Un intento de motín se reportó en la noche del miércoles 14 de septiembre en la URI de Puente Aranda, ubicada en el occidente de Bogotá, en el que los presos prendieron fuego a los colchones para intentar escapar.

De acuerdo con el Ojo de la Noche de Blu Radio, para intervenir y detener la conflagración llegaron al lugar hombres del Esmad y dos tanquetas de los bomberos de Puente Aranda.

La fuga y el incendio fueron controlados por las autoridades sobre las 11:00 p. m.

Sin embargo, los familiares de los presos aseguraron que el intento de motín se generó por la situación de hacinamiento que viven los detenidos, lo que los habría llevado a una situación de estrés que derivó en varios desmanes y el posterior incendio.

Esta no es la primera vez que se presenta una situación similar en la URI de Puente Aranda este año.

En abril, las autoridades registraron un intento de fuga masiva de algunos reclusos del lugar, después de que le prendieron fuego al primer y segundo pisos del edificio. Hasta el momento se desconoce el número de heridos tras la acción.

La situación de hacinamiento en las cárceles y URI de Bogotá se hace cada vez más insostenible.

De acuerdo con la Personería de Bogotá, la situación de hacinamiento en las cárceles de la ciudad está por encima del 250 %.

En el último año, se han presentado al menos cinco fugas masivas o intentos de fuga en Santa Fe, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. La Corte Constitucional ha determinado que los privados de la libertad pueden estar máximo 72 horas en una estación de Policía o en una URI, pero en algunos casos llegan a estar hasta meses.

“El hacinamiento es un común denominador en todas las estaciones de Policía en Bogotá, tenemos una capacidad de 1.094 detenidos, pero a la fecha hay 3.092 capturados, es decir, casi tres veces más de sobreocupación con un hacinamiento de 292 %. Del total de detenidos, 500 ya fueron condenados y deberían estar en los establecimientos penitenciarios establecidos por la ley”, aseguró el personero de Bogotá, Julián Pinilla.

Actualmente, en solo la estación de Policía de Santa Fe, hay un hacinamiento del 370 %, pero hay otras estaciones con cifras más alarmantes: en Usaquén, el hacinamiento llega a 745 %; en Bosa, a 666 y en Teusaquillo, a 620. Para 2021, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento en la estación de Policía de Kennedy llegó a ser de 1,016 %; en la URI de Puente Aranda, de 776 y en Engativá, de 442.

Bogotá, con el 553,4 %, es la tercera ciudad más afectada por hacinamiento en todo el país, detrás de Bucaramanga (835,6) y Santa Marta (553,4). Le siguen Cúcuta (491,4) y Riohacha (333,7).

“No hay interés por parte de la alcaldesa Claudia López, desde el inicio de su gobierno, en invertir en infraestructura de justicia para la ciudad. Una estación de Policía no es el lugar adecuado para el alojamiento permanente de presos y el mismo comandante de la Policía lo ha reconocido. Como si fuera poco, como candidata, Claudia López prometió la construcción de 10 URI para la ciudad, pero en el Plan de Desarrollo Distrital solamente quedaron tres y, de acuerdo con la ejecución con corte a marzo de este año, la construcción de esas tres URI tan solo registra un avance de 24 %, mientras que el hacinamiento sigue aumentando casi al doble”, afirmó la concejal Diana Diago.

El sobrecupo es un problema de gran envergadura que también afecta a las cárceles en la ciudad. A agosto de este año, de acuerdo con cifras del Inpec, Bogotá tiene un hacinamiento carcelario del 16,2 %. En La Picota es del 13,6 %; en La Modelo, 9,4 y en el Buen Pastor, 45 %. Esta sobreocupación obliga a la policía a no efectuar traslados a los centros penitenciarios para que los delincuentes puedan cumplir su condena.

Un panorama bastante desalentador si se tiene en cuenta que en Bogotá, en promedio, al día se capturan 88 delincuentes por hurtos y porte de armas, entre otros delitos, y el 82 %, es decir, 72 delincuentes, quedan en libertad. Así, Bogotá está perdiendo la batalla contra la delincuencia, porque de nada sirve capturar a los criminales si en menos de 48 horas quedan libres y no hay a dónde trasladar a los que sí permanecen detenidos.