Pocas horas después de que los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, y de la Sala de Casación Penal, Hugo Quintero Bernate, le solicitaran a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes darle “celeridad” a la investigación contra el magistrado Francisco Farfán por presunta filtración de información, el mismo togado anunció que existe una investigación contra dos congresistas que, en el papel, tienen la misión de indagarlo.
La Secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia les notificó a los representantes Carlos Alberto Cuenca y José Alejandro Ocampo Giraldo, quienes hacen parte de la Comisión de Acusación, la existencia de una apertura de una investigación en su contra. Igualmente, les anuncia que ya inició la etapa de recolección de pruebas.
Las investigaciones contra los representantes se relacionan con una denuncia presentada contra todos los integrantes de la Comisión de Acusación por, supuestamente, no darle trámite a una denuncia contra el fiscal general de la nación. En el caso de Cuenca y Ocampo fueron mencionados para verificar lo denunciado.
En el oficio radicado el pasado martes, los magistrados Castillo y Quintero anexaron un oficio que contiene la declaración de un exmagistrado auxiliar que tuvo conocimiento del expediente contra el congresista del Partido de la U por compra de votos en el año 2018 y el cual fue archivado en febrero de 2022 y, en un hecho sin precedentes, desarchivado de forma exprés el pasado 17 de octubre tras la publicación de un reportaje periodístico que alertaba sobre varias irrgularidades.
“Buscamos que este caso sea investigado con mucha más celeridad que cualquier otro al involucrar hechos en la Corte Suprema de Justicia”, precisó el presidente del alto tribunal tras radicar la petición ante la Comisión de Acusación.
Esta no es la primera polémica que protagoniza el magistrado Farfán. La semana pasada declaró insubsistentes a dos subalternos que lo denunciaron por acoso laboral. Esta decisión se tomó, coincidencialmente, cuando se publicitó la queja contra el togado.
En la misiva que los cuatro abogados radicaron al magistrado César Reyes, presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Surpema, los miembros de la corporación aseguran que tras los hechos revelados por los medios de comunicación que cuestionan al magistrado Farfán, su jefe les pidió el pasado 19 de octubre a todos que le entregaran su carta de renuncia “sin que mediara razón o motivación al respecto”.
“Hemos sido objeto de un total y absoluto maltrato sicológico de parte del magistrado”, señalan los abogados.
Y agregan que este maltrato “atenta flagrantemente contra nuestra dignidad humana, honra y buen nombre, pero especialmente contra nuestra integridad mental”.
La petición de ellos es clara: “Solicitamos que se tomen las medidas para que cese el acoso del que hemos sido víctimas”, piden a la alta corporación y aseguran que está en juego su estabilidad mental.
La situación está en ese nivel pues el magistrado en diferentes declaraciones ha dado a entender que el escándalo podría tener que ver con miembros de su equipo. De hecho, en una compulsa de copias a la Fiscalía, se pide investigar a miembros de ese despacho.
Para los trabajadores, eso ha puesto un manto de duda sobre sus carreras que les ha generado un enorme impacto. Por otro lado, un grupo de trabajadores del despacho también remitió una carta a SEMANA en la cual aseguran que no existe dicho maltrato y que se trató de un pedido de renuncia protocolaria, usual en los cargos de libre nombramiento y remoción como los que ellos tienen.
Los hechos tienen que ver con un presunto favorecimiento a la familia Gnecco. Supuestamente, el magistrado habría sido quien dio la orden de interceptar legalmente sus teléfonos, en el marco de una investigación judicial por compra de votos, pero luego les avisó que tuvieran cuidado de lo que hablaban por allí.
“José, es que Francisco Farfán (...) mandó un mensaje que te dijera que el teléfono, al tuyo, están copiando todo”, dijo Cielo Gnecco en una de esas interceptaciones.
A la baronesa electa del Cesar le emitieron orden de captura la semana pasada por un caso en el que se la acusa de ordenar dos homicidios. Desde entonces no se sabe nada de ella. El fraude para las elecciones al Congreso de 2018 también salpica de forma directa a su sobrino, José Alfredo Gnecco, quien resultó reelecto con más de 61.000 votos.