El ministro Guillermo Botero tenía que caerse. No solo por los lunares de su trabajo, sino por las matemáticas de la moción de censura. Después de las revelaciones de Roy Barreras sobre menores de edad muertos en el bombardeo en Caquetá contra alias Gildardo Cucho, el ministro no tenía cómo salvarse. El propio Álvaro Uribe, sorprendido ante las denuncias, hizo una moción de orden y le pidió a Botero dar explicaciones. Este se limitó a defender la legitimidad del operativo sin responder los interrogantes de fondo sobre los menores muertos. Antes de la denuncia de Roy Barreras, César Gaviria, a nombre del Partido Liberal, y Rodrigo Lara, por Cambio Radical, habían notificado que votarían en bloque por la moción de censura. Después de las revelaciones de Barreras, su partido, La U, también se sumó. Para tumbar al ministro requerían 55 votos, la mayoría de los 107 senadores habilitados. Los votos contra el ministro llegaron a sumar 67. Eso incluía a toda la oposición, a los independientes (Cambio Radical y liberales) y a los 14 de La U, en teoría un partido de la coalición de gobierno. Antes de sufrir la humillación de ser el primer ministro en la historia tumbado por una moción de censura, Botero renunció. Eso no significa que la votación al respecto no vaya a tener lugar. Los partidos que lo iban a censurar quieren dejarse contar para enviarle un mensaje a Duque: le pueden aplicar las matemáticas contra Botero a cualquier otra iniciativa del Gobierno. La renuncia del ministro no despeja los interrogantes sobre el bombardeo. La versión simplista es que el Ejército no tenía manera de saber que había menores y que el ministro cayó no tanto por autorizar el operativo, como por ocultar la información sobre el mismo después de los hechos. Sin embargo, como el tema se politizó, toda clase de interpretaciones salieron a flote.
Para el uribismo, si hubo menores muertos en el operativo, los culpables son los disidentes de las Farc por haberlos reclutado y no el Ejército, que no tenía cómo saber que estaban ahí. Algunos del Centro Democrático, como Rafael Nieto, son más radicales e insisten en que “los menores de edad (incluso menores de 15) que empuñan las armas son combatientes y, por lo tanto, blancos legítimos”. Uribe, por su parte, no es tan explícito, pero insinúa lo mismo con la frase: “Si hay unos niños en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno?”. La oposición, como era de esperarse, tiene una visión diferente. Expertos en derecho internacional, como la representante verde Juanita Goebertus, dicen que la operación no cumplió con el principio de precaución, pues no contaban con inteligencia suficiente para saber si había niños o no en el área, ni si participaban o no en las hostilidades. Gustavo Petro es más radical: aprovechó el momento para acusar a Duque de asesino de niños al compararlo con Herodes.
Para comenzar, todos los grupos armados reclutan menores y por lo general los combatientes son muy jóvenes. En el bombardeo de Caquetá el más viejo, aparte del Cucho, tenía 24 años. Según el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma, un niño tiene menos de 15 años. El Estado colombiano lo interpreta de manera diferente y considera que “menor” significa menos de 18. Con esta definición es probable que en prácticamente todos los bombardeos de los últimos años hayan caído menores. En el de Caquetá sucedió que el número de menores muertos resultó desproporcionado. De un total de 14, ocho tenían menos de 18 años, incluida una niña de 12. La otra pregunta tiene que ver con las posibilidades que tenía el Ejército de saber que en ese campamento había uniformados de menos de 18 años. Expertos consultados por SEMANA coinciden en que es muy difícil para la inteligencia militar tener esa información concreta. No está claro con qué datos contaban las fuerzas armadas para aprobar el bombardeo. El personero de Puerto Rico, Caquetá, había advertido que en la zona estaban reclutando niños. Sin embargo, no era una denuncia concreta sobre el campamento y en todas las zonas del conflicto hacen lo mismo. En todo caso, después de cualquier bombardeo le corresponde a Medicina Legal hacer la investigación post mortem de los caídos en combate y redactar un informe. Alguien le filtró este informe a Roy Barreras y sirvió de base para las denuncias en el debate, pero no se conoce oficialmente. No se sabe si el presidente y su exministro de Defensa recibieron la información sobre la edad de las víctimas, pero si lo hicieron, omitieron revelarla a la opinión pública. Esta fue la gota que rebosó la copa que provocó la renuncia de Botero. Pero el ministro venía de una tanda de salidas en falso que lo habían debilitado. Antes de posesionarse, enfureció a la izquierda al decir que tocaba reglamentar la protesta social. En el Vichada dijo que el aumento de robos se debía a que la gente dejaba colgada la ropa afuera. En la audiencia pública ante la Corte Constitucional sobre la fumigación con glifosato no pudo responder cuánto costaba asperjar una hectárea. Y otra metida de pata fue el ‘oso’ de la inteligencia militar al poner al presidente a presentar un informe con fotos falsas ante la Asamblea General de la ONU.
Muchos de esos errores no eran responsabilidad directa de él, pero sí política. El uribismo siempre lo defendió, y lo sigue defendiendo, por tratarse de un hombre de la entraña del expresidente Uribe. Duque, por su parte, fue generoso y le hizo un gran homenaje en una ceremonia de la Policía. Botero, que había llegado al cargo sin tener idea de cómo funcionaba el estamento castrense, logró con el tiempo y con su defensa del general Nicacio Martínez ganarse el respeto de los militares. El saliente ministro tuvo que afrontar la herencia de 200.000 hectáreas de coca que dejó el gobierno anterior y una situación de orden público complicada por cuenta de las disidencias de las Farc y otros grupos armados. En cuanto a la coca, quebró la tendencia de crecimiento de los cultivos y dejó un balance satisfactorio. En cuanto a lo segundo, logró propinar algunos golpes importantes a las disidencias como al dar de baja a alias Guacho y otros cabecillas. La caída del ministro de Defensa tiene implicaciones de orden público y, sobre todo, políticas. La coalición de partidos que lo tumbó está envalentonada y quiere notificarle al presidente que sin el Congreso no va a poder gobernar. En capilla ya le tienen la amenaza de otra moción de censura, esta vez contra el ministro de Agricultura. Esta probablemente no va a prosperar, pues el tema de las aletas de tiburón no da para tanto. Y quizás el jugoso botín burocrático de ese ministerio y sus puestos en las regiones abrió el apetito a muchos parlamentarios. Todo lo anterior le sirve al Congreso para hacerle saber al presidente que necesita conformar una coalición amplia que tenga mayorías en el capitolio. En la práctica, para insistirle en que la representación política no es mermelada. Ese mensaje indigna a Duque, pues se lo repiten todos los días. Sin embargo, él asocia la repartición de los ministerios a los partidos con la vieja política y considera que uno de sus legados en la historia será haber cambiado las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. En este momento el Gobierno y el Legislativo están midiendo fuerzas. El campo de batalla a corto plazo será la reforma tributaria. El presidente quiere que se la pasen intacta como la presentó, y los partidos independientes y de oposición han descartado esa posibilidad. Sumado a esto, está el paro nacional del 21 de noviembre, que puede implicar que el debate salga del capitolio a las calles y produzca nuevas circunstancias políticas. Gobernar sin Congreso es muy difícil, lo cual significa que en este mano a mano los parlamentarios llevan las de ganar. Pasadas las elecciones regionales, los senadores y representantes vuelven a concentrarse en los temas nacionales, y la medición de fuerzas alrededor del ministro Botero es apenas un abrebocas. El presidente podría aprovechar la coyuntura para hacer los cambios que le den gobernabilidad. Por el momento su administración está bloqueada.