La sentencia de la Corte Constitucional sobre consultas populares generó una enorme controversia, y a su vez dejó muchas preguntas en el aire. Una de ellas es qué sucederá con los procesos que se adelantan en más de 130 municipios que habían solicitado convocar a sus ciudadanos para que definieran la suerte de proyectos mineros y de hidrocarburos. El primer grito respecto a esa suerte lo puso este martes el registrador, Juan Carlos Galindo. El futuro de las consultas populares se convirtió en una de las grandes incóginitas del país después de que la Corte Constitucional resolvió el entuerto generado para las industrias extractivas por dos decisiones adoptadas por ese tribunal en 2014 y 2016. Habían creado tal grado de confusión entre los empresarios de petróleo, gas y minería que tenían frenada la inversión y decenas de proyectos en el limbo. En una carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, el registrador Galindo le preguntó a la corte qué pasará con las consultas que ya están programadas. "Considerando que desde hace varias semanas se vienen adelantando las gestiones administrativas necesarias para efectuar las consultas populares respecto a la explotación de hidrocarburos y minería en los municipios de Fusagasugá, y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca, que se llevará a cabo el 21 de octubre, de manera respetuosa, requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas", dice el documento. Puede leer: Comunidades contra la minería: el Estado tiene la última palabra La sentencia de la semana pasada tiene un impacto enorme. Según la Asociación Colombiana de Minería se tienen contadas 158 iniciativas de consultas populares; 135 acuerdos municipales y se han realizado nueve consultas populares. En su pronunciamiento del jueves pasado, la corte hizo tres precisiones claves para destrabar la inversión en el sector: ratificó que el Estado mantiene su autonomía para decidir sobre el uso del subsuelo; que las consultas populares no son el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos; y que a instancias del Congreso la Nación, las regiones y las comunidades deben concertar mecanismos para respetar los intereses de todos. El alto tribunal falló así una tutela presentada por la compañía petrolera Mansarovar, que después de haber firmado un contrato de exploración con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no pudo sacar adelante su iniciativa. La causa: en una consulta popular de Cumaral, Meta, sus habitantes rechazaron las explotaciones mineras o petroleras. El gobierno, los gremios y empresarios del sector aplaudieron esta decisión, que pone fin a la incertidumbre jurídica. Pero algunos ambientalistas creen que esa decisión, a la que consideran equivocada, podría caldear aún más las protestas sociales. Con este panorama, surgió la pregunta entre varios defensores de este mecanismo de participación sobre lo que va a suceder en el futuro con las consultas. Esa preocupación se vive con mayor intensidad en dos municipios: San Bernardo y Fusagasugá. En el primero, los habitantes fueron llamados a votar sobre las actividades de exploración, perforación y explotación de hidrocarburos. Y en Fusagasugá, la consulta preguntará sobre si los ciudadanos están de acuerdo con que en el municipio se realicen exploraciones sísmicas, perforación exploratoria, fracking, producción de hidrocarburos y minería a gran escala. En ambos lugares la sentencia cayó como un baldado de agua fría. En otro documento, el alcalde de Fusagasugá le respondió al registrador del municipio en el que le daba respuesta a la pregunta sobre si en el lugar se va a realizar o no la jornada. "Esta consulta ha cumplido con todos los requisitos para su realización (...) No es competencia mía ni de ningún funcionario del ente territorial disponer si la consulta se realiza o no, pues no es pertinente ni prudente controvertir la decisión judicial que está en firme", dice. Puede leer: Los 9 municipios que le dijeron No a la minería usando la consulta popular Todo estaba ya calculado para que el próximo 21 de octubre se realizaran las votaciones. Sin embargo, la jornada se encuentra en un limbo por el fallo de la corte.