Después de una sala extraordinaria que duró dos horas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó drásticas decisiones en medio de las investigaciones que se adelantan por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que se encontraban en el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles.
Tras la filtración de la declaración juramentada del exdirector Olmedo López, la Sala ordenó el traslado de los expedientes en las investigaciones preliminares que se adelantan contra los congresistas Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.
Estos expedientes se abrieron luego de la compulsa de copias que hizo el pasado jueves la Fiscalía General para que se realizaran las investigaciones pertinentes teniendo en cuenta los interrogatorios rendidos por Olmedo López y Sneyder Pinilla.
“Por razones de conexidad procesal, en virtud de la posible existencia de un fenómeno de corrupción administrativa ocurrido en una entidad pública, durante un lapso determinado, con la participación de algunos directivos y con similares características en las presuntas conductas ilícitas”, precisó la Corte Suprema por medio de un comunicado.
En el mismo documento se reseñó que los hechos iban a ser “investigados inicialmente en el mismo radicado a cargo del magistrado” Alarcón Granobles. Sin embargo, todo cambió por la filtración de la declaración.
Igualmente, se ordenó el traslado del expediente que cursa contra el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur, quien también fue mencionado por Olmedo López en una entrevista exclusiva a SEMANA.
“Este tema de los carrotanques va más allá y toca a aforados. Para darte solamente un nombre, al presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur”, aseguró el exdirector de la UNGRD. “Es uno de los beneficiados de todo este proceso”.
“Se vendió. Creo que para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes y el que recibe. Cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o del valor de unos camiones o la discusión de si los camiones sirven o no. Tenemos que arrepentirnos de unos hechos lamentables que en Colombia, Dios quiera, no se vuelvan a repetir”, aclaró.
Estos procesos pasarán ahora a conocimiento del presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, quien deberá definir la situación jurídica.
Es decir, si abre una investigación formal o cierra los casos. Para esto, deberá evaluar las pruebas documentales y testimoniales que se han recolectado hasta la fecha.
El magistrado Francisco Javier Farfán continuará con la investigación que ya venía adelantando contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Name y Calle son investigados por los delitos de cohecho propio (recibimientos de sobornos) y un posible enriquecimiento ilícito. En medio de la investigación preliminar, el magistrado Farfán Molina escuchó las declaraciones del director general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González; el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el director de la UNGRD, Carlos Carrillo; la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y el exdirector de la UNGRD, Olmedo López.
Igualmente, ordenó una inspección judicial a la sede principal de la UNGRD para obtener información de los contratos de los carrotanques para La Guajira, así como una visita al Congreso para obtener las certificaciones de fuero de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.