El día que Claudia López se posesionó como alcaldesa dijo que su gobierno marcaría un nuevo contrato social y ambiental del siglo XXI. Eso ya sonaba bastante difícil y ahora, con la crisis provocada por la covid–19, sus retos son aún mayores. Durante el tiempo restante de su gobierno tendrá que enfocarse en afrontar las consecuencias sociales y económicas que dejará la pandemia. Bajo ese panorama, la alcaldesa presentó el Plan Distrital de Desarrollo, la hoja de ruta que marcará el rumbo de Bogotá en los próximos cuatro años. La mandataria quiere que sea aprobado por consenso y por eso se ha reunido con todas las bancadas para escuchar las propuestas y críticas. Algunos aportes se han agregado al plan y otros están por discutirse. Este viernes empieza el debate en el Concejo y se votará antes de que termine mayo. Varios concejales reconocen que hay un avance significativo en la inversión que se hará en el sector Salud (2,3 billones de pesos). También destacan el hecho de buscar un ingreso solidario permanente para las familias pobres de la ciudad, los avances que se proponen en temas de mujer y madres cabeza de familia, y también en oportunidades para los jóvenes en materia de educación y trabajo. Así mismo, la idea de cuidar la estructura ecológica de la ciudad. Pero hay otros temas en los que los concejales no se han podido poner de acuerdo con la administración.
A Andrés Forero, del Centro Democrático, lo que más le preocupa es que el plan que presentó Claudia al Concejo no es el mismo que expuso ante el Consejo Territorial de Planeación en febrero. Por la pandemia, la administración incluyó 56 artículos que no fueron discutidos con la ciudadanía. “Una de las razones por las que se cayó la venta de la ETB en la pasada administración fue porque no se había tenido en cuenta el principio de participación ciudadana. Lo mismo pasaría con estos 56 artículos”, advirtió. A Rubén Torrado, de La U, le preocupa específicamente el artículo 36 del plan, que faculta a la administración para contratar de manera directa en el marco de la pandemia. Aunque el Distrito dice que se trata de un acto de transparencia, Torrado y otros concejales consideran que la corporación no puede autorizar a la alcaldesa para “contratar a dedo”, porque eso sería extralimitarse en sus funciones y podrían ser demandados. Y, de hecho, la alcaldesa no necesitaría ese aval, pues en el marco de emergencia se permite hacer ese tipo de contrataciones. Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo, también asegura que la alcaldesa “pide que se le den demasiadas facultades especiales” para hacer cambios a las empresas públicas o para crear unas nuevas. Señaló que esos proyectos deberían pasar por el Concejo por separado y no ser aprobados sin un sustento que justifique la modificación de las empresas públicas o la creación de algunas nuevas. Ahí cabe la creación de Agencia de Analítica de Datos, el nuevo operador público de transporte, y la facultad de TransMilenio para hacer proyectos inmobiliarios en vez de renovación urbana, entre otros. Hay algunos que están de acuerdo con la creación de algunas de estas entidades, pero consideran que deben ser discutidas en detalle y por separado.
Quizás uno de los mayores inconvenientes que ven Marisol Gómez, del movimiento Bogotá para la Gente, y Samir Abisambra, del Partido Liberal, es que el Plan de Desarrollo podría quedar desfinanciado. Aunque la Secretaría de Hacienda tiene en cuenta que el crecimiento del PIB para Bogotá este año será negativo por la pandemia y se redujo el presupuesto en 3 billones de pesos, tanto Gómez como Abisambra consideran que el Distrito de todas maneras tiene unas expectativas muy altas de crecimiento para 2021. “Tendría que pasar casi un milagro para que la economía crezca un 5 por ciento, como calcula la administración”, dijo Gómez. La Contraloría también advirtió que el Plan de Desarrollo podría estar desfinanciado en 18 billones de pesos. En materia económica, Ana Teresa Bernal, de la Colombia Humana-UP, celebra que se le quiera dar un ingreso permanente a las familias más pobres, pero considera que el Plan tiene metas “muy bajitas” de reducción de pobreza. “Peñalosa quiso bajarla en un 4 por ciento y la alcaldesa propone la misma cifra. Entendemos que la situación estará dura, pero nos parece que debería haber una estrategia más potente para reducir la pobreza”. También señala que precisamente para reducir el flagelo es importante la formalización de los trabajadores del sector salud y de los profesores, pues muchos están vinculados sin ningún tipo de garantías laborales. En la misma línea, Gloria Elsy Díaz, del Partido Conservador, quien dice que es necesario fortalecer la Secretaría de Desarrollo Económico. Díaz considera que con un 1 por ciento del presupuesto “el Distrito no pasa de ser un mero gestor para la reactivación económica” cuando debería tener más dientes para poder financiar proyectos productivos y apalancar a los empresarios pequeños y medianos que lo están perdiendo todo por la pandemia. Marisol Gómez alerta también sobre la necesidad de fortalecer la seguridad que podría verse afectada precisamente por el aumento de desempleo y pobreza. Aseguró que en esa materia las metas de la alcaldesa tampoco son muy ambiciosas. “El hurto a persona es lo que más aqueja a los ciudadanos y la alcaldesa pretende bajarlo solo al 4 por ciento”. Agrega que en el plan no se contemplan las URI prometidas en campaña o la compra de tecnología adicional. Y que todavía no es muy claro cómo se va aumentar el pie de fuerza a 2.000 uniformados.
Hablando de “metas poco ambiciosas”, Carlos Carrillo, del Polo Democrático, considera “inaceptable” que el partido del nuevo contrato social y ambiental tenga metas tan bajas en el propósito de reverdecer a Bogotá. “Peñalosa, el leñador, tenía en su plan plantar 85.000 árboles en las zonas urbanas de Bogotá. Claudia, del Partido Verde, se propone solo 80.000”. El concejal asegura que también le preocupa que la alcaldesa no haya detenido el proceso que se llevaba en la Anla para la construcción del Sendero de las Mariposas, y que no haya metas más claras sobre el uso de tecnologías eléctricas en el sistema de movilidad. En materia de movilidad, varios consideran que el artículo 99 no es lo suficientemente preciso y que deja abierta la posibilidad de hacer un TransMilenio por la Séptima. Aseguran que no es claro si se van a tener buses eléctricos y tampoco se precisa si va a haber un carril exclusivo o preferencial para los buses. Carrillo aplaude que a TransMilenio se le quiten las funciones de renovación urbana porque para eso está la Empresa de Renovación Urbana, pero le preocupa la posibilidad de gestionar proyectos inmobiliarios que generarían muchos intereses a los privados.
María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, dice que uno de los temas que más le preocupaba es que no se mencionaba mucho el tema de la bicicleta, que es una de las banderas de Claudia, pero que sus comentarios ya fueron tenidos en cuenta. Una de las cosas que espera queden incluidas es el sistema de bicicletas públicas y los parqueaderos. También ha propuesto que en este gobierno se haga un piloto con buses eléctricos para TransMilenio. Además, dice que aunque la Alcaldía ha aumentado las metas en reducir la contaminación del aire y el material particulado del 5 al 10 % en fuentes móviles, considera que se podrían subir aún más teniendo en cuenta que este año entran los nuevos buses, que se ha reducido el uso del carro y ha aumentado el uso de la bicicleta. En ese mismo sentido, también considera importante que se incluya una meta de taxis eléctricos. Manuel Sarmiento, del Polo, afirma que otra cosa que habría que precisar es la propuesta de la red de Metro. Los regiotram de occidente y del norte son tranvías que dependen en especial de la Gobernación de Cundinamarca y el Metro de Bogotá hasta ahora está planteado para llevarlo hasta Suba y Engativá, que sería alargar la primera línea. Para hablar de una red de Metro se necesitan más líneas. Por último, Yefer Vega, de Cambio Radical, considera que todo el plan en general debería tener metas que se pudieran cuantificar. Señala, por ejemplo, que el saneamiento del río Bogotá no tiene compromisos claros para 2024, cuando para ese momento ya deberían estar terminadas las plantas de tratamiento. Lo mismo, dice él, pasa con la construcción del TransMiCable de San Cristóbal. Asegura que tampoco existe compromiso en la renovación de la flota de transporte de carga, la Bogotá nocturna apenas está enunciada y con respecto a las oportunidades para las mujeres considera que el presupuesto de 6.000 millones para el cuatrienio no son suficientes. Como se ve, se vienen 15 días intensos de debate en los que la Alcaldía tendrá que ceder o convencer a los concejales de lo que planea para Bogotá.