartera de Trabajo también ha quedado en evidencia una situación que para el presidente no será fácil de sortear. Por fuera de micrófonos, los líderes de los partidos han afirmado que ya no están interesados en que alguno de sus miembros llene la vacancia en el cargo que Arango abandonará en los próximos días. A eso se llegó precisamente porque ahora está sobre la mesa la reforma pensional y todos los jefes políticos tienen claro que embarcarse en la aventura de modificar el esquema de pensiones es un esfuerzo que, si bien es necesario, no deja bien parado en la opinión al ministro que asuma esa tarea.
Y es que ese será justamente el gran reto del gobierno nacional en este 2020 que comienza. La presente administración difícilmente podría tener una situación más adversa para llevar hacer realidad sus apuestas legislativas. La gobernabilidad no despega, la demora en los reajustes de gabinete tiene a los partidos dudando de si entrar o no a hacer parte del ejecutivo, la popularidad presidencial sigue siendo muy baja y, paradójicamente, las reformas que desde un punto de vista técnico y económico son necesarias, son justamente las que llenan las calles de marchantes inconformes con el estado actual de las cosas. No obstante, el gobierno, en un acto de responsabilidad, tendrá que jugarse todo su capital político y asumir las consecuencias que pueda tener la apuesta de poner sobre la mesa los reajustes al sistema pensional y laboral. Hoy por hoy, los números en esos dos frentes son dramáticos. Aunque los empresarios le han pedido al gobierno que destape sus cartas y que haga público un borrador de las reformas que pretende impulsar, la ministra ha dicho que prefiere no hacerlo mientras no se hayan solucionado los temas gruesos en las mesas de concertación. Esto, tal vez, ha hecho que los anuncios y declaraciones parciales hayan tenido un impacto de descontento generalizado en la opinión pública.
Sin conocerse aún el texto completo de lo que se va a llevar al Congreso, hay temas que ponen a todo el mundo a especular. Por ejemplo, tanto el presidente como la ministra han hablando de unos “inamovibles” que no se van a tocar en la iniciativa legislativa que se presente. Entre estos están no modificar la edad de pensión -62 años para hombres y 57 para mujeres-, ni la tasa de cotización. También se ha hablado de respetar los derechos adquiridos y la pensión de sobrevivencia, así como fortalecer a Colpensiones. Es muy difícil que pueda desactivarse la bomba pensional si el gobierno se mantiene firme en su intención de no meterse con los temas que, en esencia, son la columna vertebral del problema. De los cerca de 6.5 millones de adultos mayores que hay hoy en el país, solo unos 2 millones tienen pensión; Hoy los subsidios del sistema público cobijan primordialmente a quienes tuvieron ingresos altos y no a los menos favorecidos; y en 2020 el gobierno destinará alrededor de 43.3 billones de pesos al pago de pensiones del Estado, lo que representa un 20 por ciento del presupuesto total del año. Con esto, uno de los rubros de gasto más importantes del erario está siendo destinado a beneficiar a unos pocos. Y, como si fuera poco, de los 23 millones de trabajadores solo 3 millones tendrán acceso a pensión. En síntesis, se trata de un problema mayúsculo que viene años haciendo agua y que lleva varias décadas sin reformarse. Como el tema se volvió insostenible, y el debate no da espera, será el gobierno de Iván Duque al que le toque cargar con el lastre de modificar el esquema de pensiones y el diseño de los mecanismos de contratación del país. La pregunta que queda es si, en medio de esta crisis de gobernabilidad y popularidad, y con plena efervescencia en las calles, logrará el gobierno el impulso suficiente para volver realidad las grandes reformas.