El académico Daniel Mejía Londoño, presidente de la Comisión Asesora para la política contra las Drogas, creada por el presidente Juan Manuel Santos, presentó este lunes su renuncia al cargo de forma sorpresiva. En las últimas horas les envió la carta de dimisión a los ministros de Salud, Alejandro Gaviria, y de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, para que ellos dispusieran sobre su permanencia en el cargo. Mejía Londoño, quien además es director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, explicó que los motivos de su renuncia estuvieron motivados por los cuestionamientos que la Cancillería ha hecho a sus trabajos e investigaciones académicas. Estas tratan sobre los efectos que la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato tienen sobre la salud de los ciudadanos en la zonas del país donde se adelanta esta política de erradicación, especialmente en Nariño y Putumayo.Según los estudios adelantados por Mejía, queda en evidencia que las campañas de aspersión aérea con glifosato “tienen impacto muy pequeño” en el propósito de reducir los cultivos ilícitos en el país, al punto que señaló que por cada hectárea asperjada la reducción de cultivos de coca es de 12 y 15 %, razón por la cual es necesario fumigar más de nueve veces la misma hectárea para lograr una efectiva reducción.El académico también ha concluido que la aspersión aérea, además de tener costos muy elevados en materia económica, genera enfermedades dermatológicas y aumentan la posibilidad de los abortos. Por lo que asegura que esta metodología no genera los efectos y resultados esperados en cuanto a la política contra las Drogas. “Hay una base científica muy sólida para cuestionar que estamos haciendo con la fumigación con glifosato”, dijo recientemente en declaraciones a La W Radio.Las conclusiones de estas investigaciones académicas no fueron de buen recibo en la Cancillería, a tal punto que Mejía reveló que un grupo de funcionarios del ministerio le había pedido “de manera explícita” que pospusiera la publicación de sus trabajos hasta después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitiera un fallo sobre la demanda que Ecuador interpuso en contra del gobierno colombiano por los efectos nocivos de las fumigaciones con glifosato en zonas de frontera.Mejía cuestionó que el gobierno colombiano, en su estrategia de defensa, se hubiera basado únicamente en un estudio adelantado por contratistas y excontratistas de la compañía Monsanto, la misma que fabrica el glifosato.Finalmente, el gobierno colombiano llegó a una conciliación con Ecuador, en la que aceptó el pago de una indemnización por cerca de 15 millones de dólares, acuerdo con el que el gobierno de Rafael Correa decidió no persistir en su demanda contra Colombia.Ante estas “presiones indebidas” y descalificaciones a sus estudios provenientes de una entidad del propio gobierno, Mejía decidió presentar su renuncia. “Estas descalificaciones personales y profesionales, por el hecho de provenir de la Cancillería, interfieren directamente en mi trabajo en la Comisión Asesora para la Política de Drogas y más directamente en mi labor como presidente de esta. Tratándose de una Comisión independiente y académica, creada por el gobierno colombiano para hacer una evaluación rigurosa de la política de drogas en Colombia y emitir una serie de recomendaciones de política pública en torno a estos temas, yo no puedo permitir que una institución del mismo gobierno haga este tipo de cuestionamientos en mi contra”, explicó Mejía en la carta que le dirigió a los ministros de Salud y Justicia con el propósito de dejar a su consideración la permanencia en el cargo.