La víctima que trabajaba en una mina de oro en Tadó, Chocó, fue secuestrada por supuestos disidentes de las Farc, quienes segundos después contactaron a su familia pidiendo una recompensa por una suma de cien millones de pesos; además, exigían que la madre de la mujer se desplazara hasta una casa en medio de la selva para que hiciera las labores del hogar a los secuestradores.

El Gaula de la Policía y el Ejército Nacional conocieron esta información e iniciaron las labores de rescate.

El operativo dio comienzo luego de seguir a la madre de la víctima por algunas horas hasta la vivienda ubicada en la vereda de Betania. Allí, la mujer ingresó, como era habitual a hacer sus labores, y cuando la fuerza pública se acercó al lugar fue atacada con algunos disparos.

En el enfrentamiento fue abatido uno de los secuestradores, quien se encontraba uniformado, tenía un arma de fuego calibre 9mm y un fusil traumático; las demás personas que estaban en la vivienda huyeron entre la selva.

Las dos mujeres, afortunadamente, quedaron en manos de las autoridades y fueron llevadas a un centro médico para verificar su estado de salud. Hace algunas horas fueron dadas de alta y se encuentran en sus hogares en compañía de sus familiares.

Cabe mencionar que en lo que va corrido del año se han registrado 195 homicidios, 6641 familias, es decir 27.701 personas confinadas y 2311 familias desplazadas por la violencia en el departamento del Chocó, según datos de la Cámara de Representantes.

Es tal la situación en el departamento que en 2021 la Defensoría del Pueblo emitió 31 alertas tempranas por acciones de diferentes grupos al margen de la ley.

Según la representante por Chocó, Astrid Sánchez Montes de Oca, la corrupción, el narcotráfico, los grupos al margen de la ley, la minería ilegal son los responsables de gran parte de la violencia, pero también el desempleo, la baja cobertura en educación, salud, servicios públicos y las escasas oportunidades de crecimiento para los jóvenes, los detonantes de la crisis.

Para Montes de Oca son urgentes las acciones concretas. “… no más consejos de seguridad, es el momento de actuar, se requieren estrategias efectivas, inversión social para dar oportunidad a los jóvenes y ofrecerles alternativas diferentes a las armas”, le dijo la congresistas al ministro de Defensa, Diego Molano, y a los altos mandos militares presentes en la audiencia.

Jóvenes, estudiantes, líderes sociales, autoridades locales y departamentales, en repetidas ocasiones, han hecho un llamado de atención al Gobierno nacional para que inviertan en el futuro de sus habitantes y advierten que de continuar la situación, Chocó sería un departamento inviable.

Además, en su visita al departamento, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que “la población chocoana está sufriendo una emergencia humanitaria a la que debemos darle prioridad desde el Estado, dado el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, que se disputan el control de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”.

Asimismo, por medio de un comunicado la Defensoría aseguró que para ellos los problemas sociales estructurales son claros luego del acuerdo con la antigua guerrilla de las Farc, debido a que en Chocó se ha desarrollado una intensa expansión, reacomodamiento y disputa por los grupos armados ilegales.