Más allá de las nuevas fuerzas que componen el nuevo Congreso de la República y de las pujas políticas que se avecinan, el Legislativo tendrá que abordar dos temas que resultan prioritarios para el país: las reformas laboral y pensional.
Estos temas han vuelto a la agenda pública luego del debate presidencial de la gran alianza de SEMANA y El Tiempo, en el que se hicieron polémicos planteamientos frente al futuro de las pensiones en el país.
Sin embargo, si bien una reforma en este campo deberá ser impulsada por el próximo jefe de Estado, será el Legislativo el que finalmente tendrá que tramitarla.
Los expertos han advertido que el Congreso tendrá que desactivar de manera urgente una bomba de tiempo social, a punto de estallar en caso de que, tal como ocurrió con el actual Congreso, se les haga el quite a las reformas pensional y laboral: por más impopulares que suenen, resultan prioritarias para un país en el que la mitad de la población está en la informalidad.
El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Santiago Montenegro, aseguró que hoy la cobertura de pensiones es muy baja y el régimen público tiene un déficit muy grande, pues “el hueco anual es mayor a 40 billones de pesos”.
“Tenemos más de seis millones de abuelitos, de adultos mayores, pero 3,2 no tienen nada. Si no hacemos nada y dejamos la regulación que hay, a mediados de siglo vamos a tener unos 14 millones de adultos mayores, de los cuales 7,2 no van a tener nada”, aseguró Montenegro.
Así mismo, afirmó: “Con las cotizaciones de un trabajador no se puede pagar completa la pensión de un jubilado. Esto hace inviable el régimen de prima media”.
Así mismo, los analistas en asuntos económicos han señalado que se deben analizar reformas en material laboral, para que el empleo no resulte tan costoso para los empresarios y se pueda empezar a reducir la tasa de desempleo, que como consecuencia de la pandemia alcanzó niveles elevados.
En esto coincide Luis Felipe Vega, profesor de la Universidad Javeriana y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Leipzig, quien agrega que, adicionalmente, el próximo Congreso tendrá una de las labores más difíciles de una institución en las últimas décadas: brindar solución a una serie de problemas cuya raíz es la pandemia de la covid-19.
Así, el nuevo Congreso, según Vega, debe combatir problemáticas en “por lo menos, cinco frentes: la reactivación económica, la creciente percepción de inseguridad en las ciudades, una reforma tributaria estructural, la migración ilegal y el control territorial contra las nuevas y viejas amenazas (grupos armados organizados y disidencias)”.
Será también labor del nuevo Legislativo reglamentar asuntos relacionados con las libertades sociales, como la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, sentenciada por la Corte Constitucional, y la ruta de atención para quien solicita la eutanasia, o, de lo contrario, los ciudadanos seguirán condenados a un limbo jurídico.
La reforma de Petro
Precisamente Gustavo Petro ya dio puntadas de lo que sería una reforma suya en materia pensional en caso de llegar a la Casa de Nariño.
“Nosotros no tenemos un sistema pensional, sino un sistema de utilidades bancarias. Hay cuatro millones y medio de personas de la tercera edad, la mayoría mujeres. Solo un millón y medio tiene pensión pagada por el Estado. No por nadie más. Los tres millones restantes se mueren solos”, criticó Petro.
Para tener un sistema más equitativo aseguró: “Tengo que reformar el actual sistema pensional, logrando que el cotizante pague directamente un pensionado, eso se llama reparto simple. Si eso lo logro, tengo el recurso, 18 billones de pesos anuales, para pagar medio salario mínimo a cada uno y una de las personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión y logramos 100 % de cobertura, es decir, el derecho a la pensión”.
Petro continuó diciendo que, para lograr dicho objetivo, “el cotizante no debe cotizar en un fondo privado”, porque este usa el recurso y, al final, “se ha enriquecido el banquero con el dinero del cotizante, pero cuando llega a pedir pensión le responde que ‘no hay renta mínima vital’, es decir, que no hay pensión”.