Aunque desde agosto empezaron los anuncios de aplicación efectiva del cobro de valorización en los departamentos de Atlántico y Bolívar, el cual aplicará a los habitantes del área de influencia de la vía al mar, a medida que se acerca la fecha para que arranque dicho recaudo, la resistencia a pagarlo se hace aún mayor, lo que motivó al Ministerio de Transporte a hacer un pronunciamiento en el que desvirtúa la manera en la que se está entendiendo la medida.
Ni con el anuncio que se hizo luego de un encuentro entre la ministra de Transporte, María Constanza García, y el gobierno local de las zonas afectadas, se han calmado los ánimos. En ese momento, la funcionaria confirmó que la plata que se recaude será para la inversión en proyectos viales 4G para Bolívar y Atlántico, los dos departamentos involucrados en la obra de infraestructura realizada.
Pronunciamiento para hacer pedagogía
En ese contexto, el Ministerio de Transporte salió este lunes 4 de noviembre a “hacer pedagogía”, según dijo.
Así las cosas, aclaró que la valorización es un instrumento de financiación creado desde 1921, a través de una ley de la República. Sin embargo, dicho mecanismo fue suspendido en 2003 y retomado en 2016. La novedad ahora proviene de un par de decretos, uno expedido en 2022 y otro en 2023.
De esa manera, según el MinTransporte, se trata de una medida que “no es ilegal”, como están entendiéndolo y divulgándolo quienes se oponen al cobro.
Adicionalmente, enfatizaron en que no se trata de un recaudo inequitativo, pues “cobra a quienes tienen capacidad de pago y se excluyen predios de los estratos 1, 2 y 3″, sostuvo el Ministerio. Tampoco es una medida antitécnica y el “cobro está basado en la selección del método de distribución establecido en la ley, además del estudio de capacidad de pago y la determinación del beneficio, y exentos o tratamientos preferenciales”.
Hay acciones jurídicas en curso
La polémica alrededor del cobro de valorización viene de tiempo atrás, pero se ha ido incrementando en los últimos días, pues ya se va a ver materializada. No en vano, el Ministerio salió a decir que no se trata de un piloto, como lo han mencionado algunas voces. Es ya el primer proyecto en el que se aplica la normatividad que regula expresamente este instrumento: la Ley 1819 de 2016, recordó la entidad que rige la política de transporte en el país.