Ante la inminencia de una nueva condena internacional, esta vez por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, el Estado colombiano le dio un giro a su estrategia de defensa. Reconocerá y admitirá, ante el pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad en la desaparición de al menos dos personas durante la retoma del palacio de Justicia hace 28 años. El cambio de estrategia se produjo siete meses después de que el Estado colombiano declaró en su respuesta a la demanda que los hechos ocurridos durante el holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, fueron responsabilidad exclusiva de la guerrilla del M-19 y que las 11 personas que aún están desparecidas murieron calcinadas en el incendio. “Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes en el Palacio de Justicia (...) Entonces, la presunta violación a sus derechos obedeció, única y exclusivamente, a la acción de un tercero”, dice la respuesta de la demanda contra el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa conclusión había sido presentada por el agente de Colombia en el caso, el abogado Rafael Nieto Loaiza. Él salió del equipo de abogados de la Nación tras la polémica desatada por su estrategia de defensa, que desconocía sentencias judiciales nacionales que probaban la desaparición de al menos dos personas en el Palacio de Justicia. Pero ahora, para la audiencia de alegatos y pruebas que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en Brasilia (Brasil), el Estado colombiano reconocerá que sí tuvo responsabilidad “en algunas de las desapariciones”. El nuevo agente de Colombia en este caso es el abogado penalista Julio Sampedro. Será la primera vez que Colombia reconocerá internacionalmente que durante la retoma del Palacio de Justicia sí hubo desaparecidos y le dirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se han tomado decisiones internas que pretenden resarcir y reparar a las víctimas. Adriana Guillén, directora de la Agencia de defensa Jurídica de la Nación, reveló este jueves el “cambio de lenguaje” con el que el Estado irá a la audiencia definitiva de este caso, una demanda internacional que apunta a ser una nueva condena contra la Nación. Las pretensiones de las víctimas de los 11 desaparecidos es que el Estado los indemnice por una cifra cercana a 24 millones de dólares. “Hemos estado revisando uno a uno los casos en que se encuentran las presuntas víctimas y torturados del palacio de Justicia, y en relación con ellos, el Estado colombiano reconocerá su responsabilidad según las pruebas que obran dentro del expediente”, le explicó Guillén a Semana.com En la demanda contra Colombia, se denuncia la desaparición de 11 personas, en su mayoría empleados de la cafetería del palacio de Justicia: casos de Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador), Cristina del Pilar Guarín Cortés (cajera temporal), David Suspes Celis (jefe de cocina), Bernardo Beltrán Hernandez (empleado de la cafetería), Hector Jaime Beltrán (mesero), Lucy Amparo Oviedo de Arias (estudiante de Derecho), Ana Rosa Castiblanco (empleada de la cafetería del Palacio), Gloria Estela Lizarazo Figueroa (empleada de la cafetería del Palacio), Luz Mary Portela León (auxiliar de cocina), Norma Constanza Esguerra (proveedora de pasteles de la cafetería) y Gloria Anzola De Lanao (abogada). Pero lo que el Estado colombiano admitirá será la responsabilidad por la desaparición de las personas sobre las que se ha probado que salieron vivas del Palacio de Justicia, caso de Carlos Rodríguez y Cristina Guarín, tal como obra en la condena de segunda instancia contra el coronel Alfonso Plazas Vega. Según Adriana Guillén, otra de las estrategias de Colombia será mostrar a la Corte el su avance en la política de atención a quienes han padecido el conflicto. La 'joya de la corona' de la defensa será la Ley de Víctimas, que precisamente reconoce a las víctimas desde 1985 para que los familiares de las personas desparecidas puedan acceder a los mecanismos de reparación contemplados por el gobierno colombiano. Además, la Nación informará que de las 11 familias de las personas desparecidas, nueve ya han sido indemnizadas por decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, estos argumentos no significan que Colombia vaya eludir una condena, pues según Adriana Guillén la sentencia en contra es inminente. “La única manera de que no se produzca la condena es que los desparecidos aparezcan, El Estado debe estar preparado parta una condena pero nuestra misión es atenuar los impactos negativos esa eventual condena”.